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El proceso la elección de la terna final de aspirantes a fiscal está estancado en el Consejo Judicial Ciudadano. Foto: Especial

Los desafíos del próximo fiscal de la CDMX

La Ciudad de México aguarda la designación de su nuevo fiscal general; sin embargo, quien asuma el cargo, deberá enfrentarse a un entorno complejo, incidencia delictiva y reformas

En los próximos días, se definirá a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX), quien llegará a una institución cuestionada, en una entidad que padece un incremento de delitos como la extorsión y los relacionados con la violencia de género.

Actualmente, está en proceso la elección de la terna final de aspirantes a fiscal, que será enviada a la jefatura de Gobierno para que dé su visto bueno y después el próximo titular de la FGJ de la CDMX será designado por el Congreso local para estar en el cargo durante cuatro años, en el lapso comprendido entre 2025 y 2029.

Cabe señalar que dicho proceso inició el pasado 24 de octubre, cuando el Consejo Judicial Ciudadano, órgano encargado de definir a los candidatos que serán votados por el pleno del Congreso local, emitió la convocatoria correspondiente para elegir al nuevo titular del órgano ministerial.

La importancia de este proceso recae en que se definirá al titular de la FGJ, órgano encargado de investigar, perseguir delitos y de iniciar procesos penales en la CDMX.

Los aspirantes a ser el nuevo fiscal son Bertha María Alcalde Luján, Anaid Elena Valero Manzano, Mario Alberto Martell Gómez, Richter Morales Ulrich, Moreno Caballero Fernando, García Ramírez José Alejandro y Rodríguez Espejel Francisco Javier.

No obstante, quienes se perfilan para aparecer en la terna final son Alcalde Luján, Valero Manzano, Morales Ulrich y Moreno Caballero.

Entre los retos que deberá enfrentar la nueva fiscalía, se encuentra adaptarse a la nueva Reforma Judicial, fortalecer la denuncia ciudadana y mejorar sus capacidades de investigación.

Aunado a esto, los desafíos que tendrá quien sea designado como nuevo titular de la fiscalía, son un reflejo de la situación a nivel nacional en materia de impunidad.

Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que del 68 por ciento de denuncias de delitos en las que se abrió una investigación a nivel nacional en 2023, en 47.9 no procedió o no se resolvió la denuncia y 27.6 por ciento se quedó en trámite.

Asimismo, menciona el estudio del INEGI, que las razones para no denunciar delitos se atribuyen a la autoridad en 60.8 por ciento de las ocasiones; otras causas ocupó 38.5 por ciento y en 0.7 por ciento de los casos, no se especificó.

“Entre las atribuibles a la autoridad, los motivos más comunes fueron: pérdida de tiempo, con 34.4 por ciento; desconfianza en la autoridad, con 12.7 por ciento, y trámites largos y difíciles, con 9.8 por ciento”, refiere la encuesta del INEGI.

Por otra parte, agrupa otras causas, como que los delitos se consideraron de baja importancia (12.9 por ciento), falta de pruebas (9.4 por ciento), y miedo del agresor (6.2 por ciento).

Asimismo, el INEGI documentó que los delitos que no son denunciados por parte de los hombres, en 35.9 por ciento de los casos, porque es considerarlo una pérdida de tiempo y, en 13.6 por ciento, por desconfianza en la autoridad. Mientras que los delitos no denunciados por las mujeres, en 33.1 por ciento de los casos, fue por pérdida de tiempo y en 11.9 por ciento, por desconfianza en la autoridad.

Colaboración y acercamiento con la ciudadanía

Uno de los retos más importantes para quien sea designado como el nuevo fiscal de la Ciudad de México, será la coordinación con otras instituciones de seguridad con el fin de garantizar la paz en la entidad, explicó en entrevista con Reporte Índigo, Miguel Ángel Garita Alonso, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y director del Seminario de Teoría del Estado de la misma facultad.

“El fiscal debe tener una estrecha colaboración para que exista un plan general para contrarrestar la delincuencia en la Ciudad de México”, detalló el académico de la UNAM, quien abundó en que el próximo titular de la FGJ “debe estar vinculado de manera sistemática con los otros órganos y debe ser sin perjuicio de su independencia, para no afectar la impartición de justicia”.

Garita Alonso agregó que el fiscal debe estar coordinado de manera sistemática con otros órganos del Estado, pero no debe perder su independencia, y sostuvo que, a estas alturas, también debe tener un proyecto para que los funcionarios actúen con respeto a los derechos humanos; atención a las víctimas; y contar con un catálogo de los delitos que hay en la CDMX para poder atenderlos.

Especialistas coinciden en que los desafíos del nuevo fiscal de la CDMX iniciarán con la transición en el Poder Judicial, y la continuidad en el combate de los delitos de alto impacto en la capital. Foto: Especial

Es importante recordar que, en 2019, se constituyó la Fiscalía General de Justicia, antes Procuraduría General de Justicia, con el fin de mejorar la persecución de delitos así como para integrar un enfoque de derechos humanos y con base en el nuevo Sistema Penal que entró en vigor en 2016.

Con el nuevo modelo de la Fiscalía, los policías de investigación tienen que recabar las pruebas necesarias para integrar una carpeta de investigación sólida, ya no solo cumplen con órdenes de aprehensión.

Mientras que los fiscales y el Ministerio Público tienen la responsabilidad de armar casos judiciales para que un juez vincule a proceso a los detenidos y presuntos delincuentes; su tarea ya no es solicitar órdenes de aprehensión ni presentación.

La primera titular de este órgano fue Ernestina Godoy, quien estuvo en el cargo desde enero de 2020 hasta el mismo mes de 2024.

