La problemática de las desapariciones en México está alcanzando los niveles que enfrentó Colombia por el conflicto armado

Desapariciones, el espejo colombiano

La problemática de las desapariciones en México está alcanzando los niveles que enfrentó Colombia por el conflicto armado que dejó un saldo de más de 121 mil personas desaparecidas; sin embargo, en nuestro país el rezago forense estaría duplicando al de la nación sudamericana

La crisis de desapariciones por la que atraviesa actualmente México, con más de 103 mil personas en esa condición, está alcanzando las dimensiones que existen en Colombia como resultado del conflicto armado que ha padecido esa nación, de acuerdo con los registros que han publicado ambos países.

En su reciente Informe Final, publicado el 28 de junio de 2022, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia presenta un recuento de todas las víctimas que generó su conflicto armado, incluyendo a todas aquellas que ahora están clasificadas como desaparecidas.

“Según la integración de datos realizada por el Proyecto CEV-JEPHRDAG, la Comisión puede afirmar que, en Colombia hay, alrededor de 121 mil 768 personas (que) fueron desaparecidas forzadamente en el marco del conflicto armado, en el periodo entre 1985 y 2016”, señala el volumen de Hallazgos y Recomendaciones.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es una de las instituciones que se creó a partir del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) firmado en noviembre de 2016, para ponerle fin a la guerra insurgente y contrainsurgente que vivió Colombia por más de seis décadas

En estos momentos, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del Gobierno de México arroja un total de 103 mil 059 personas desaparecidas y no localizadas, lo que muestra que la problemática de las desapariciones en el país se está acercando cada vez más a la de Colombia.

A diferencia de México, sin embargo, donde el delito de las desapariciones se atribuye principalmente a los grupos criminales del narcotráfico y, en menor proporción, a las propias instituciones de seguridad, en Colombia se tienen identificados a tres actores como los principales responsables de su crisis de desaparecidos.

“La desaparición forzada ha sido una práctica sistemática perpetrada por la fuerza pública y por los grupos paramilitares (…). Las guerrillas, particularmente las FARC-EP y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), también son responsables de la desaparición de personas reclutadas, secuestradas o asesinadas sobre las que no se ha proporcionado información de su destino o lugares de entierro, cuyas familias han demandado durante años que proporcionen información”.

El Informe presenta, inclusive, algunas estimaciones del grado de responsabilidad que tiene cada uno de estos actores en la crisis de desaparecidos colombiana.

“Si bien existe una alta incertidumbre sobre la autoría (54 por ciento desconocido), a partir de los datos existentes, el principal responsable son los grupos paramilitares con 63 mil 029 víctimas (el 52 por ciento). Seguidos de las FARC-EP con 29 mil 410 víctimas desaparecidas (el 24 por ciento). En tercer lugar, se encuentra la categoría de responsables múltiples, con 10 mil 448 víctimas (el 9 por ciento), mientras que los agentes estatales son responsables del 8 por ciento, es decir, 9 mil 359 víctimas”.

El Proyecto JEP-CEV-HRDAG105 es un trabajo conjunto de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, junto con el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG, por su sigla en inglés).

En México el delito de desapariciones se atribuye principalmente a los grupos criminales del narcotráfico y en Colombia a las fuerzas públicas y a los grupos paramilitares

Crisis forense

Al igual que en México, también en Colombia la crisis de desapariciones ha venido aparejada con una crisis forense, aunque en el caso colombiano es de menores dimensiones a la que se está enfrentando en el territorio nacional, pues en total tendrían 25 mil cadáveres sin identificar.

Con respecto a las labores de búsqueda de personas, el Informe señala que la situación es preocupante para la Comisión, que considera que se necesitan estrategias de alto impacto que incluyan el cotejo de los restos ya existentes de cerca de 25 mil personas, el censo de los lugares, la coordinación por medio de la UBPD (Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas) y la colaboración de las instituciones para llevar a cabo dichas acciones.

Por ello, la Comisión generó esta recomendación: “Priorizar la identificación de los aproximadamente 25 mil cuerpos no identificados distribuidos en diferentes lugares del país, incluidos los cementerios, y garantizar la participación de la UBPD en el Comité Interinstitucional de Genética”.

En México, por lo tanto, el rezago forense estaría duplicando al de Colombia, pues según el informe “La Crisis Forense en México: más de 52 mil Personas sin Identificar”, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, existen por lo menos 52 mil 004 personas fallecidas no identificadas en México.

Así pues, Colombia tiene muchos menos cuerpos sin identificar que México, aun cuando su problemática de desaparecidos es mayor, pues el documento advierte que si se tiene en cuenta el subregistro, la estimación del universo de desaparición forzada puede llegar a ser casi el doble, alrededor de 210 mil víctimas.

Desapariciones, las víctimas colombianas

La investigación colombiana revela que los enfrentamientos de las fuerzas del Estado con las guerrillas han dejado a 450 mil 666 muertos, 121 mil 768 desaparecidos de manera forzada, 50 mil 770 secuestrados, 16 mil 238 niños, niñas y adolescentes reclutados y alrededor de 8 millones de desplazados.

Otro grave problema en Colombia (país con 50.8 millones de habitantes) es el despojo de tierras asociado al desplazamiento forzado.

“En el contexto del conflicto armado, 8 millones de hectáreas han sido despojadas de forma violenta. (…) 32 mil 812 personas han declarado haber sido despojadas de sus tierras y 132 mil 743 han declarado pérdida de bienes muebles o inmuebles”.

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