Desalojo mafioso persigue a ‘El Bronco’

Una vez más el nombre de Jaime Rodríguez, candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León, aparece relacionado con un desalojo violento e ilegal ocurrido durante su época como alcalde de García.

Pero en este despojo existen elementos adicionales que hacen de alta gravedad este caso para “El Bronco”: una persona resultó muerta y existe la sospecha de que participaron integrantes del Cártel de Los Zetas coludidos con elementos de la Policía de García.

César Cepeda César Cepeda Publicado el
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Una vez más el nombre de Jaime Rodríguez, candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León, aparece relacionado con un desalojo violento e ilegal ocurrido durante su época como alcalde de García.

Pero en este despojo existen elementos adicionales que hacen de alta gravedad este caso para “El Bronco”: una persona resultó muerta y existe la sospecha de que participaron integrantes del Cártel de Los Zetas coludidos con elementos de la Policía de García.

El nombre del candidato independiente aparece mencionado en la averiguación previa AP/PGR/NL/ESC-V/2452/D/2010, que la PGR inició por los hechos ocurridos la tarde del 28 de octubre del 2010, en la comunidad conocida como El Palmital, en el municipio de García.

Ese día resultó muerto por disparos hechos por militares Fernando Osorio Álvarez, un ingeniero que trabajaba para una constructora y que coordinaba las máquinas retroexcavadoras que se utilizaron para derribar las casas de los habitantes de esta comunidad, ubicada en la carretera García-Icamole.

Cuando arribó el Ejército, tras recibir una denuncia de que en la zona había un retén del crimen organizado, Osorio Álvarez huyó de la zona a bordo de su camioneta, pero fue alcanzado por las balas de los militares.

En la averiguación previa de la PGR –de la cual Reporte Indigo tiene una copia y de la cual un extracto se publica para su consulta en la página digital de este medio- existen 6 testimonios de testigos que involucraron en este desalojo a Rodríguez Calderón.

El nombre de Abel Guerra — hoy diputado federal del PRI y exalcalde de Escobedo— aparece también en el expediente señalado como propietario del terreno donde se llevó a cabo este desalojo.

En el operativo militar —según consta en la investigación federal— se detuvieron 10 policías municipales de García y 4 civiles armados. 

También se decomisaron 7 pistolas calibre .38, 3 escuadras .9mm, 4 cargadores,  44 cartuchos calibre .38, 51 cartuchos calibre .9mm, 38 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm y 55 cartuchos calibre .223 mm.

Armas y amenazas

Los habitantes de la comunidad El Palmital —que aseguraron tener 20 años viviendo en esos predios— sostuvieron en su comparecencia ante el Ministerio Público Federal que los elementos policiacos de García y los hombres civiles armados nunca mostraron una orden judicial que amparara el operativo.

Los hombres civiles armados que colaboraron en el desalojo con los elementos de la Policía de García –según consta en estos testimonios- dijeron que pertenecían al Cártel de Los Zetas.

María Paula Villanueva de los Santos, una habitante de la comunidad El Palmital, aseguró en su declaración ante la PGR que las personas armadas que irrumpieron en sus predios fueron enviadas por el entonces alcalde de García y hoy aspirante a la gubernatura de Nuevo León.

“Nos dijo el licenciado o ingeniero que los habían mandado Abel Guerra y el señor Jaime Rodríguez, éste último es Alcalde de García, Nuevo León, así mismo los civiles que venían armados iban muy violentos diciendo que pertenecían al grupo de los ‘Zetas’ y que sabíamos lo que nos pasaba si no le hacíamos caso al licenciado o ingeniero que los acompañaba”, aseguró en su testimonio María Paula Villanueva de los Santos.

Otra testigo, María Felipa Palomo Hernández, incluida en la investigación de la PGR, a cargo de Fernando García Mederez, agente del Ministerio Público federal, contó que en el desalojo participaron entre 30 y 35 policías de García y cerca de 18 hombres vestidos de civil con armas de fuego largas.

“Recuerdo que las armas las cargaban a la vista y esas personas no se veían gente de bien porque estaban todos tatuados y me decían que pertenecían a la organización criminal de los denominados ‘Zetas’, y que si no me salía del predio me iban a matar a mí y a mi familia…”, declaró Palomo Hernández, afectada por el desalojo en El Palmital.

La investigación federal incluye la declaración de Sergio Perfecto Cisneros Mariscal, habitante entonces de esta comunidad que denunció haber sido amenazado y torturado por elementos de la Policía de García y por los civiles armados cuando les preguntó si contaban con una orden judicial para el desalojo.

“Los civiles armados a punta de pistola me amenazaron y me dijeron que no me pasara de listo, que ellos eran de los ‘Zetas’, por lo que los policías me bajaron con lujo de violencia del vehículo propiedad de mi trabajo y me subieron a la granadera…”, aseguró Cisneros Mariscal.

“…y justo en ese momento se acercó en una camioneta RAM verde una persona de civil, quien en ese momento me manifestó que él representaba a La Compañía (Los Zetas), por lo que al percatarse que yo no le di importancia dijo nuevamente somos de la letra de ‘Los Zetas’”.

Actualmente en estos terrenos de El Palmital, donde se realizó el desalojo hace cinco años, se construye un complejo habitacional a cargo de la empresa AGA Capital, S.A. de C.V., propiedad de Eduardo García Alanís.

No es la primera vez que se liga a Rodríguez con despojos y desalojos de terrenos ubicados en la zona de la prolongación Lincoln, proyecto en el cual estuvo involucrado como uno de los directores de la Coordinación de Proyectos Estratégicos Urbanos del Estado.

El 17 de abril Reporte Indigo publicó la denuncia de habitantes de la comunidad El Fraile I, en García, que denunciaron haber sido despojados de sus terrenos durante la gestión como alcalde de Jaime Rodríguez.

El candidato rechazó haber ordenado el desalojo, en el que participaron policías municipales de García.

A raíz de ese artículo el candidato vetó a Reporte Indigo.

Sobre la presunta relación del arquitecto Fernando Osorio Álvarez con el crimen organizado, informada en su momento por el Ejército, la CNDH emitió una recomendación en contra de la Sedena por la violación de sus derechos humanos.

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