La Fiscalía difundió que los dos agentes a los que consignó aceptaron vínculos con un grupo delictivo, pero el único delito que les imputó fue peculado
La intervención que implementó el Gobierno de Jalisco sobre las Policías de seis municipios del estado, a las que desarmó por haber sido presuntamente cooptadas por el crimen organizado, terminó sin que a sus oficiales se les pudiera comprobar vínculos con grupos delictivos.
Reportes de instancias de la Secretaría General de Gobierno revelan que, contrario a lo que las autoridades afirmaron originalmente, los oficiales de las Policías intervenidas no fueron evaluados con pruebas de confianza antes de permitirles retornar a sus funciones.
Entre 2014 y 2015 el Gobierno de Jalisco tomó el control de las Policías municipales de Casimiro Castillo, Cocula, Villa Purificación, Unión de Tula, Jilotlán de los Dolores y Pihuamo, a través de su Secretaría General de Gobierno y Fiscalía General.
De acuerdo a sus labores de investigación e inteligencia, el Gobierno estatal concluyó la necesidad de desarmar esos cuerpos policiales ante su eminente infiltración por el crimen organizado, en particular el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El 8 de diciembre de 2014, cuando iniciaron estas acciones en Casimiro Castillo y Cocula, el Gobierno estatal comunicó:
“Luego de evaluar información de inteligencia en poder de la Fiscalía General, el gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, ordenó intervenir de manera preventiva los municipios de Cocula y Casimiro de Castillo.
“Esta tarde elementos de la Fuerza Única concluyeron de manera exitosa el operativo para el desarme total de la Policía de estos ayuntamientos.
“Los 45 elementos que integraban la corporación municipal de Cocula, así como los 26 elementos de Casimiro de Castillo, permanecerán encuartelados hasta que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza realice la reevaluación del total de los elementos”, difundió el gobierno estatal.
El 15 de mayo de 2015, ya dentro de la Operación Jalisco, iniciada 14 días antes por el Gobierno federal para desarticular al CJNG, el gobernador sumó a Villa Purificación y Unión de Tula.
“Con estas acciones hoy enmarcadas en torno al Operativo Jalisco que lleva a cabo el Estado Mexicano, damos pasos contundentes y precisos de cara a la erradicación del mal que nos aqueja como entidad”, dijo el mandatario.
A la lista llegarían, finalmente, Jilotlán de los Dolores y Pihuamo el 1 de junio de 2015. La Fiscalía estimó que la intervención se dio en total sobre 156 oficiales, pero datos de la Secretaría de Gobierno señalan que esos cuerpos estaban conformados por 264 policías.
Sin embargo, las investigaciones que emprendió a la par la Fiscalía nunca pudieron comprobar que esas instituciones estaban, en efecto, cooptadas por el crimen organizado. De hecho, de todos los agentes que las integraban, sólo a un par terminó fincándoles algún cargo.
Nueve meses después del inicio de la estrategia, la Fiscalía elaboró el siguiente reporte sobre sus resultados, en septiembre de 2015, obtenido por transparencia:
“Todos los elementos de las Policías municipales intervenidas o desarmadas pudieron retornar a sus funciones, a excepción de dos elementos que fueron consignados”.
Inteligencia dudosa
El día que arrancaron las intervenciones de las Policías municipales, el entonces comisionado de Seguridad Pública, Alejandro Solorio Aréchiga, dijo:
“Los testimonios que nos llevaron a ejecutar esta operación fueron proporcionados por el servicio de inteligencia estatal y obedeció principalmente a la franca infiltración de las corporaciones policiacas”.
No obstante esa supuesta información de inteligencia, al final la Fiscalía sólo pudo consignar a dos de los oficiales de las seis Policías intervenidas, ambos de Cocula: su exsubdirector, Gustavo Valencia Campos, y su ex primer comandante, Victoriano Rosas Rodríguez.
El 10 de diciembre de 2014 la Fiscalía difundió que esos agentes habrían aceptado vínculos con un grupo delictivo, al que presuntamente brindaban protección, pero el único delito que les imputó fue peculado.
En su reporte se lee: “ningún elemento de las Policías municipales intervenidas o desarmadas se considera prófugo para esta Fiscalía General”.
Aunque la intervención se motivó, de acuerdo a la versión oficial, por información de inteligencia que apuntaba a la infiltración profunda de la delincuencia en esas Policías, llama la atención que la Fiscalía invitó a todos sus oficiales a sumarse a la Fuerza Única.
“A todos los elementos de las Policías municipales intervenidas o desarmadas se les propuso se integraran a la Fuerza Única, una vez señalándoles que deberían cumplir previamente con los requisitos correspondientes, sin que ningún elemento se haya integrado a dicha corporación”.
Según la Fiscalía, hacia el 12 de octubre del 2015 todas las corporaciones ya habían reasumido su responsabilidad en la seguridad de sus municipios, excepto Villa Purificación, prevista para noviembre.
Confianza ficticia
Se afirmó desde un inicio que los desarmes de estas Policías tenían entre sus objetivos la evaluación de sus oficiales con pruebas de confianza, para asegurar que eran aptos para fungir como tales, así lo señalaron incluso el gobernador y el fiscal, Eduardo Almaguer Ramírez.
Contrario a ello, el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza se deslindó de estos operativos, al puntualizar que no aplicó ninguna prueba a sus oficiales, y que ni siquiera estaba al tanto de los hechos.
“Este Centro Estatal de Evaluación es parte del Gobierno de Jalisco, sin duda, lo que no es suficiente para tener injerencia en la intervención o desarme de las Policías de los municipios que menciona, desconociendo por tanto si las Policías de dichos municipios fueron intervenidas o desarmadas”, aclaró el centro.
Es el oficio CESP/CEECC/4077/2015, del 25 de noviembre del 2015, del director del Centro, Israel Ramírez Camacho.
“Ningún elemento fue evaluado con pruebas de confianza como parte de la intervención (…) no existe resultado de apto o no apto, al no haberse sometido a pruebas de confianza a los elementos policiales de los municipios que señala el solicitante de la información como intervenidos y/o desarmados”, puntualiza el oficio.
Pero el gobernador Sandoval Díaz había confirmado el 7 de enero del 2015 que estas intervenciones sí incluían la evaluación de sus oficiales con “exámenes de control y confianza”.
“El porcentaje de policías que no tuvieron ningún nexo con el crimen organizado, que acreditan sus exámenes de control y confianza, volverán de nueva cuenta a cuidar, a vigilar las calles, pero ya con la garantía, con la seguridad y certeza de que son policías que están al servicio de la comunidad y no al servicio de otros intereses.
“Ya muchos de estos policías municipales empiezan a salir, quienes ya acreditaron exámenes, quienes ya a través de la investigación no tenían ninguna relación con el crimen organizado, están saliendo ya al municipio desarmados”, dijo el mandatario.
La única participación que reconoce el Centro es “la aplicación de una prueba poligráfica dirigida conforme a la investigación que realizaba la Fiscalía sobre datos específicos”, que “no producen un resultado de aprobado o no aprobado” y que “no integran control de confianza”.
En enero pasado Sandoval Díaz dijo que ordenó que todos los policías no aptos del estado que siguen activos fueran desarmados; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública estima que hay 3 mil 303 en esa condición.
En observación
Municipios que cedieron el control de su policía al Gobierno estatal entre 2014 y 2015:
> Casimiro Castillo
> Cocula
> Villa Purificación
> Unión de Tula
> Jilotlán de los Dolores
> Pihuamo
