Para determinar si la información en torno a las vacunas de COVID-19 debe ser pública o efectivamente representa un riesgo para el país y la estrategia de combate a la pandemia, Reporte Índigo entrevistó al director Ejecutivo de Transparencia Mexicana.
Al respecto, Eduardo Bohórquez, asegura que las autorizaciones emitidas por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como la adquisición de vacunas deben ser abiertas y transparentes para generar confianza social.
“Muchas de las dudas y controversias alrededor del tema se han dado por no tener información completa y oportuna sobre la forma en que autorizan las vacunas o la forma como se contratan, además, muchos de los documentos clasificados como reservados, carecen de la prueba de daño, por lo que no es claro de qué afectación social estamos hablando si se difunde la información de vacunas y tratamientos
“En mi opinión, el beneficio social de transparentar lo relacionado con las vacunas es mayor al posible daño”, dice Bohórquez.
Además, asegura que en caso de que se determine clasificar la información como reservada, debe hacerse de forma limitada.
“Si la autorización de Cofepris o los contratos de vacunas o tratamientos se clasifican como reservados, ya sea por materia de seguridad nacional o por tratarse de negociaciones internacionales, debe hacerse de forma limitada y explicitar cuál sería la afectación social en caso de que se divulgara la información”, explica.
En cuanto al involucramiento de la Consejería Jurídica de la Presidencia para evitar que se conozca la información sobre las vacunas y los permisos que la Cofepris ha otorgado a éstas para su aplicación en el país, el director Ejecutivo de Transparencia Mexicana asegura que siempre ha sido polémica la manera en la que opera esta dependencia federal.
“Algo controversial en la forma en la que el gobierno de México ha manejado el tema de vacunas es su doble estándar. En algunos casos, abre cierta información, en otros, utiliza a la Consejería Jurídica de la Presidencia para ocultarla. ¿Por qué abrir información de unas y no de otras? ¿Por qué tener diferentes niveles de transparencia de acuerdo con el tipo de vacuna? ¿Por qué no abrir todos los contratos? La respuesta a estas preguntas genera, nuevamente, desconfianza social en la forma en la que el gobierno está manejando el tema”, advierte ante la insistencia de las autoridades por mantenerse en la opacidad.
