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México tiene una deuda con todas aquellas personas que un día salieron de su casa, nunca regresaron y nadie sabe dónde están.
En un intento por resolver este problema que atañe a más de 37 mil personas y familias, hace poco más de un año, en el Congreso de la Unión, se aprobó la Ley General en materia de Desaparición de Personas, sin embargo, las cosas poco han cambiado desde entonces.
Por ahora, la Ley General se ha caracterizado por tener avances poco importantes a partir de su fecha de entrada en vigor, por rebasar los plazos legales establecidos y por la falta de recursos humanos, técnicos, materiales y económicos, así como por la débil coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Aunque la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía Especializada fue un paso fundamental para el cumplimiento de los objetivos de la Ley, no se ha conformado un mecanismo eficaz de búsqueda e investigación que las víctimas puedan activar para garantizar sus derechos.
Por ello, de acuerdo con el estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez titulado ‘Avances y pendientes para la implementación de la Ley General en materia de Desaparición de Personas’ es necesario recuperar las recomendaciones que emitió el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (CNCSNBP), donde se identifican los principales retos y pendientes en el proceso de implementación de la Ley General
Entre estas sugerencias destacan la asignación suficiente de recursos para una operación adecuada y eficiente de la CNB, las comisiones estatales, la FGR, las fiscalías estatales y los servicios periciales y forenses del país
La necesidad de establecer mecanismos permanentes de coordinación entre las autoridades encargadas de la investigación y búsqueda de personas desaparecidas.
Considerar la generación de un Protocolo aparte del Protocolo Homologado de Investigación que revise y amplíe los aspectos relativos a la identificación, notificación y entrega de los restos a las familias.
Establecer una instancia o mecanismo rector del proceso de implementación, donde se efectúen de manera coordinada y ordenada tareas de diagnóstico, intercambio de información, planeación y evaluación de los avances, estableciendo indicadores adecuados y que mientras no se encuentren en operación las instancias previstas por la Ley para las tareas de búsqueda, investigación e identificación, se establezcan planes provisionales de atención a casos, tanto nuevos como anteriores.
Ante todos estos pendientes, Martha Silva Silva, cuyo esposo lleva desparecido siete años y medio y quien fue una de las principales impulsoras para que esta Ley se convirtiera en una realidad dice que ahora lo más importante es que se le asignen los recursos necesarios para poder aplicarla.
“Mi esposo, servidor público, desapareció hace siete años y medio de su trabajo. Era Comandante de Policía y todo sigue igual desde entonces. Ni siquiera el caso se ha cerrado, no hay una investigación en curso, no nos informan.
“Las autoridades no han hecho nada, al contrario, pienso que de ahí también es donde comienzan las malas prácticas y aparte nos revictimizan.
“Todos los avances han sido gracias a las organizaciones que nos han apoyado. Lo que necesitamos ahora son recurso para que se aplique todo lo que se aprobó en la Ley, ya que podría ser el comienzo o el primer paso para que empiece a haber justicia en México” dice.
Por su parte, Raúl Álvaro Ramírez, quien tiene un hijo desaparecido en Jalisco desde hace año y medio comenta que no se siente muy confiado de que las cosas cambien aún conecta ley.
“Cuando se aprobó no nos fuimos muy convencidos, pero teníamos la esperanza de que se aplique. El problema es que en papel se ve bien pero no se le ha dado el presupuesto para que realmente pueda operar. Necesitamos ver realidades para poder creer que en verdad las cosas están cambiando”.
Sin embargo, los avances son poco claros, empezando por las cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el cual, a pesar de que la nueva ley le mandara estar actualizado, sus últimos datos registrados son de abril del año pasado.
De acuerdo con esa información, los estados de la República que más padecen de este problema son: Tamaulipas, el Estado de México, Jalisco, Sinaloa y Nuevo León.
Aunque Veracruz no se encuentra entre los primeros cinco estados que más padecen este problemas, sí está entre los primeros diez. Además de ser una de las entidades en donde más organizaciones y colectivos para buscar personas desaparecidas hay.
En este sentido, Rosalía Castro, vocera del colectivo Solecito Veracruz, dice que con el cambio de gobierno las esperanzas se renuevan, pues ya han entablado conversaciones con sus representantes.
Actualmente en México no se ha conformado un mecanismo eficaz de búsqueda e investigación que las víctimas puedan activar para garantizar sus derechos
“Tenemos muchas expectativas de apoyo del nuevo gobierno porque así nos lo hicieron saber. Hemos tenido entrevistas con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pero queremos una entrevista con todos los colectivos de Veracruz para plantearle nuestra problemática que es la misma de todos los estados.
