Desapariciones la otra crisis en Sinaloa

Después de la detención en Sinaloa de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y presunto líder del llamado Cártel ,del Pacífico, los municipios de esa entidad se entregaron al encierro y al silencio.

Las horas transcurren en la incertidumbre y, a veces, sólo permiten el ruido de las balaceras.

Es el punto máximo de una crisis que cada vez genera más fantasmas y que, en las últimas dos décadas, le ha dejado a la entidad cinco mil 665 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas (RNPDNO).

Durante 2022 se sumaron a la lista de personas no localizadas 686 mujeres y hombres sinaloenses. Es decir, cada día del año pasado, cerca de 2 personas no volvieron a sus hogares.

El 7 de noviembre de ese año, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, sostuvo en su conferencia semanal que en su primer año de administración, de noviembre de 2021 a 2022, los homicidios, los feminicidios y las desapariciones disminuyeron de manera drástica en comparación con el primer año de sus antecesores, Mario López Valdez (2011-2017) y Quirino Ordaz Coppel (2017-2021).

Días después –el 22 de noviembre–, Rocha Moya firmó un convenio de coordinación en materia de búsqueda forense de personas desaparecidas con fines de identificación humana con la Fiscalía General del Estado y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Pero justo en ese año no hay registrada ninguna adquisición pública en Compranet relacionada con la búsqueda de personas en Sinaloa, según una revisión de Reporte Índigo.

En los últimos cuatro años, aparecen 10 contratos para atender la tragedia. Fueron firmados en 2020 y 2021, durante el gobierno de Ordaz Coppel.

La suma de esas contrataciones fue de seis millones 447 mil 341 pesos para adquirir vales de combustible, equipo especializado y unidades de transporte para la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos.

En cuatro años, mantener el avión presidencial ha costado unos 440 millones de pesos. Lo que se compró para buscar a los desaparecidos de Sinaloa cabe 68.2 veces en esa cantidad.

En conferencia de prensa, el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, calificó la detención de Ovidio Guzmán como “un golpe contundente” a la cúpula del poder del Cártel del Pacífico que genera violencia en la región noroeste del país.

Pero si se siguen las estadísticas oficiales, en el panorama de la desaparición en Sinaloa, las acciones federales no brindan esperanzas de alivio.

El número de las personas que permanecen desaparecidas en el estado del norte se disparó a partir de 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) emprendió una guerra en contra del llamado crimen organizado. De 2006 a 2007, Sinaloa tuvo 54 desaparecidos. De 2011 a 2012, la cifra fue de 234.

A partir de entonces, la entidad acumuló ausencias. De las cinco mil 665 que se reconocen actualmente, cinco mil 226 ocurrieron después de 2006.

Problema nacional

La paradoja de cómo las personas desaparecidas son registradas para después no ser buscadas se extiende a nivel nacional. México inicia el 2023 con 109 mil 689 personas
desaparecidas y no localizadas.

Las mujeres y hombres que hoy faltan en sus familias, sus trabajos o sus comunidades, abarcarían tres cuartas partes del Zócalo de la Ciudad de México o casi llenarían el estadio Azteca.

Sin embargo, frente a esta crisis, las compras públicas entre 2019 y 2022 concernientes a “personas desaparecidas” suman apenas 44 millones 904 mil 535 pesos, de acuerdo con una revisión en Compranet de Reporte Índigo por título y descripción de contrato.

Se trata de un pastel de dinero público mínimo respecto a otros dramas que agobian a México como el de la migración que llega a más de mil millones de pesos o el de la discriminación que supera los 100 millones de pesos, según indican los datos abiertos de Compranet.

Por ejemplo, ETN Turistar de Lujo firmó un contrato de más de 137 millones de pesos en 2021 para regresar a sus países vía terrestre a migrantes extranjeros en condición de retorno.

En cambio, el contrato más grande que entre 2019 y 2022 se firmó para la búsqueda de personas desaparecidas fue por seis millones 660 mil 450 pesos y tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.

Se signó para suministrar software y equipo especializado para la Comisión local de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Nuevo León con la empresa Coedra S.A. de C.V.

Buscar a los desaparecidos de México ha significado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 154 contrataciones para adquisición de software, radares, unidades de transporte, herramientas, mobiliario para las comisiones de búsqueda, suministro de vehículos, vales de combustible, así como impartición de cursos.

Carlos Antonio Romero Deschamps, quien fuera dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, aún no comprueba más de 600 millones de pesos que Petróleos Mexicanos le dio de manera discrecional entre 2016 y 2018, según el portal de transparencia del sindicato.

Lo que se ha gastado para buscar a los desaparecidos cabe cerca de 18.7 veces en ese dinero que cayó a las arcas del otrora dirigente y el cual, hasta ahora, no ha rendido cuentas.

El RNPDNO indica que desde el 2000, los años con mayor número de víctimas son 2021 y 2022: en el primero, 10 mil 405 personas no volvieron a ser vistas por familiares o conocidos y en el segundo, esa cifra fue de nueve mil 746 personas.