El Consejo de la Judicatura Federal rechazó incluir en su investigación contra el juez suspendido, Luis Armando Jerezano Treviño, la evidencia recabada por la Agencia Antidrogas estadounidense.
Ésta, la DEA, lo implica en sobornos y lavado de dinero.
El secretario Ejecutivo de Disciplina del órgano colegiado, Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti, resolvió desechar las pruebas porque fueron presentadas, según él, fuera del plazo en que se integró la indagatoria y se suspendió al juez del cargo.
El funcionario informó en un oficio dirigido a Alberto Romero Castañeda, representante legal de los socios del casino La Fortuna, que había recibido documentación que acreditaba los pagos ilegales a Jerezano Treviño.
Entre la evidencia presentada por este abogado estaban los reportes de la investigación de la DEA y las fichas de depósitos que sumaron casi 1 millón de dólares a favor del juez, realizadas por el litigante Enrique Adolfo Gutiérrez Falcón, ligado con el Cártel del Golfo.
Como Reporte Indigo publicó, las transacciones se realizaron cuando Jerezano Treviño se desempeñaba como titular del Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila.
Durante ese periodo, el juez Jerezano favoreció al extinto narcotraficante Juan Chapa Garza, con un amparo que le permitió recuperar varias empresas y propiedades incautadas por el Gobierno Federal, cuando fue extraditado en 1994.
En el escrito, fechado el pasado 10 de febrero, la Judicatura Federal reconoció que si bien los hechos denunciados ocurrieron durante la titularidad de Jerezano Treviño, se presentaron fuera de los tiempos en que se integró la indagatoria interna.
“Los depósitos a que se hizo mención y demás imputaciones acontecieron con posterioridad a la investigación y suspensión del cargo decretadas por este Consejo”, resolvió el secretario Ejecutivo de Disciplina.
La evidencia recabada por la DEA se propuso para ser procesada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del organismo.
El funcionario informó que el expediente de investigación número 7/2011, abierto por la Judicatura Federal tras suspender a Jerezano Treviño, se agotó el 25 de junio de 2013, al haber recabado todos los medios de prueba que se estimaron conducentes.
“Se determinó que los hechos a que se refiere la documentación antes aludida no podrían formar parte del presente sumario, pues se erigirían como pruebas recabas fuera del plazo legal para ello”.
La indagatoria revisó la situación financiera y patrimonial, así como la actuación de Jerezano Treviño como juzgador, y se sumó a la que abrió la DEA por lavado de dinero, tras detectar operaciones millonarias en una cuenta bancaria que tenía en Texas.
El órgano suspendió al juez por irregularidades en amparos, como el que otorgó en 2008 a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, S.A.. de C.V., la operadora inicial del casino Roayle, donde murieron 52 personas en un ataque del crimen organizado.
Después del atentado, la Judicatura Federal anunció el 20 de septiembre de 2011 la suspensión del funcionario con el goce del 40 por ciento de su sueldo, un beneficio que recientemente le fue interrumpido.
En entrevista, el magistrado Juan Carlos Cruz Razo había asegurado que la investigación de la DEA era paralela e independiente al proceso que llevaba el organismo judicial.
Sin embargo, el consejero aclaró que el órgano no descartaba atraer los resultados de la agencia antinarcóticos a su procedimiento interno.
Los propietarios del casino La Fortuna también han señalado al juez suspendido de ser el autor intelectual del despojo del centro de apuestas.
Por este caso, la Procuraduría General de la República inició otra investigación por secuestro y lavado de dinero en el negocio, que fue detectado después de ser arrebatado por una agrupación comandada por Jerezano Treviño.
