A los ojos de las autoridades son invisibles aunque se pueden contar por millones.
México tiene una crisis humanitaria desde hace años que podría compararse como la que se vive en otros países también azotados por la violencia como Siria, pero nunca ha sido aceptada por el Estado mexicano.
La gravedad de este fenómeno ha llevado a organizaciones de la sociedad civil y a organismos internacionales como la ONU a pedir al Gobierno federal que lo admita de manera oficial para que sea atendido con políticas públicas, un diagnóstico preciso y recursos para las víctimas.
Se trata de cientos de miles de personas que han tenido que huir de sus hogares a otros municipios o estados del país sin ninguna pertenencia, incluso dejando a seres queridos atrás, con el único fin de salvar su vida ante situaciones como inseguridad, violencia, amenazas, secuestros o muerte.
A estas personas se les conoce como víctimas de desplazamiento interno forzado. De acuerdo con un análisis de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), más de 8 millones cambiaron de lugar de residencia como medida para protegerse de la delincuencia entre el 2011 y el 2017.
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“Esta cifra es altísima y ya nos habla, nos afirma, de la existencia de personas que claramente han tenido que desplazarse al interior del país a causa de la inseguridad pública”, dijo Brenda Pérez, coordinadora del área de desplazamiento interno de la CMDPDH.
El análisis para conocer las estadísticas se realizó de tres encuestas oficiales del Inegi ante la falta de un diagnóstico oficial: la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica.
“Nos arrojan cifras bastante alarmante todas ellas, son altas en términos de personas que han tenido que cambiar de lugar de residencia para protegerse, ya sea de la delincuencia, de la violencia o de la inseguridad que existe o prevalece en sus estados”, mencionó Pérez.
Los resultados están contenidos en el libro “Entre la invisibilidad y el abandono: un acercamiento cuantitativo al Desplazamiento Interno Forzado en México”, presentado el pasado 15 de febrero en el Senado de la República.
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La coordinadora dejó claro que estas encuestas no buscan medir exactamente el fenómeno del desplazamiento interno forzado al no estar diseñadas para ello, pero arrojan información de cómo puede estar en el país y por qué es urgente que el Gobierno mexicano lo haga.
“Inegi y Conapo tienen que diseñar un instrumento comprensivo que sí dimensione el desplazamiento interno forzado, que pregunte las causas que efectivamente han generado el desplazamiento, que identifique cuáles son los estados expulsores, cuáles son los estados receptores, los actores que están propiciando este desplazamiento, cuántas veces la gente se desplaza, una vez, dos veces, a dónde llega, si retorna, dónde retorna, si lo hace de manera segura”, explicó.
Además, Pérez agregó que también es importante que se consideren los contextos históricos ligados al desplazamiento como la violencia política, la social, la territorial, la intolerancia religiosa, los desarrollos a gran escala y los desastres naturales.
Deuda histórica
La falta de un reconocimiento oficial por parte del Gobierno mexicano al problema del desplazamiento interno forzado invisibiliza este fenómeno, dijo ayer Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en la presentación del libro estudio sobre desplazamiento.
“Esta es una de las características, la invisibilidad y la falta de reconocimiento que hubo durante los últimos años a este problema del desplazamiento, por eso la importancia de esta publicación, porque más allá de las cifras nos acerca a personas víctimas que han brindado su testimonio”, dijo Peña Palacios.
El libro es el segundo que la CMDPDH presenta este mes sobre el tema. Narra de manera cualitativa la situación de 104 víctimas en cinco casos para dar a conocer la compleja realidad de miles de familias internamente desplazadas en el país, los impactos y las pérdidas materiales y de patrimonio familiar, derivadas de esta situación, así como las afectaciones a la salud psicoemocional. Mientras que el primer ejemplar es un análisis cuantitativo.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un anteproyecto de ley en el Senado sobre el tema y el alto comisionado de la ONU en derechos humanos hizo un llamado al Congreso a crear un marco legal que atienda este fenómeno y un diagnóstico que dé claridad sobre el número de personas que se encuentran en esta situación
En México solo los estados de Chiapas y Guerrero cuentan con leyes locales sobre el desplazamiento interno forzado, pero con muchos pendientes tanto para prevenir como para atenderlo, agregó Peña Palacios.
Seis años en el olvido
Hace seis años, 61 integrantes de la familia Ponce Ríos se vieron obligados a escapar de su hogar en Chihuahua y desde entonces no han podido regresar ante la falta de condiciones para hacerlo y el abandono del Estado mexicano.
Magdalena Ponce Ríos, representante de la familia, contó que tuvieron que huir por amenazas, hostigamiento, robos, asaltos a mano armada, dos secuestros, saqueos, quema de sus propiedades y el homicidio de 4 trabajadores de su familia, 2 sobrinos y uno de sus hermanos.
“Hemos sufrido una constante revictimización del Estado mexicano, nos ha criminalizado y negado el reconocimiento como víctimas de violación a los derechos humanos por el desplazamiento”, narró
Su testimonio refleja una situación que viven millones de desplazados en el país y se documenta en el libro “Entre la invisibilidad y el abandono: un acercamiento cualitativo al desplazamiento interno forzado en México”, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.