¿Desaparecerán los órganos autónomos en un futuro cercano?

El sablazo final llegó. Siete órganos autónomos que durante las dos últimas décadas operaron en la administración pública federal con el mandato de generar equilibrio enfrentan su desaparición. A meses de concluir su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador incluyó en el paquete de reformas administrativas enviado ayer 5 de febrero, Día de la Constitución, una iniciativa para extinguirlos.

Desde que inició su gobierno, el primer mandatario planteó su intención de borrar de la burocracia a parte de estos organismos que empezaron a formarse en los noventa del siglo pasado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) quedó en el centro de la mira del jefe del Ejecutivo.

La alerta para desaparecerlos fue revivida en la conferencia “mañanera” del lunes 11 de diciembre de 2023 con la mención de otros tres: la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Pero el camino no está plano por completo. La reforma debe ser aprobada por el Congreso y el presidente no cuenta con mayoría calificada que es la requerida para hacer cambios constitucionales. Los legisladores pueden detener su intención. De cualquier forma, para los organismos se trata de una etapa de definiciones. ¿Tienen futuro? Algunos, según sus contrataciones, tienen planeado vivir hasta 2027; es decir, cuando el próximo Gobierno federal esté en su tercer año.

De cara al destino

Los cuatro órganos en los que se mantuvo la mira del Ejecutivo federal concluyeron 2023 con una suma de gastos de 236 millones 690 mil pesos, de acuerdo con la localización de contratos por parte de Reporte Índigo en Compranet y la Plataforma Nacional de Transparencia.

Es una foto de cómo operan estos organismos señalados por el jefe del Ejecutivo federal como onerosos. La cantidad apenas representa el 1.9 por ciento del dinero que no fue comprobado en Seguridad Alimentaria Mexicana en su primer año de operación, después de la fusión de Diconsa y Liconsa, de acuerdo con los informes al respecto de la Auditoría Superior de la Federación.

En lo que va de 2024, ni el INAI ni la CRE han publicado contratos en Compranet, la plataforma que aglutina las licitaciones y firma de contratos realizadas con dinero federalizado. En cambio, la Cofece y el IFT llamaron a proveedores con los que signaron contrataciones que vencerán en 2024, 2025, 2026 y 2027. Es decir, estos dos organismos planearon en un escenario en el que tendrían hasta tres años más de funcionamiento.

El contrato más grande que firmó este año la Cofece es por 9 millones 208 mil 353 pesos para reservación y emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales. Su vigencia se inició el 1 de enero de 2024 y vencerá el 31 de diciembre de 2026.

Por su lado, el contrato mayor del IFT —en lo que va del año en curso— es por 60 millones 344 mil 827 pesos. Se inició el 17 de enero de 2024 y vencerá el 31 de diciembre de 2025 con una agencia para la planeación, administración y contratación de medios complementarios y online para campañas de difusión.

Se trata de dos órganos que surgieron en 2013, cuando fueron promulgadas las reformas estructurales propuestas por el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Con el marco jurídico que surgió se extinguió la Comisión Federal de Competencia y fueron constituidos la Cofece y el IFT como órganos encargados de promover y supervisar el desarrollo de los mercados. El segundo se concentró en las telecomunicaciones.

La institución que más ha extendido su proyecto de permanecer es el IFT. Tiene un contrato para servicios de asistencia médica ambulatoria de primer contacto, asesoría psicológica y nutricional para sus colaboradores. Se inició el 24 de enero y concluirá el 10 de enero de 2027. Además, es el que más ha gastado en lo que va del año. Lleva 214 millones 239 mil 350 pesos en contrataciones.

Desde enero de 2021 el presidente puso como ejemplo al IFT en su justificación de por qué deben aparecer algunos órganos autónomos. “Lo del IFT, por ejemplo, ¿qué?, ¿no puede pertenecer a Comunicaciones?, lo hacía antes Comunicaciones, ¿y qué? El IFT, cuando se creó, de cuando se creó a la fecha, ¿ha hecho una muy buena labor?, o sea, ¿qué?, ¿ese trabajo no lo podría hacer la Secretaría de Comunicaciones?, porque yo recuerdo que hablaban de que de esa manera ya no iba a haber monopolios en la comunicación ¿y hay o no hay?”, expresó en la “mañanera” de ese día.

