El fenómeno de la desaparición forzada ha encontrado un lugar especial entre quienes tratan de llegar a México, ya sea para quedarse aquí o para cruzar a Estados Unidos, de forma ilegal, es decir, sin papeles.
Estos individuos, los cuales provienen en su mayoría del sur del continente americano, se han convertido en el objetivo de los grupos del crimen organizado, quienes no solo los utilizan como mulas para cruzar droga, sino como soldados, en el caso de los hombres, y como esclavas sexuales en el de las mujeres.
En la población migrante los cárteles han encontrado una fuente importante de ingresos, ya que muchas veces los usan para trasladar droga. Además de que las mujeres suelen ser explotadas sexualmente durante el trayecto y algunas de ellas quedan esclavizadas
“Las chicas de Data Cívica encontraron que hasta el 2018 la mayoría de las adolescentes que desaparecían tenían tres características: piel clara, cabello largo y una estatura mayor a la promedio. Lo cual sustenta la tesis que hemos presentado todo este tiempo: son seleccionadas, altamente probable, para fines de explotación sexual” dice Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de REDIM.
Denuncias ausentes
Los datos que existen en relación a la cantidad de personas migrantes afectadas por la problemática de la desaparición forzada en el país son poco certeros y escasos debido a la carencia de denuncias ante las autoridades cuando son víctimas de este delito.
“El tema con este grupo poblacional es que no hay quien denuncie su desaparición ni quien dé seguimiento a sus casos. La denuncia por este delito depende mucho de las condiciones familiares de la víctima. Si las personas cercanas tienen los elementos y los recursos suelen hacerlo durante los primeros tres días cuando mucho.
“Si los familiares se sienten amenazados por vivir en un territorio controlado por el crimen organizado o simplemente no tienen las condiciones para realizar este proceso o los conocimientos, pues muchas veces pueden tardar meses, años o nunca realizarla, entonces hay un subregistro (cifra negra) que es muy difícil calcular”, explica Pérez García.
Entre las entidades más afectadas por el delito de la desaparición forzada según datos de la CNBP se encuentran el Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas y Puebla.
Combatir el problema de la desaparición
La asociación i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. enumera ocho recomendaciones específicas a seguir por parte de las autoridades mexicanas para comenzar a revertir la crisis en materia de desaparición de personas, específicamente contra niñas y adolescentes, que se viene dando en el país y que con la pandemia de coronavirus se agravó.
La primera de ellas es modificar los patrones socioculturales discriminatorios, pues erradicar la violencia contra las mujeres necesariamente requiere eliminar la discriminación estructural a la que están sujetas.
Es necesario tomar medidas radicales de transformación social que vayan más allá de meras acciones paliativas. Deben adoptarse medidas administrativas, legislativas y judiciales en todos los niveles que cuestionen el status quo y contribuyan a eliminar la subordinación económica, política y social que perpetua la discriminación en contra de las mujeres y favorece la violencia
La segunda pide garantizar la participación de las mujeres, tanto en los planes de respuesta a la crisis sanitaria como en los planes de recuperación económica y social post-pandemia.
Le sigue incorporar la perspectiva de género, pues todo plan de respuesta a la crisis sanitaria, así como de combate a la violencia y discriminación que afecta a las mujeres en este contexto, debe incorporar la perspectiva de género y enfoque diferencial, teniendo en cuenta los distintos contextos y condiciones que potencializan la vulnerabilidad a la que las mujeres están expuestas.
En cuarto lugar aparece el compromiso de recolectar información completa, actualizada y desagregada de la violencia contra las mujeres para así comprender mejor el fenómeno.
Aunado a esto, piden declarar esenciales los servicios de atención a la violencia contra las mujeres.
De igual forma, señalan la importancia de continuar con la provisión de servicios de procuración de justicia, por lo tanto, deben adoptarse medidas que garanticen la atención adecuada y oportuna de estos casos.
En penúltimo lugar, solicitan adoptar medidas para hacer frente a la brecha digital, ya que el nuevo formato de justicia digital implica obstáculos adicionales para las mujeres, pues éste requiere el acceso a medios electrónicos y al conocimiento tecnológico para ocupar los servicios de justicia, a los cuales la mayoría de las mujeres no tienen acceso.
Para finalizar, i(dh)eas pide garantizar la participación de las víctimas en las acciones realizadas por las autoridades, así como que se les mantenga al tanto de los avances y resultados de la búsqueda e investigación, proceso que no puede ser suspendido en el contexto de la pandemia.
