Habitantes de la Ciudad de México sufren otra consecuencia derivada del desarrollo inmobiliario: el despojo de sus propiedades en colonias céntricas a través de la intimidación judicial.
Vecinos de colonias como el Centro Histórico, la Roma y la Condesa han sufrido el despojo o el desalojo de sus viviendas para hacer conceptos comerciales como el coworking y la renta de vivienda con el modelo Airbnb.
Según sus testimonios, las empresas tienen diversos modus operandi. Entre el más recurrente está la compra legal de inmuebles de departamentos y el desalojo de sus inquilinos. Aunque en otras ocasiones suelen despojarlos de los predios con juicios irregulares.
De acuerdo con datos de la Coalición Internacional para el Hábitat y la Plataforma Vecinal 06000 Observatorio Ciudadano, en promedio hay tres mil desalojos al año en la capital realizados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
A través de la solicitud de información con número de folio 0109000065419 presentada en el sistema InfomexDF a la SSC, ambas organizaciones descubrieron que en los últimos cinco años los desalojos van en aumento.
En 2015 participaron los elementos de la SSC en tres mil 33 desalojos, en 2016, tres mil 200; 2017, tres mil 141; y 2018, 3 mil 729. En lo que va del 2019, la dependencia ya estuvo presente en 409.
Darío Martínez, vecino de la colonia Juárez y miembro de la Plataforma 06000, afirma que los desarrolladores inmobiliarios buscan apropiarse de construcciones antiguas con la intención de vender un concepto de barrio a los visitantes y nuevos inquilinos con más capacidad económica.
La colonia Juárez está sufriendo un fenómeno que es la revalorización del espacio, que viene desde el centro, la Roma y la Condesa, donde los inmobiliarios se han apoderado regular e irregularmente de edificios para sacar a sus habitantes
Calcula que en los últimos seis años, mil 400 personas, de un total aproximado de 14 mil, han sido expulsadas de la colonia Juárez por parte de los desarrolladores.
Esto por medio de demandas y juicios en los que empresarios logran hacerse de las propiedades, aunque también al convencer a los habitantes de aceptar una indemnización o vender su propiedad a un monto menor al real.
En muchos de estos casos, las inmobiliarias aprovechan que los habitantes no tienen documentos que acrediten la propiedad del inmueble, con lo cual es más fácil para los desarrolladores despojar las propiedades.
Silvia Pineda habitaba un departamento en el predio de Querétaro 122, colonia Roma Norte, que en julio de 2017 desalojaron por supuestos delitos ambientales contenidos en la carpeta de investigación, FEDAPUR/UI-3C/ D00834/07/2017.
Posteriormente, un juez declaró como vacío al inmueble y dio la posesión a la inmobiliaria Uniko.
“El proceso fue con todas las violaciones a las garantías individuales, no fue un proceso legítimo”, acusa Pineda.
En consecuencia, cuatro habitantes, de un total de siete, tramitaron un amparo que se resolvió a su favor.
Sin embargo, Uniko dejó el edificio desmantelado y en proceso de remodelación, por lo que demandaron la reparación del daño.
“No podemos regresar a nuestras casas porque les quitaron las ventanas y las puertas, en este momento estamos buscando que nos reparen el daño, pero al parecer la inmobiliaria ya desapareció”, menciona Silvia.
El edificio Trevi, caso emblemático de despojo
Desde hace un año, el edificio Trevi, en la Alameda Central, está en una situación en la que los arrendatarios de sus departamentos podrían perder sus viviendas a manos de una inmobiliaria.
El coworking Público compró en marzo de 2018 el edificio y desde entonces existe una serie de irregularidades en los procesos judiciales que favorecen a la inmobiliaria.
Por ejemplo, no han aceptado los amparos de los arrendatarios y un juez aprobó el desalojo de un bodega del Café Trevi que previamente había rechazado.
Además, el juzgador acusó que las firmas de los vecinos en la demanda colectiva que interpusieron eran falsas.
En respuesta al recurso legal en colectivo, Público ha interpuesto demandas individuales contra todos los que se oponen al desalojo.
Falla intento para detener desalojos
Silvia Emanueli, de la Coalición Internacional para el Hábitat, dijo que la Ley de Derechos Humanos propuesta por el diputado local, Temístocles Villanueva, era un mecanismo para evitar los desalojos forzados que violentan el derecho a la vivienda.
Durante la conferencia de prensa para defender al edificio Trevi, que se llevó a cabo el 15 de julio, informó que ésta se modificó ante los cuestionamientos y críticas de que la redacción de la ley permitía que los arrendatarios o posesionarios pudieran despojar a los dueños legales de sus propiedades.
Silvia Pineda, quien también es activista contra el despojo inmobiliario, refirió que la Ley de Derechos Humanos de la capital iba en concordancia con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Organización de las Naciones Unidas.
“Son acuerdos a los que México está suscrito y no respeta”, dijo Pineda.
Reporte Índigo buscó a la Consejería Jurídica de la Ciudad de México para saber qué acciones estaba tomando al respecto.
El órgano informó que en junio pasado se instaló una mesa para atender la situación en la que participan la Procuraduría General de Justicia (PGJ), el Colegio de Notarios y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La mesa tiene la intención de intercambiar información y colaborar con medidas sensibles con la ciudadanía para evitar la incidencia de delitos patrimoniales en la capital.
Las dependencias se han reunido en dos ocasiones con el propósito de fortalecer medidas de seguridad, mecanismos de validación de la documentación y sentencias que brinden seguridad a la ciudadanía.
