Los diputados de Morena darán su apoyo a la iniciativa de reforma que envió el Ejecutivo federal para acotar la subcontratación, conocida como outsourcing, y que se establezcan sanciones severas a las empresas que defrauden al fisco a través de esta figura, informó su coordinador Ignacio Mier Velazco.
Por su parte, la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, consideró que la propuesta del Ejecutivo resulta excesiva en sus sanciones que pueden llegar incluso a considerar esta actividad como defraudación fiscal bajo la forma de delincuencia organizada, por lo que se le impondría la prisión preventiva oficiosa.
Sin embargo, el morenista Mier Velasco dijo que por congruencia con los principios de la Cuarta Transformación y por compromiso político, moral y social con los trabajadores que ven afectados sus derechos sociales y laborales, apoyarán la iniciativa presidencial.
Afirmó que muchos empleados actualmente carecen de certeza laboral, incluso, muchas empresas actualmente no tienen personal contratado directamente y lo hacen a través de terceros que fungen como casas de raya o “pagadurías”.
Destacó que 4.6 millones de personas, según datos oficiales, están subcontratados, pero se calcula que esta cifra se elevaría hasta 7 veces, contando a las llamadas “pagadurías”.
El coordinador parlamentario refirió que actualmente el outsourcing genera graves afectaciones a los trabajadores, principalmente en sus pensiones, en el fondo de vivienda, reciben menores liquidaciones e indemnización frente a despidos, afectaciones a las licencias de maternidad, accidentes e incapacidades.
Al respecto, la coordinadora de los diputados del sol azteca, Verónica Juárez Piña, comentó que en la iniciativa del Ejecutivo se distinguen y regulan diversas formas de tercerización laboral, o sea que no desaparece la subcontratación como tal, además de que es excesiva en las sanciones.
“Reconoce la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de estos como una actividad legal, pero que debe regularse mediante la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y un registro público que garantice que no se están simulando relaciones laborales ni evadiendo responsabilidades”, indicó.