Estos son los gastos

Desde el año pasado, los cuatro órganos autónomos que se encuentran subrayados como los más propensos a la desaparición concentraron sus gastos en el funcionamiento de sus oficinas. Destacan la adquisición de productos de licenciamiento Microsoft que hizo la CRE, los servicios de limpieza integral de sus inmuebles del IFT y el INAI, y el suministro de papelería de la Cofece.

Así llegó el futuro. De ser aprobada la iniciativa del Ejecutivo federal estos órganos autónomos emblemáticos de su tipo deberán poner punto final a su historia iniciada con el fin de ser un balance para el poder.

INAI: la resistencia

En la intención del presidente de la República para desaparecer a los órganos autónomos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha estado en primer término. El órgano de la transparencia mexicana inició 2024 con cuatro de los siete comisionados que por ley debe tener debido a que el Senado rechazó las dos ternas que se le propusieron después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó hacer designaciones en posiciones vacantes.

Esa condición es resultado de la anulación del presidente Andrés Manuel López Obrador el 15 de marzo de 2023 de los nombramientos de dos comisionados con el argumento de que el proceso para la selección fue turbio. Además, Francisco Javier Acuña Llamas, fundador y expresidente del INAI, concluyó su encargo por esos días. La falta de comisionados hizo que el organismo cayera en un periodo de inoperancia que duró cinco meses. Pero el organismo dio una batalla legal que llegó a la SCJN. De esa forma pudo sobreponerse.

Otra realidad que enfrenta el INAI es la resistencia de las dependencias públicas a revelar información. Hay un cúmulo de 116 mil 766 expedientes bajo reserva; es decir, asuntos que las entidades han guardado con la justificación de que su difusión puede causar daño. El número es el que aparece en el Índice de Expedientes Clasificados como Reservados de los Sujetos Obligados del ámbito Federal (IECR). Puede ser mayor porque algunas dependencias no han actualizado su información.

Es justo esa información bajo reserva que el presidente López Obrador usó como una de sus justificaciones para plantear su extinción. El 8 de enero de 2021 propuso su sustitución por la Secretaría de la Función Pública (SFP). “Fast track, así, rápido, que se esté obligado a en 72 horas a entregar la información, que no haya reservas, transparencia completa y que el funcionario que no entregue en tiempo sea sancionado”, expresó.

Pero conforme al IECR, la SFP (a la que pasarían las funciones del INAI) es la segunda dependencia con más asuntos reservados, sólo después de la del Trabajo y Previsión Social (STPS). La SFP tiene mil 48, en tanto que la STPS guarda 16 mil 582. En comparación con organismos que también corresponden al Ejecutivo federal, la SFP tiene más clasificaciones que el Sistema de Administración Tributaria, el organismo que por su esencia debe privilegiar la secrecía.

Entre 2023 y lo que va de 2024, la mayor contratación del órgano que tutela los derechos del acceso a la información y la protección de datos personales fue para el servicio integral de limpieza en las instalaciones de su edificio sede por 3 millones 58 mil 862 pesos. Otro con uno de los montos más altos fue el firmado para el servicio integral de la 59 edición del foro de autoridades Asia-Pacífico por 2 millones 318 mil 80 pesos.

Así se encuentra el INAI en febrero de 2024 cuando deberá, otra vez, darle cara a la posibilidad de su desaparición después de dos décadas de funcionamiento.

El universo de los autónomos

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó en varias ocasiones a los órganos autónomos como “onerosos”, “facciosos” y “antipopulares”. El universo al que el primer mandatario se refirió empezó a gestarse en los noventa del siglo pasado con el Banco de México, el Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Para el politólogo de la Universidad de Guadalajara, Enrique Toussaint, esas tres instituciones significaron la “transición pacífica” a la democracia que en esa década tuvo una de las crisis más señalada con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, en 1994.

Luego, como astros, surgieron en las siguientes dos décadas el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI, hoy INAI), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, extinto), la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Federal de Competencia Económica , el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Gustavo López Montiel, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, expresa que la desaparición propuesta por el Ejecutivo va en el sentido de que algunos “no sirven”. Entonces destaca que su historia de casi tres décadas va en contraposición: “En realidad le quitaron poder al Ejecutivo y al Legislativo”.

El politólogo plantea que la desaparición es poco probable dado que el presidente carece de mayoría calificada en el Congreso, pero no es imposible. En ese escenario, “las dependencias tendrían que volverse funcionales” para asumir tareas que realizaban estas instituciones. Un panorama, indica López Montiel, como el que había antes de la conformación del universo de los autónomos, cuando el Ejecutivo contaba con un gran nivel de poder.