Hace seis años, 61 integrantes de la familia Ponce Ríos se vieron obligados a escapar de su hogar en Chihuahua y desde entonces no han podido regresar ante la falta de condiciones para hacerlo.
Magdalena Ponce Ríos dice que tuvieron que huir por amenazas, hostigamiento, robos, asaltos, secuestros y el asesinato de cuatro trabajadores de la familia.
Su caso se documenta en el libro “Entre la invisibilidad y el abandono: un acercamiento cualitativo al desplazamiento interno forzado en México”, presentado hoy por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
El libro es un análisis cualitativo que narra la situación de 104 víctimas en cinco casos que busca dar a conocer la compleja realidad de miles de familias internamente desplazadas en el país y los impactos y las pérdidas materiales y de patrimonio familiar derivadas de esta situación, así como las afectaciones a la salud psicoemocional.
Aunque no es una situación nueva, a la fecha el Gobierno federal no ha reconocido el desplazamiento interno forzado, lo que impide conocer cuántas personas están afectadas, la implementación de políticas públicas para atender este fenómeno y la entrega de recursos a las víctimas.
Por lo que Estado mexicano debe de reconocer la problemática del desplazamiento interno forzado porque éste está invisibilizado ante la falta de reconocimiento oficial, dijo Jesús Peña, representante adjunto en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en la presentación.
Peña también hizo un llamado al Congreso a crear un marco legal general que atienda este fenómeno y un diagnóstico que dé claridad sobre el número de personas que se encuentran en esta situación.
El representante mencionó que en México solo los estados de Chiapas y Guerrero cuentan con leyes locales del desplazamiento interno forzado, pero con muchos pendientes, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un anteproyecto de ley en el Congreso sobre el tema.
