Desaparecer en Sinaloa: peligro letal

La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa detectó que ese estado, que gobierna Rubén Rocha Moya, presenta la mayor tasa por cada 100 mil habitantes de personas que, tras haber sido desaparecidas, terminaron siendo localizadas sin vida. Aun con este escenario, el Sistema Estatal de Búsqueda continúa incompleto
Luis Herrera Luis Herrera Publicado el
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El estado de Sinaloa que gobierna el mandatario Rubén Rocha Moya, y que padece una fuerte presencia del crimen organizado, registra la tasa más alta de todo el país en materia de personas desaparecidas que terminan siendo localizadas sin vida por las autoridades, de acuerdo con los análisis elaborados por el Consejo Estatal de Seguridad Pública de esa entidad.

En el estudio titulado “Desaparición Forzada de Personas. Diagnóstico Sinaloa 2023“, publicado por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se evidencia la peligrosidad extrema que enfrentan las personas que llegan a ser víctimas de desaparición en esa entidad federativa.

La medición que hizo la Coordinación General del Consejo sobre el riesgo de fallecer que presentan las víctimas de desaparición en Sinaloa arrojó la alta cifra de la tasa en la entidad.

“En cuanto a las tasas por cada 100 mil habitantes en relación a las personas localizadas sin vida en el lapso de 1962 a julio de 2023, los cinco estados con las tasas más altas son: Sinaloa con 43.9, Colima con 38.8, Chihuahua con 22.2, Zacatecas con 18.3 y Tamaulipas con 17.9″.

Muy lejos de esa alta peligrosidad que presentan los casos de desaparición en Sinaloa, el estudio muestra que hay 18 estados del país que tienen tasas menores a 10 personas localizadas sin vida por cada 100 mil habitantes, a saber: Tabasco, Baja California, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Ciudad de México, Tlaxcala, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Sonora, Aguascalientes, Michoacán, Yucatán, Coahuila y Guanajuato.

Mientras que, en un rango medio de esta medición, se ubicarían las 12 entidades federativas restantes del país, al presentar tasas entre 10 a 22 personas localizadas sin vida bajo la misma métrica, las cuales son: Durango, Puebla, Nayarit, Guerrero, Estado de México, Baja California Sur, Nuevo León, Morelos, Jalisco, Tamaulipas, Zacatecas y Chihuahua.

En consonancia con esta información, el Diagnóstico advierte que el estado de Sinaloa que gobierna Rocha Moya, se encuentra entre las entidades del país con más hallazgos de personas desaparecidas que terminan perdiendo la vida, considerando los datos históricos (1962 a julio de 2023) del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Comisión Nacional de Búsqueda.

“Las cinco entidades que reportan el mayor número de personas localizadas sin vida en el periodo señalado son: Estado de México con 2 mil 026, Sinaloa con mil 328, Jalisco con mil 326, Chihuahua con 832 y Nuevo León con 812, estas cinco entidades representan el 49 por ciento del total (en ese lapso, a nivel nacional, fueron localizadas sin vida 12,851 personas)”.

Omisiones estatales

A pesar de esta alta peligrosidad que han adquirido los casos de desaparición en Sinaloa, el Gobierno de Rocha Moya, ha sido omiso en lo que respecta a la instalación y puesta en marcha del Sistema Estatal de Búsqueda previsto en la legislación, precisamente para asegurar un trabajo coordinado entre las distintas instituciones con responsabilidades en la materia.

Al referirse al diseño institucional que deriva de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, promulgada en 2017, este Diagnóstico presentado apenas el 9 de noviembre de 2023 por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, advierte que el sistema no ha sido formalmente integrado.

“Esta legislación general sentó las bases para que los congresos locales emitieran las leyes estatales en la materia, así como para la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y de las Comisiones estatales. En Sinaloa, la Comisión Estatal de Búsqueda se creó el 8 de marzo del 2019. Sin embargo, al mes de agosto de 2023 el Sistema Estatal de Búsqueda no ha sido formalmente integrado e iniciado funciones como órgano colegiado”.

Entre las omisiones detectadas en el estudio tanto del Gobierno de Rocha Moya como de los legisladores locales, destaca la falta de una convocatoria para la conformación del Consejo Ciudadano, previsto en el artículo 4, fracción VI, de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa (LMDFPS), una instancia de vital importancia por ser el órgano de consulta de la Comisión Estatal de Búsqueda Personas”.

De igual forma, se califica como “urgente” por las condiciones que presenta el estado, cumplir ya con el marco normativo instalando formalmente el Sistema Estatal de Búsqueda de Sinaloa, lo cual sigue pendiente, considerando que el mismo debe tener la siguiente integración, según el Artículo 14 de la LMDFPS.

 “I. La persona titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, quien lo presidirá; II. La persona titular de la Fiscalía General del Estado; III. La persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; IV. La persona titular de la Comisión Estatal de Búsqueda; quién fungirá como Secretaria Ejecutiva; V. La persona titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; y VI. Tres personas del Consejo Estatal Ciudadano que representen a cada uno de los sectores que lo integran”.

Fallas persistentes

El gobernador, Rocha Moya comenzó su periodo de Gobierno en Sinaloa en octubre de 2021, sin embargo, pese al tiempo transcurrido, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad asevera que persisten incumplimientos al marco legal que obstaculizan el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal de Búsqueda.

“De forma similar, la Comisión Estatal de Búsqueda debe elaborar y publicar el Plan Estatal de Búsqueda, el cual desde la creación de la Comisión en el año 2019 no se ha realizado; no solo eso, a la Comisión Estatal de Víctimas también le falta publicar su reglamento interno”.

Estos elementos que aún no se concretan, plantea el estudio, requieren de la voluntad de las instituciones responsables sobre estas áreas de oportunidad necesarias para el funcionamiento del Sistema Estatal de Búsqueda en su conjunto.

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