Los crímenes cometidos contra la comunidad LGBTTTI y las personas trans no se investigan de manera adecuada.
Por 18 días los familiares de tres chicas trans no han tenido noticias sobre su paradero, desde entonces temen que en un país con más de 75 mil personas desaparecidas sus hijas ya no regresen a casa.
El pasado 18 de septiembre, Kenia Duarte de 20 años y su amiga Karla García de 22 salieron de sus casas en la colonia Mesa Colorada Oriente en el municipio de Zapopan, Jalisco, para ir a una fiesta de la que no regresaron.
De acuerdo con reportes estatales, el mismo día desapareció Dafne Anahí Vázquez de 26 años en la colonia La Azucena en el municipio de El Salto.
En entrevista, Fascinación Jiménez, de la organización Unión Diversa Jalisco, señala que las desapariciones en el estado no solo aumentaron en los últimos años sino que son invisibilizadas por las autoridades, en especial si se trata de miembros de la comunidad LGBTTTI
“Del caso de las tres chicas no nos enteramos por las autoridades sino porque usuarios enviaron mensajes a la página con la alerta, fue entonces cuando buscamos a las familias para darles apoyo. Con la madre de Kenia, por ejemplo, sabemos que interpuso la denuncia y que al momento elementos de la Fiscalía dan seguimiento al caso pero no ha sido suficiente, pues no tienen ni una pista que los pueda llevar a dar con el paradero de las chicas”, explica.
Datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) revelan que en Jalisco hay 11 mil 265 personas desaparecidas o no localizadas a la fecha; el 36 por ciento del total, corresponde a jóvenes que tenían entre 20 y 30 años, es decir, 4 mil 100 casos.
Aunque ya se cuenta con una ficha de búsqueda en el Protocolo Alba, mecanismo de búsqueda inmediata para mujeres en Jalisco, para las tres víctimas, el registro de la CNB detalla que solamente se tiene conocimiento de dos personas desaparecidas que pertenecen a la comunidad LGBTTTI: un hombre en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y otro en Zapotiltic.
Hasta el momento la entidad cuenta con 9 mil 779 hombres desaparecidos, mil 472 mujeres y 14 bajo la categoría de “indeterminado”. Los cinco municipios con más desapariciones son Guadalajara (2 mil 161), Zapopan (mil 538), Tlajomulco (981), Tlaquepaque (831) y El Salto (482).
En Jalisco los crímenes de odio han subido mucho, desde hace un par de años el estado se posiciona dentro de los primeros ocho lugares a nivel nacional, sabemos que desafortunadamente el promedio de vida de una chica trans es de 35 años en México, por eso no podemos ignorar la realidad que es que los delitos son contra una población que está en constante estado de vulnerabilidad no solo por ser mujeres sino por decidir serlo
La activista agrega que organizaciones de la sociedad civil denuncian desde hace más de cuatro años el incremento de la violencia y asegura que como resultado en 2018 se implementaron la Alerta de Violencia contra las Mujeres a nivel federal; en el ámbito estatal también se instaló en cuatro municipios: Guadalajara, Zapopan, El Salto y Puerto Vallarta-.
“Parece que cada día hay un nuevo caso por denunciar. Apenas en agosto se registraron tres casos contra la comunidad, tenemos el asesinato de Jonathan Santos activista y estudiante LGBTTI; también Britani Jaqueline, una mujer trans asesinada a golpes presuntamente por policías municipales; y el de Jolie Torres, también mujer trans asesinada en su domicilio. En ninguno hay avances en las investigaciones”, lamenta.
Exigencia de protocolos para comunidad LGBTTTI
Para lograr terminar con la impunidad en los crímenes contra la comunidad LGBTTTI, Rocío Suárez, integrante del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, resalta la importancia de acabar con los prejuicios hacia los miembros de la comunidad.
Los primeros responsables en investigar y muchas veces obstaculizar el acceso de justicia son los Ministerios Públicos y las Fiscalías estatales pues minimizan las agresiones o revictimizan a las víctimas solo por identificarse como miembros de la comunidad; por ello urge capacitarlos y actualizarlos constantemente en cuanto a perspectiva de género, de derechos humanos y de identidad sexual
En el caso de las jóvenes desaparecidas en Jalisco, la organización Unión Diversa pide a las autoridades que se cuente con la ejecución de la Coordinación Especializada para la Atención de Delitos por Diversidad Sexual, se garantice la reparación integral del daño, que el agente del Ministerio Público desarrolle con perspectiva inclusiva su actuación y valore que las personas afectadas pertenecen a un grupo históricamente discriminado, así como apoyo psicológico a las víctimas indirectas.
Por su parte, Rocío puntualiza la necesidad de contar con protocolos a nivel nacional no solo para la aplicación de sanciones, sino también de prevención y atención, y que se les garanticen los mecanismos necesarios para que la comunidad pueda denunciar sin ningún obstáculo.
“Otra de las exigencias que hemos planteado en los Ministerios es que dejen denunciar a amigos o conocidos de las víctimas pues muchas veces argumentan que solo familiares pueden denunciar y no se entiende que en algunos casos las personas LGBT son echadas de su hogar y no cuentan con un familiar que responda por ellos”, menciona Suárez.
Rocío recuerda que desde hace años se exige la necesidad de contar con estadísticas oficiales sobre transfeminicidios y desapariciones para así poder generar una estrategia que pueda garantizar los derechos humanos de la población y a su vez implementar políticas públicas para el acceso a derechos básicos como salud y educación.
“Debe de existir un trabajo previo y sobre todo de la mano con organizaciones y familiares de las víctimas, las Fiscalías deben acercarse y no estigmatizar ni tratar con discriminación los delitos contra la comunidad, solamente así podremos generar el cambio y la protección que necesitamos”, finaliza.