Fiscal debe adaptarse a la Reforma Judicial

El nuevo fiscal de la Ciudad de México tendrá reto un reto trascendental, que será encabezar la FGJ durante un proceso de transición en el Poder Judicial y lo que ello implica, detalló a este medio, Artemisa Montes Sylvan, académica de la Universidad La Salle y directora ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis.

La especialista afirmó que uno de los problemas que tendrá la fiscalía, es el seguimiento a los casos judiciales, debido a la elección de nuevos jueces.

“Con la elección de los nuevos jueces habrá que ver qué pasa con los casos que tenían sus antecesores, entonces probablemente exista un retraso en lo que los nuevos jueces retoman los casos y esto podría complicar el trabajo de la fiscalía”, aclaró.

Montes Sylva sostuvo que la reforma a la estructura y facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México podría impactar a la fiscalía en la capital, porque Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana de la capital y exdirector de la Policía de Investigación de la Fiscalía, podría llamar a funcionarios del órgano a colaborar en la dependencia federal.

Asimismo, adelantó que dicha reforma también impactará a la fiscalía porque habrá que ver cómo se adaptan las nuevas facultades de la SSPC con el trabajo realizado por la FGJ. “Va a ser un tema muy complicado durante este año para quienes vivimos en la Ciudad de México”, señala la especialista.

Fortalecer la investigación y promover denuncias

Montes Sylvan indicó que, actualmente, la Fiscalía General de la capital tiene muchos problemas para armar las carpetas de investigación y que estos puedan sostener un caso.

“El principal tema empieza desde las denuncias, lleva muchísimo tiempo, la cifra negra de los delitos siempre está cerca del 80 por ciento porque no existen las condiciones ni la infraestructura institucional para atender las denuncias”, agregó.

Además, Montes Sylvan señaló que en las mismas oficinas de la Fiscalía, los funcionarios tratan de disuadir la denuncia. Por ello, aseguró la especialista, uno de los retos del nuevo fiscal, será mejorar y fortalecer tanto las capacidades de investigación, así como facilitar el proceso de la denuncia.

“Lo que vemos es que, a veces, delitos de alto impacto que ocurren en la vía pública tienen una respuesta rápida, pero sin seguimiento ya después se desconoce si los que capturaron fueron los responsables. Por supuesto, algo que no podemos olvidar es todo el tema de feminicidios”, subrayó.

Y, por último, la académica de La Salle, recalcó que el nuevo fiscal deberá dar continuidad al combate a delitos de alto impacto como la extorsión, robo a transeúnte y la violencia contra las mujeres.

¿Por qué hay polémica en la designación de fiscal capitalino?

Durante el mes de noviembre pasado, Bertha María Alcalde Luján se encaminaba para ser designada como la nueva fiscal de la Ciudad de México, al ser uno de los siete perfiles finalistas en el proceso que ha llevado a cabo el Consejo Judicial Ciudadano. Alcalde Luján es la hermana de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, y ha sido comisionada de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y fue aspirante a ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

No obstante, el pasado 10 de diciembre, durante la octava sesión del Consejo Judicial Ciudadano, cuando se debía discutir y llegar a un acuerdo para enviar la terna final de aspirantes para su aprobación a la jefatura de Gobierno, el órgano no llegó a un consenso y se cuestionó el perfil de Alcalde Luján. En total, el Consejo Judicial Ciudadano hizo tres rondas de votación para definir la terna, pero ninguno de los perfiles en cuestión alcanzó los siete votos necesarios.

Durante la participación de los consejeros, hubo críticas a la candidatura de Alcalde Luján, entre estas, destacó que no contara con la homologación de su título de maestría en Derecho, un requisito de la Ley General de Profesiones. Igualmente, los consejeros advirtieron sobre la posible existencia de un conflicto de interés debido a su relación familiar con Luisa María Alcalde, quien además de liderar el partido Morena, fungió como secretaria de Gobernación durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

En noviembre, Bertha María Alcalde Luján se encaminaba a ser designada como la nueva fiscal de la Ciudad de México; sin embargo, el Consejo Judicial Ciudadano, no llegó a un consenso y se cuestionó su perfil por su cercanía a Morena. Foto: Especial

Ante esta situación, el presidente del Consejo Judicial Ciudadano, Jorge Nader, declaró receso ante la falta de acuerdos y quedó pendiente fijar una fecha para decidir la terna final de aspirantes.

Sin embargo, no es la primera vez que existe polémica con el nombramiento del fiscal en la CDMX. En diciembre de 2019, el Congreso de la capital designó a Ernestina Godoy en el cargo, pero el nombramiento se dio entre cuestionamientos por la cercanía de Godoy con Morena y la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Previo al nombramiento de Godoy, se desempeñó como legisladora local y federal por el partido Morena.

Mientras que, en enero de 2024, la otrora fiscal buscó la ratificación en el cargo, situación a la que la jefatura de Gobierno dio el visto bueno para que continuara en la FGJ por cuatro años más, pero Morena no logró la mayoría calificada y el Congreso de la capital rechazó la ratificación, fue en ese momento cuando inició otra polémica con la suplencia de Ulises Lara.

Las críticas a Lara fueron generadas porque al ser designado como encargado de despacho, Lara López no contaba con el título de la licenciatura en Derecho. Esto se tornó más complejo porque el 10 de enero de 2024, un día después de asumir la suplencia, en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública apareció el registro de que el servidor público ya contaba un título universitario expedido en 2024 por el Centro Universitario Cúspide.

En defensa de Lara, Morena argumentó que Lara no necesitaba una cédula profesional porque tenía experiencia y además, recalcaron que se trataba de una suplencia.

Lara ya no participó en el proceso para designar al nuevo fiscal de la Ciudad de México, pues uno de los requisitos establecidos en la ley para asumir ese cargo es contar con título en Derecho por un periodo mayor a cinco años.

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