Entre los efectos económicos y sociales que dejará la pandemia del Covid-19 en México será que la brecha de desigualdad y el número de personas en situación de pobreza aumente.
Cifras de la organización Oxfam estiman que alrededor de tres millones de empresas se verán afectadas en el corto plazo, además de que las plazas laborales de 28 millones de personas que trabajan en sectores catalogados como actividades no esenciales podrían estar en riesgo por la suspensión de actividades para evitar la propagación del virus.
La discusión sobre la desigualdad está abierta desde hace décadas, sin embargo las soluciones para contener esta problemática no llegan. La crisis por el Covid-19 dejó al descubierto las diferencias de ingresos y riqueza entre las distintas poblaciones así como las fallas del Estado mexicano para garantizar el derecho a la salud, a la educación, entre otros.
La dirigencia nacional de Morena hizo un llamado a todas las fuerzas políticas con el propósito de iniciar un diálogo para un acuerdo nacional enfocado a mitigar los efectos de la desigualdad.
A través de un comunicado, Alfonso Ramírez Cuéllar, líder del partido guinda, enlistó cinco propuestas de cambios constitucionales como reformular la distribución de los recursos públicos, modificaciones al sistema fiscal para la recaudación progresiva de impuestos, además de darle la facultad al Inegi para que mida la concentración de riqueza en los hogares mexicanos y no solo sus ingresos como lo hace hasta ahora.
A pesar de que algunas de sus sugerencias generaron polémica entre la ciudadanía y los grupos opositores a Morena, por considerar que estas vulnerarían la privacidad de los mexicanos y que tienen tintes autoritarios o de control, también abren la puerta a que se retome el debate para definir una ruta en aras de disminuir las brechas de ingresos entre la población.
“Creo que el punto de inicio y el resultado de todo este acuerdo deben ser estos cinco cambios constitucionales y otros que se están proponiendo, debemos convenir que en la Constitución quede claro y explicito el Estado del Bienestar con todos los sistemas de protección que tiene cualquier país, me refiero a los sistemas de salud, educativos, ingresos básicos universales, de desempleo; no podemos terminar la crisis con un Estado desmantelado”, comenta en entrevista Ramírez Cuéllar.
Para Carlos Brown, especialista en materia fiscal, la propuesta del dirigente nacional de Morena pone sobre la mesa un tema que se debate en todo el mundo en el contexto de la pandemia, explica que en México la forma en la que se mide la diferencia de la riqueza es inexacta.
“Nuestras medidas se basan en el ingreso y gasto de los hogares, el problema es que subestiman a la parte más alta de la población, las personas más ricas (…) pero estamos subestimando el problema de la desigualdad de ingresos, lo que hace este comunicado es que habla sobre la desigualdad de la riqueza y de esa no conocemos prácticamente nada en México”, puntualiza.
El especialista agrega que en medio de esta crisis sanitaria se deben redoblar esfuerzos para implementar la recaudación progresiva de impuestos –que se refiere a que las personas con más recursos paguen más que los que tienen menos– y eficientar el sistema fiscal para que la administración pueda distribuir mejor el dinero y crear mejores políticas públicas.
Por su parte, Ramírez Cuéllar afirma que las críticas hacia sus propuestas provienen de los grupos que detentan mayor riqueza y que no están de acuerdo con que se les fiscalice.
Quizá hacen falta más precisiones, pero quien está desatando esta campaña (en contra) son las grandes fortunas, este uno por ciento que tiene este grupo que posee las principales concesiones del Estado y tiene fortunas que superan los 500 mil millones de dólares
El rechazo de la oposición a la propuesta contra desigualdad
Legisladores de partidos opositores rechazan la propuesta de Alfonso Ramírez Cuéllar, de que el Inegi sea el órgano encargado de medir la concentración de la riqueza y que sin ningún impedimento legal pueda revisar el patrimonio financiero e inmobiliario de las personas.
Advierten que por ningún motivo avalarán reformas para permitir al Estado invadir el ámbito privado de las personas.
El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla, expresa que su bancada no está de acuerdo en ese tipo de atribuciones que trastocarían el orden jurídico nacional.
Si el fondo de la propuesta es un México más equitativo, eso lo podríamos discutir, pero no bajo esas premisas ni esa mecánica, porque no forma parte de lo legal (…) estamos de acuerdo en debatir reglas de mayor equidad económica, pero no estamos de acuerdo en que se trastoque el orden constitucional y se le permita al Estado invadir el ámbito privado de las personas
Verónica Juárez Piña, coordinadora de los diputados del PRD, enfatiza que la propuesta de Ramírez Cuéllar violaría los derechos humanos y es contraria a los principios Constitucionales y a los tratados internacionales.
“Plantear una propuesta de esta naturaleza no solamente esconde la intención de construir un Estado policial y persecutor en contra del ciudadano sino que, además, desvirtúa la naturaleza jurídica del propio Inegi establecida en el artículo 26 apartado B de la Constitución, cuya finalidad es dotar de la información estadística y geográfica a todas las instituciones del Estado, para el diseño de políticas públicas”, sostiene.
Por su parte, la diputada de Morena, Lorena Villavicencio se pronuncia a favor de la propuesta de su líder nacional, aunque considera que deben precisarse aspectos para que no se interprete que se busca invadir una competencia que no tiene el Inegi.
“Me parece importante la propuesta que impulsa el presidente de Morena para alcanzar un Estado de Bienestar, que cruza necesariamente por una reforma fiscal que atienda el principio de proporcionalidad. Esto es, que pague más quien gane más. Que el Inegi pueda medir la concentración de la riqueza y medir la desigualdad”, expone.
Los puntos clave
Estas son las propuestas de Morena para abrir el debate de la desigualdad
- Plasmar en la Constitutción el Estado del Bienestar.
- Dar al Inegi facultades para medir la concentración de la riqueza: revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas.
- Implementar progresividad fiscal. Que todos los mexicanos contribuyan de manera proporcional a los ingresos que tienen.
- Constituir un Consejo Fiscal que evalúe los ingresos y gastos del Estado mexicano.
- Darle más fortaleza y facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para observar la concentración de poder de las empresas.
