‘Desaparición y asesinato de normalistas de Ayotzinapa fue crimen de Estado’

Próximo a cumplirse el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia aseguró que existen bases para proceder judicialmente contra 33 presuntos implicados en lo que se catalogó como un crimen de Estado por la colusión entre autoridades y criminales.

Tras la reunión de casi cuatro horas con los padres de los 43 desaparecidos y la Comisión de la Verdad en la que participaron el presidente Andrés Manuel López Obrador, el fiscal general Alejandro Gertz Manero y los titulares de Defensa Nacional y Marina se ofreció un informe sobre las labores que ha desarrollado durante sus casi cuatro años de labores.

Alejandro Encinas, subsecretario de Población, Migración y Derechos Humanos, planteó que “existen elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas que hemos señalado y que están llevándose a cabo las diligencias judiciales correspondientes”.

Esto al identificar a integrantes de Guerreros Unidos, así como a funcionarios municipales y federales producto de haber recabado testimonios de 115 personas vinculadas con el caso, obtenido 467 capturas de pantalla que le permitieron reconstruir 35 conversaciones y lograr la ubicación de una red de llamadas telefónicas con la participación de 17 mil números diferentes.

Mediante estos indicios se acredita plenamente la colusión y la intervención de autoridades de distintos órdenes de Gobierno con los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco y, por supuesto, con el grupo delictivo de Guerreros Unidos, para llevar a cabo la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Por tal razón, planteó Encinas, que la desaparición de los estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. No solo por los actos de violencia entre el 26 y el 28 de septiembre de 2014, sino por las investigaciones posteriores.

Sobre eso, reclamó que la creación la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del Gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de actividades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado.

Sobre estos procedimientos, Encinas confirmó que se estableció contacto con los abogados de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal prófugo desde 2020, y se reunió con él en febrero pasado en Israel para ofrecerle un criterio de oportunidad. Mismo que no aceptó, por lo que el proceso de extradición en su contra continúa.

“Esperamos que pronto pueda avanzar en un acuerdo de colaboración, no esperar al proceso de extradición y se allane a la legislación mexicana para encarar los delitos de los que se le acusa y, en el caso de colaboración eficaz, obtener algún beneficio de ley”, agregó el titular de la Comisión de la Verdad.

Normalistas de Ayotzinapa ‘Fueron ejecutados’

Por primera vez desde que se estableció la Comisión de la Verdad, la administración federal no solo reconoció que no hay indicios de que los 43 estudiantes normalistas puedan ser encontrados con vida, sino que comienza a hablar oficialmente de su ejecución como parte de esta colusión entre autoridades de distintos órdenes de gobierno y la organización criminal.

Entre las conclusiones preliminares que componen el informe de labores de la comisión, Encinas expuso que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida, por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.

Esto pese a que, en paralelo, se han hecho labores de búsqueda en vida en compañía de los familiares, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Registro Nacional de Población y consultando 177 bases de datos de instituciones públicas y privadas, ejercicios que resultaron sin éxito pues no se lograron identificar ningún indicio de actividad de alguno de los desaparecidos.

Por el contrario, recalcó la responsabilidad de autoridades federales, estatales y municipales que tuvieron conocimiento total de la movilización de los estudiantes, argumentando que sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.

También hizo particular énfasis en que los mandos militares de la región no realizaron acciones para protección y búsqueda del soldado Julio César López, quien había sido asignado para infiltrar la normal Isidro Burgos y fue desaparecido junto con los demás estudiantes sin la intervención de las autoridades que le encomendaron dicha tarea.

Finalmente, se reiteró que hasta el momento se han podido identificar los restos de tres de los estudiantes. Esto si bien se analizaron los 245 cuerpos encontrados en Iguala entre septiembre de 2014 y 2020. De los 191 perfiles genéticos obtenidos, se lograron identificar a 30 personas, de las cuales 16 fueron entregadas a sus familiares, pero ninguno coincidió con los estudiantes.

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