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Organizaciones criticaron los planes por supuestamente favorecer la construcción de desarrollos inmobiliarios y no se hicieron en conjunto con la ciudadanía. Foto: Especial

Desarrollo urbano y ordenamiento territorial en la CDMX, entre acusaciones de simulación y descontento social

Habitantes de la Ciudad de México acusan que la creación de las principales herramientas de desarrollo y orden territorial han sido solo en apariencia, pues las autoridades no han mostrado interés en impulsar la sustentabilidad de la capital

Vecinos de la Ciudad de México (CDMX) acusan que los procesos legislativos y administrativos para la creación de los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial para los próximos 20 años han sido una simulación.

Esto, en el contexto de que, en días recientes, el Congreso local ha realizado foros de Parlamento Abierto para la consulta del Plan General de Desarrollo Urbano (PGDU) y el Programa de Ordenamiento Territorial (POT) de la capital del país.

Sin embargo, habitantes de diversas colonias han acusado que dichos eventos solo son en apariencia pues no hay legisladores presentes y los ejercicios de participación ciudadana no son vinculantes, ya que las opiniones recabadas no se integrarán obligatoriamente en dichos planes.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, tanto el PGDU como el POT son instrumentos que sirven para orientar el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de la CDMX; además, determinan la política, la estrategia y las acciones del desarrollo urbano, así como las bases para expedir los programas de los subsecuentes ámbitos de aplicación.

En consecuencia, ambos documentos son las bases para el crecimiento de la capital durante las próximas dos décadas.

Proceso largo y con problemas

La Constitución de la Ciudad de México señala que tanto el PGDU y el POT debían ser elaborados por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva en el año 2019.

Sin embargo, hasta 2020 se creó el instituto de manera formal y se nombró a Pablo Benlliure Bilbao como su director, con prácticamente un año de retraso en el inicio de operaciones.

Después, en julio de 2022, el organismo y el Gobierno capitalino realizaron y pusieron a consulta ciudadana, a través de plataformas digitales, ambos documentos para recibir comentarios de la ciudadanía.

No obstante, organizaciones como el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac criticaron los planes por supuestamente favorecer la construcción de desarrollos inmobiliarios y no se hicieron en conjunto con la ciudadanía, solo se les pidió su opinión.

Pese a esto, en junio de 2023, las autoridades de la CDMX enviaron el proyecto de ambos documentos al Congreso capitalino para su aprobación.

Hasta septiembre de 2023, prácticamente a un año de que concluya la actual administración, el Legislativo local comenzó con la realización de foros de Parlamento Abierto con motivo de la discusión de los proyectos del Programa General de Desarrollo Urbano y del Plan de Ordenamiento Territorial.

Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, es el legislador que encabeza los foros y también la dictaminación de ambos planes para su discusión y votación en el pleno.

De acuerdo con un comunicado del Congreso local, al aprobarse la realización de los foros, el diputado Royfid Torres González, de Movimiento Ciudadano, expresó su inconformidad sobre este acuerdo parlamentario porque no se incluyó su propuesta para la realización de 16 foros, uno por cada alcaldía; además de que no se abrió una consulta específica para escuchar a las personas integrantes de los pueblos y barrios originarios ni a especialistas y universitarios.

Impiden la realización de foros

El viernes 10 de noviembre, el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac impidió la realización de uno de los foros organizados por el Congreso, como protesta porque consideran que son una simulación.

La organización, a través de un comunicado, acusó que las autoridades avisan con un día de anticipación los cambios de sede o de horarios, no convocan ampliamente a la ciudadanía y pasan por alto el derecho de consulta.

También denunciaron que las opiniones de estos foros no son vinculantes y no están presentes los diputados y diputadas de las comisiones correspondientes.

En entrevista, Gil Reyes, miembro del organismo, menciona que todo el proceso ha estado viciado y ha sido parte de una farsa.

“En los términos que dice la Constitución, se debió poner primero el plan a consideración en una consulta, incluidos pueblos y barrios originarios, con estándares internacionales. Sin embargo, el Gobierno puso a consideración los documentos cuando ya estaban prácticamente acabados, eran documentos sumamente densos, sumamente complejos que debieron someterse a opinión en ejercicios previos”, señala.

Reyes explica que la organización trató de convencer al Instituto de Planeación para que hiciera la consulta menos compleja y que se incluyera a las comunidades indígenas, porque son las principales afectadas debido a que, acusa, se elimina el suelo de conservación y se promueven los desarrollos como plazas comerciales y complejos inmobiliarios.

En consecuencia, indica que habitantes de las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán y Cuauhtémoc, principalmente, se han unido en el frente para exigir que se repongan los procesos de elaboración de ambos documentos; no obstante, acusa que, pese a que han interpuesto escritos y se han manifestado en varias ocasiones, las autoridades han sido omisas a sus reclamos.

“Primero se iban a hacer 12 (foros) y finalmente solo se hicieron tres, el cuarto, que fue en Coyoacán, lo pudimos parar en protesta”, indica.

Gil Reyes manifiesta que los foros realizados no tienen legalidad porque no son en el Congreso y no cuentan con la presencia de legisladores.

Por ello, la organización exige a las y los legisladores que ambos lineamientos se dictaminen en sentido negativo y no sean aprobados en el pleno para que se reponga el proceso conforme a la ley y con las consultas que cumplan con los estándares requeridos.

“El programa y el plan están mal hechos porque no cubren con las necesidades de la ciudad y se va a complicar el tema de cambio climático y no se está tomando en cuenta nada de eso”, indica, por lo que no descarta que la organización presente algún recurso legal en caso de que no se rechacen.

Críticas ‘infundadas’, dice Martí Batres

En mayo de 2023, en el contexto de la presentación del Plan General de Desarrollo Urbano (PGDU) y del Programa de Ordenamiento Territorial (POT), el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, quien en ese entonces era secretario de Gobierno, aseguró que las críticas hechas a los documentos por vecinos de la capital del país no tienen fundamento y expresan “falsedades”.

A través de un video difundido en redes sociales y mediante un comunicado institucional, el funcionario comentó que la actual administración ha escuchado algunas críticas a ambos documentos, entre ellas que con los proyectos de desarrollo urbano se le da a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la facultad de comercializar el suelo; sin embargo, consideró que esto es falso.

“Hay quien dice que se le están trasladando muchas facultades a las alcaldías; falso. Las alcaldías tienen ya sus atribuciones marcadas por la Constitución, y simplemente, se hace referencia a ello”, declaró.

También puntualizó que otras de las críticas, provienen de quienes fueron los promotores de dividir el suelo de conservación, en suelo de conservación y rural, división que rechazaron los habitantes de esas zonas de la Ciudad de México.

El jefe de Gobierno reiteró en ese momento que tanto el PGDU como el POT representan el interés de los habitantes de la capital, pues son resultado de intensas discusiones y consultas con la ciudadanía, donde se han revisado los textos con académicos y representantes de organizaciones vecinales, urbanas, comunidades y pueblos del sur de la capital del país.

“Los documentos plantean garantizar el cuidado del agua, proteger el suelo de conservación y que este no se divida ni se fragmente. Proteger a las colonias con vocación habitacional y los usos de suelo habitacionales puros”, comentó.

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