“Esperamos apoyo y que los trámites burocráticos de pedir permisos para entrar a lugares donde hay posibles fosas se agilicen. Apoyo y coordinación con todas las autoridades federal y un presupuesto para búsqueda, pero queremos que sea exclusivo para búsqueda, porque esa labor implica gastos y nosotros nada más en Colinas de Santa Fe nos llevamos un millón 300 mil pesos, que conseguimos mediante rifas, bazares y bingos”
Cumplimiento a medias
Aún cuando la Ley General de Desaparición Forzada señala que uno de sus objetos es crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, los pendientes en la implementación de los alcances de esta legislación no han permitido que este sea conformado.
Las últimas cifras públicas sobre personas ausentes que se encuentran en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) a cargo de la Secretaría de Gobernación, fueron recabadas hasta abril de 2018, por lo que los números de los ciudadanos que no han sido localizados desde ese mes a la fecha son desconocidos
En materia presupuestal para el funcionamiento de la Ley General y la implementación de los organismos que deben crearse tampoco existe claridad.
Al realizar la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2019 no aparece ninguna partida específica para esta tarea, solamente los montos para el ejercicio de la Segob, dependencia a la estará adscrita la Comisión Nacional de Búsqueda como órgano desconcentrado.
Lo anterior, ocurre pese a que el artículo transitorio décimo séptimo de la Ley estipula que “las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, se cubrirán con los recursos que apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que se trate”.
En cuanto a la creación de las comisiones de búsqueda en los estados, el 9 de octubre pasado, el entonces secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, presentó la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
En la Ley General de Desaparición Forzada que se aprobó hace poco más de un año se señalan diversas cuestiones que se deben cumplir para su correcta aplicación, sin embargo, muchas de éstas han sido ignoradas o faltan por cumplirse
En un comunicado de la Segob se indicó que se habían repartido 28 millones de pesos a las 32 entidades para que iniciaran la integración de sus comisiones mediante un fondo federal y se estipuló que se trabajaba para la creación del Sistema Nacional y sus demás organismos.
“El que instalemos el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas significa un reto a corto plazo para todas las entidades de la República.
“No significa por ello, que varias instancias de los gobiernos locales no estén trabajando con el Sistema, con el Comisionado y con lo que se está haciendo en este momento, inclusive el Sistema Nacional de Seguridad Pública comprometió recursos a través de uno de los programas del FASP (Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública) por 28 millones de pesos para que los estados también pudieran aportar y les sirviera de apoyo en la constitución de estas comisiones locales. Ahí está el recurso, si es que es por razones económicas que no se pueden terminar de constituir”, dijo Navarrete Prida en octubre pasado.
Durante los últimos dos sexenios es cuando más desaparecidos se han registrado, por lo tanto, corresponderá al nuevo gobierno atender a las víctimas de esta problemática y resolver el problema
La deuda por cubrir
Los últimos datos publicados por el RNPED señalan que en México, hasta abril del 2018, habían 37 mil 435 personas desaparecidas, de las cuales 36 mil 265 son del fuero común y las mil 170 restantes corresponden al fuero federal.
Este registro toma en cuenta casos de desapariciones de 1971 a la fecha. Sin embargo, nueve de cada diez desapariciones ocurrieron de 2006 a abril del 2018; es decir, durante las administraciones federales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El año 2017 fue en el que más registros de personas desaparecidas hubo con 5 mil 477 casos
Al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le tocará hacer la revisión de los alcances que tenga la Ley de Desaparición Forzada y resolver los casos ya denunciados. Sin embargo, deberá poner énfasis en esta estrategia en estados donde hay más personas desaparecidas
Actualmente la prisión preventiva por el delito de desaparición forzada se encuentra en discusión en el Congreso de la Unión.
El 15 de enero la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló la reforma al artículo 19 constitucional para eliminar la prisión preventiva oficiosa para seis delitos, entre los que se encuentran la desaparición forzada; el feminicidio, el abuso sexual contra menores, robo a transporte de carga, hurto a casa habitación e ilícitos en materia de explosivos y armas de fuego.
“Efectivamente la aplicación de la Ley está muy lenta. Aparte tiene algunas deficiencias como no declarar la desaparición forzada como un delito grave, eso nos preocupa de sobremanera porque debe estar contemplada así (…) estamos viendo cómo se puede modificar eso, porque no es posible que ni prisión puedan alcanzar los agresores”
Las cifras del RNPED revelan que de las más de 37 mil personas desaparecidas, 6 mil 131 fueron vistas por última vez en Tamaulipas. Le siguen el Estado de México con 3 mil 918, Jalisco con 3 mil 388, Sinaloa con 3 mil 042, Nuevo León con 2 mil 919 y Chihuahua con 2 mil 211.
El problema de las personas desaparecidas en México no ha sido contenido debido a que el año 2017 fue en el que más registros hubo; la cifra fue de 5 mil 477 personas no localizadas. El periodo anterior con el récord más alto fue el 2016, con 4 mil 570.
Tan solo en los primeros cuatro meses del 2018, se registraron mil 653 desapariciones. Es decir, que entre enero del 2016 y abril del 2018 en promedio desaparecieron 13 personas cada día
