"Fue un albazo, hubo modificaciones (en el acuerdo) somos corresponsables todos, todos tenemos responsabilidad"
La Legislatura camina a marchas forzadas. Los temas administrativos premian sobre los legislativos. La agenda del Congreso se sigue entorpeciendo por problemas que hasta hoy nadie ha sabido resolver.
El último escándalo del Legislativo se centró en la nómina. Desde hace un mes se anunció que la 59 Legislatura dejó 219 basificaciones “ilegales”.
Pero aunque todavía no se realiza una investigación completa que avale este supuesto de la ilegalidad, los diputados ya pagaron a los señalados, no sin antes someterlos a una demanda laboral ante el Tribunal de Escalafón y Arbitraje.
Pero existen pruebas de que al menos una docena de esos empleados sí tenían derecho a su base.
Fiel a su condición de partido comodín, el PRD avaló en la Comisión de Administración que no se les pagara a los trabajadores, luego, presionados por el sindicato y los partidos mayoritarios, dio luz verde al pago.
Sin nada que perder, el PRD también asumió el compromiso de demandar a los trabajadores en juicios laborales.
El Partido Acción Nacional en la Comisión de Administración fue el que ordenó que no se pagara, luego también avaló el pago. Y hasta entorpeció el desarrollo de una de las sesiones del Congreso.
Algunos explican que con ello se evitan el problema de revivir las prácticas –de basificaciones masivas- que inició Jorge Salinas como coordinador del PAN en la 58 Legislatura, a quien se le atribuyen más de 200 nombramientos al término de su administración.
De lado del PRI la fracción se ha mantenido al margen esperando a que la negociación se agote. Y con ello replantear las condiciones de esos trabajadores que la pasada Legislatura -de mayoría priista- dejó.
Por su parte el partido Movimiento Ciudadano asegura que fue “novateado” por las demás fracciones, pues se había acordado que no se pagaría a los trabajadores cuyas basificacionees -afirman -son ilegales.
De lado de los trabajadores las acusaciones en contra de ese partido hacen creer que las declaraciones del líder de la fracción, Clemente Castañeda, tienen más un tinte político.
Limpiar el Congreso se ha convertido en una de las banderas favoritas de todos los partidos: todos buscan capitalizar lo que de esa cruzada se obtenga.
A dichos problemas se deben sumar los más de 300 juicios laborales que arrastra la actual Legislatura que dejarán daños a las finanzas públicas del Congreso de millones de pesos.
Problema que pudo haber sido contenido por la pasada administración, pero nadie se quiso responsabilizar.
Contra el trabajador
Entre los basificados se encuentra gente con más de seis años de trabajo legislativo. Se autodenominan “El Bloque 218“ y exigen que su condición laboral sea respetada.
Son alrededor de 12 secretarios técnicos de comisión a los que se les atribuye una basificación ilegal por parte de la 59 Legislatura.
Ellos se defienden y dicen que hay garantía para comprobar que tienen más de dos legislaturas laborando en el Congreso.
“Es injusto el trato que se le da a los trabajadores, nosotros pagamos los excesos de los diputados”, refiere uno de los trabajadores entrevistados, que prefirió no dar su nombre por miedo a represalias.
La Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco señala que tienen derecho a basificación los trabajadores que llevan colaborando más de 3.5 años en un puesto público.
No obstante, la basificación no es en automático, pero en ese lapso el trabajador adquiere derechos.
Los empleados refieren que las 219 basificaciones se dieron a lo largo de toda la Legislatura pasada y por acuerdo del pleno, por lo que no hay argumentos para negarles su derecho a recibir su cheque.
En todo caso -refieren los consultados- el Congreso debió tramitar un juicio de lescvidad en contra de las actas de sesión del pleno de la 59 Legislatura en la que se aprobaron las plazas.
Más de 90 plazas se dieron en abril de 2011, por tanto ya prescribió el derecho del Congreso para apelar en contra de ellas.
Por lo que los diputados decidieron actuar en contra de los trabajadores, a los que exhibieron diciendo que eran nombramientos ilegales sin que en ningún momento se les haya citado a declarar o a revisar su situación jurídica.
Al respecto la diputada por Movimiento Ciudadano, Fabiola Loya, asegura que de los 218 basificados solo habían registro de 187 trabajadores.
Los demás no estaban en el expediente que dejó la pasada Legislatura.
Loya asegura que no se hizo la investigación completa debido a que las demás fracciones dinamitaron el acuerdo de Administración de cancelar el pago en tanto no se resolviera el problema de fondo.
Para la diputada es una contradicción que por un lado el Congreso consintiera al pago de los trabajadores y por otro se les iniciara un juicio laboral.
“Fue un albazo, hubo modificaciones (en el acuerdo) somos corresponsables todos, todos tenemos responsabilidad; se monta un serie de situaciones y declaraciones de que Movimiento Ciudadano no quiere pagar. MC no está en contra de un trabajador”.
Hasta hoy el problema de la nómina sigue vigente, la Comisión de Administración determinará si la próxima quincena se le pagará a los 187 basificados, aunque se tiene la idea de esperar a que el Tribunal emita un criterio sobre la situación judicial de ese personal; ni siquiera se han admitido las demandas.
Costoso rezago
Sumado a la actual crisis del Congreso local existen más 300 juicios laborales de personal del Congreso que demandó la falta de pago de algunas de sus prestaciones.
Entre ellos están otros 15 secretarios técnicos de la 57 y 58 Legislatura, según informó el abogado laborista Alejandro Gutiérrez, quien relata que tiene ganados dos juicios laborales cuyos montos de reposición van de 600 a 900 mil pesos.
En total un millón y medio de pesos que el Congreso del Estado tendrá que pagar por salarios caídos, aguinaldo, vacaciones y demás prestaciones que por más de tres años no recibieron dos secretarios técnicos, de los que se negó a dar nombre a fin de no entorpecer el proceso.
El defensor destaca que en la pasada Legislatura se intentó nuevos acercamientos con el Secretario de Administración a fin de llegar a un acuerdo favorable para ambas partes y les fue negada la audiencia.
Por lo que ahora el Congreso no tiene opción y deberá realizar el pago.
De los otros 13 casos que atiende el abogado, nueve están en amparo y el Tribunal Colegiado debe determinar si el trabajador tiene derecho al pago.
Otros tres casos son de la 59 Legislatura, en donde al término de la administración se les negó el pago de sueldos. Se acusa al Secretario General de bloquear el pago.
Ante las intensas confrontaciones que se viven hoy en el Congreso del Estado entre diputados y trabajadores, el abogado considera que el problema ha sido mal atendido.
“Es un problema que va creciendo día y día y en el caso del Congreso han dejado crecer este problema, hubo propuestas muy concretas y favorables del gobierno del estado y no fueron captadas”, apunta el entrevistado.
Con la nueva Legislatura no han tenido ningún acercamiento. El personal jurídico del congreso ha sugerido esperar hasta finales de enero en lo que se restauran las finanzas del Legislativo.
