El Gobierno Federal prometió que a más tardar en junio, la legislación sobre desaparición quedaría aprobada
A pesar de que fue un compromiso del Ejecutivo tenerla lista para mediados de este año, la Ley General contra la Desaparición Forzada no tiene para cuándo ver la luz en el Congreso de la Unión.
En febrero de este año, el Gobierno Federal prometió que a más tardar en junio, la legislación sobre desaparición quedaría aprobada.
Durante una audiencia con el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizada en Ginebra, Suiza, en febrero de este año, funcionarios mexicanos calificaron como un “reto inmediato” la aprobación de esta ley.
“La Ley General de Desaparición Forzada es un reto inmediato. El Congreso inició sesiones ayer y tenemos que lograr la reforma constitucional primero y la ley después, antes de que termine esta Legislatura, en junio”, dijo Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Esa declaración fue hecha el 2 de febrero pasado. Es noviembre y el Ejecutivo ni siquiera ha enviado la iniciativa. En el Congreso de la Unión, sin embargo, los trabajos avanzan con lo que se tiene disponible. Recientemente, ambas Cámaras aprobaron cambios a la Constitución Política para facultar al Congreso a legislar sobre el tema. De acuerdo con lo estipulado, el Congreso tiene 180 días para aprobar la ley secundaria en la materia. Esos seis meses vencen el 17 de diciembre próximo.
Es decir, diputados y senadores tienen 44 días para estudiar y aprobar la ley general que castigue la desaparición.
Desde la Legislatura pasada, diputados y senadores de todos los partidos han presentado iniciativas sobre la expedición de una Ley General sobre desaparición, o han propuesto reformas al Código Penal Federal u otros ordenamientos, relacionados con las desapariciones.
Sin embargo, el acuerdo de las fuerzas políticas ha sido esperar la iniciativa del Ejecutivo y añadir elementos de otras propuestas, incluidos los de la sociedad civil.
En octubre, los legisladores federales convocaron a la realización de mesas de trabajo en las que expertos, organizaciones civiles y redes de familiares de las víctimas, expusieron sus ideas para conseguir la mejor legislación.
Entre los documentos que se encuentran a debate están las tres iniciativas más importantes sobre el tema que han sido presentadas por legisladores del PRI, PAN y PRD. Todas se encuentran pendientes en comisiones.
Se trata de las propuestas del priista Omar Fayad, que presentó su iniciativa el 16 de abril del 2014; del panista Roberto Gil Zuarth, que fue registrada el 18 de marzo del 2015; y de la perredista Angélica de la Peña, del 24 de marzo del 2015.
De la Peña, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presentó una iniciativa extra el 17 de septiembre pasado, donde ya contempla prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares.
Se ha dicho que el Ejecutivo planteará en su iniciativa castigos de hasta 100 años de prisión contra funcionarios que participen en la desaparición forzada de una persona, y que la propuesta será presentada “a la brevedad”.
Las organizaciones se han pronunciado por incluir en la Ley General el derecho de los ciudadanos a no ser desaparecidos, con lo que se abre la puerta a que sea la obligación del Estado evitar ese delito.
Se ha planteado también que exista un solo protocolo para buscar e identificar a las víctimas de desaparición en México.
El retraso del Ejecutivo en el envío de su iniciativa empantana su avance porque, al ser un tema muy polémico, las fracciones parlamentarias tendrán poco tiempo para estudiarlo.
Un ejemplo de lo complejo para alcanzar acuerdos sobre el tema fue la discusión en la Cámara de Diputados para declarar el 26 de septiembre de cada año como Día contra la Desaparición Forzada.
Los diputados aprobaron con prisas la instauración de ese tema, ante la cercanía del primer aniversario de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En el Senado ni siquiera fue sometido a discusión.
De no aprobar a más tardar el 15 de diciembre –fecha en que termina el periodo ordinario- la legislación secundaria sobre este tema, se corre el riesgo de que su discusión y eventual aprobación pudiera alargarse hasta febrero próximo, cuando concluya el receso de fin de año del Congreso de la Unión.
