¿Desaparecerán o sobrevivirán? El destino encrucijado de 18 organismos públicos

Incluidos en el paquete de 20 reformas constitucionales enviado al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, 18 organismos desconcentrados y descentralizados perviven en la administración pública federal con el fantasma de la desaparición de frente.

Tras historias de décadas y encomiendas relacionadas con grupos vulnerables, en lo que va de 2024, la foto de sus compras públicas refleja que están concentrados en gastos administrativos más que en sus estrategias mientras aguardan su destino, de acuerdo con una revisión por parte de Reporte Índigo en CompraNet.

El reloj legislativo empezó a andar. Las propuestas del presidente López Obrador deben ser discutidas antes del 30 de abril, cuando concluirá el periodo ordinario de sesiones de la actual Legislatura. Y estos 18 organismos integran la segunda parte de las enmiendas propuestas por el Ejecutivo (la primera se refiere a la extinción de órganos autónomos como el INAI o la Cofece) cuya esencia es la eliminación, fusión o integración de entidades cuyas funciones se duplican y operan con costos altos.

Se trata de organismos estratégicos como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua o el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, culturales como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas e incluso, icónicos como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Sus trayectorias pueden terminar en la recta final del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador o continuar bajo el análisis de si resultan útiles cuando asuma un nuevo Gobierno federal.

Los gastos

Sus contratos en CompraNet, la plataforma que aglutina los contratos públicos y que refleja cómo operan las instituciones que integran el Gobierno federal, suman poco más de 121 millones de pesos, de acuerdo con la búsqueda realizada por Reporte Índigo. La cantidad es similar a la multa que el Instituto Nacional Electoral le impuso a los partidos en diciembre de 2023 por rebasar los topes de financiamiento. Nueve de los 18 organismos aún no han publicado licitaciones.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios (Condusef) tiene el contrato mayor por 43 millones 103 mil 448 pesos por un servicio médico integral para sus trabajadores. Se trata de la instancia con el encargo legal de asesorar, proteger y defender a los usuarios del sistema financiero de cualquier irregularidad en su contra. Fue creada el 19 de abril de 1999, en medio de una crisis en la que el Gobierno federal, en ese momento con Ernesto Zedillo Ponce de León como presidente, reconoció una asimetría entre las instituciones bancarias y los ciudadanos.

El segundo contrato más grande firmado este año por uno de esos organismos es el de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente por 10 millones 794 mil 690 pesos para servicios de fábrica de software. Esta instancia nació en 2006, durante el último año de gestión de Vicente Fox Quesada (2000-2006), para buscar justicia en materia fiscal. Se basa en quejas y reclamos en contra de las autoridades del Servicio de Administración Tributaria.

El tercer contrato más grande lo tiene la Condusef y es por 9 millones 500 mil pesos para protección y seguridad. Mientras, la menor contratación pública hecha por alguno de estos órganos, lo hizo la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción para la estenografía de sus reuniones y sesiones de trabajo. Fue por mil 600 pesos.

La lucha del IMTA

Con 38 años de funciones, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) –cuyos trabajos han estado dirigidos a la preservación y el uso sostenible del agua a través de la investigación científica– ha visibilizado su resistencia a la desaparición a través de manifestaciones y una carta entregada de manera directa al presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 9 de febrero, en Cuernavaca, Morelos, mediante su sindicato.

En la misiva, la organización gremial expuso que la incorporación del Instituto a la Conagua o a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales –como se plantea en la propuesta–, propiciaría la privatización del agua, lo cual tendría desventajas para afrontar la crisis hídrica de México acentuada por las sequías.

En paralelo a su batalla, el IMTA es el microcosmos de cómo los 18 organismos incluidos en el paquete de enmiendas constitucionales continúa mientras llegan las definiciones. Ha gastado poco más de 26 millones de pesos en necesidades operativas, más que en investigación, según la localización de contratos en lo que va de 2024.

Con todo, si los contratos públicos indican los plazos de los proyectos, los organismos en la lista del presidente López Obrador como propensos a desaparecer o fusionarse no tienen planes más allá de 2024. Ninguno de los convenios firmados este año tiene vigencia acordada para después de octubre de este año, cuando cambiará la administración federal.

La intención revivida

Entre tiempos políticos, el retiro de la iniciativa original y emplazamientos se escribió la crónica del proyecto presidencial para transformar, integrar al Gobierno federal o de plano extinguir a 18 organismos que hasta ahora funcionaron con presupuestos propios al tener el carácter legal de la desconcentración o descentralización.

El 18 de abril de 2023 el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la que incluyó transformar el funcionamiento de esas entidades cuya formación, en algunos casos, data de los años 80 del siglo pasado.

La propuesta se basaba en que las atribuciones de esas entidades fueran absorbidas por varias secretarías de Estado. La justificación fue que estos organismos surgieron bajo el modelo neoliberal y hasta ese momento, sólo utilizaron recursos del Estado sin eficiencia. Eran, según asentó en la iniciativa, espacios para el clientelismo y la corrupción.

“La presente iniciativa tiene por objeto racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal con el fin de eficientar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente”, se indicaba en la iniciativa.

Pero, en medio de críticas y desacuerdos, Morena retiró la iniciativa de las discusiones en la Cámara de Diputados. Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó ante medios que la propuesta se analizaría de manera minuciosa.

“Es una iniciativa que requiere incorporarse al proceso legislativo, a la discusión, a la revisión, a su congruencia legislativa y administrativa. Todo lo que consideramos que no cumplía con los requisitos lo dejamos para después, como muchas iniciativas”, expresó en ese momento.

La iniciativa se quedó pendiente en las comisiones de la Cámara de Diputados.

El 5 de febrero pasado, el presidente retomó su intención de desaparecer, tal como son ahora, a 18 organismos y la incluyó en el paquete de reformas para modificar leyes secundarias. El Ejecutivo federal volvió a argumentar que la reorganización permitiría eliminar la dispersión de recursos públicos y redirigirlos a las funciones sustantivas del Estado. Esta nueva iniciativa debe ser discutida antes del 30 de abril, fecha en que concluirá el último periodo de sesiones de la LXV Legislatura.

Así fue la austeridad en el gobierno de AMLO

A través de cambios del marco jurídico, el presidente Andrés Manuel López Obrador marcó su administración con las políticas de austeridad republicana y pobreza franciscana que sobre todo, implicaron el adelgazamiento de la burocracia.

Como promesa de campaña, el primer mandatario federal emanado de una fuerza de izquierda, se comprometió con una administración austera y alejada de las malas prácticas que en el pasado tuvieron altos costos. En 2018, después de colocarse la banda presidencial, en el compromiso 31 de una lista de 100, asentó que los recursos ahorrados mediante su reforma administrativa se irían a programas de bienestar.

Una vez en ejercicio del poder logró una modificación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, así como la promulgación de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Aunado a estos instrumentos, propuso presupuestos federales con recortes, en algunos casos dramáticos.

Con la primera logró disminuir los salarios en el Gobierno federal y con la segunda, prohibió que los funcionarios ganaran más que el presidente de la República, eliminó seguros privados, recortó gastos corrientes y limitó la llamada “puerta giratoria”, un fenómeno en el que servidores públicos se incorporaban a la iniciativa privada apenas dejaban el cargo.

También, en noviembre de 2018, por iniciativa de Morena (su partido), quedó eliminado el beneficio de la pensión vitalicia de 205 mil 122 pesos mensuales (en ese momento) para los expresidentes. En ese momento, la recibían Luis Echeverría Álvarez (1970-1976, fallecido), Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) quien la donaba a una organización de niños con cáncer.

En julio de 2022 el presidente anunció otra faceta de su política: la pobreza franciscana.

“Ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior que es el de la pobreza franciscana, porque tengo reunión mañana con el Gabinete y vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales”, declaró en su conferencia matutina del 27 de ese mes.

Dijo también que “vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Austeridad y, si procede, una nueva reforma a la Constitución para dejarlo más claro y que no se presente a interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial de manera leguleya”.

El pasado 5 de febrero, la marca de la austeridad se impuso conforme a lo anunciado. El Ejecutivo federal envió un paquete de reformas administrativas para desaparecer órganos autónomos y realizar fusiones de otras instancias. Más allá de la aprobación en el Congreso, su intención quedó inscrita en la última etapa de su gobierno.