Derrochan en investigación

Durante el periodo de la LXII Legislatura, la Cámara alta invirtió 25 millones 252 mil 473 pesos para la realización de estudios y análisis sobre diversos temas. 

Algunos de estos estudios no se tratan de investigaciones baratas, en el sentido literal de la palabra.

En su mayor parte, son análisis contratados por un pago de miles de pesos sobre temas legislativos o de coyuntura.

El más oneroso fue el contratado por la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva para evaluar “la agenda mediática” de la actuación de los líderes del Senado, en el 2013.

Por ese seguimiento a la Mesa Directiva, la Cámara alta invirtió 4 millones 560 mil pesos por el monitoreo de un año legislativo, del 1 de septiembre del 2013 al 31 de agosto del 2014.

En ese periodo, el presidente de la Mesa Directiva fue el priista Raúl Cervantes Andrade, hoy senador con licencia y quien –se dice- podría ser propuesto como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hay otros estudios que han costado más de un millón de pesos.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos contrató, en marzo pasado, un servicio de consultoría para el análisis de información sobre temas legislativos generados por senadores y senadoras.

La intención de este análisis, que tuvo un costo de un millón 345 mil 600 pesos –para el periodo del 16 de marzo al 31 de diciembre del 2015-, es procesar la información que se genere desde el Senado y proponer las estrategias a seguir.

Otro estudio millonario fue encargado por la Mesa Directiva en agosto del 2014 para la “investigación, redacción y edición de una obra con motivo de los acontecimientos históricos acaecidos en el puerto de Veracruz en 1914 y 1915”.

Esta obra fue otorgada por adjudicación directa el 29 de agosto de 2014, dos días antes de que Raúl Cervantes dejara la Mesa Directiva, y cuatro antes de que pidiera licencia como senador.

La persona que obtuvo el contrato de un millón 465 mil pesos fue el exsenador por Veracruz, Dionisio Eduardo Pérez Jácome.

En mayo del 2013, la Coordinación de Comunicación Social adjudicó la realización de un estudio regional sobre “Percepción Ciudadana del Senado de la República en la LXII Legislatura”.

El presidente de la Mesa Directiva era el panista Ernesto Cordero. Por él, el Senado pagó un millón 371 mil 955 pesos.

Los estudios del IBD

El Senado de la República cuenta con dos instancias encargadas de realizar investigaciones sobre los temas parlamentarios que se debaten en el Congreso.

Aun así, mandó hacer 105 estudios y análisis cuyos contratos se otorgaron por adjudicación directa.

Por un lado, se encuentra el Instituto Belisario Domínguez que, de acuerdo con la normatividad del Senado, “desarrolla investigaciones, análisis y estudios sobre los temas de la agenda legislativa (…) con el fin de fundamentar la toma de decisiones para el mejor cumplimiento de sus facultades y competencias”.

Este Instituto fue el que contrató el 95 por ciento de las investigaciones: de 105 ordenó hacer 99.

Además, el Senado cuenta con el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, encargado de hacer estudios e investigaciones sobre temas de política internacional y política exterior de México.

Este Centro de Estudios no contrató una sola investigación externa.

Los otros seis estudios fueron realizados por encargo de la Mesa Directiva (2), la Coordinación de Comunicación Social (2), la Dirección General de Asuntos Jurídicos (1) y la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva (1).

En los estudios encargados por el Instituto Belisario Domínguez se observa todo tipo de temáticas: desde la legislación en derechos humanos hasta el análisis de la reforma fiscal o la deuda pública.

El costo de estos estudios va desde los 18 mil hasta los 260 mil pesos. Todas las contrataciones otorgadas por adjudicación directa.

Por ejemplo, para la realización de una serie de “Reportes Periódicos de Temas Estratégicos del Área de Desarrollo Económico y Sustentabilidad”, entre mayo y agosto del 2014, se erogaron 109 mil 515 pesos.

Para un estudio denominado “Caso práctico de la implementación del modelo para evaluar la factibilidad hacendaria en México” y el “Análisis de factores condicionales del éxito de la reforma financiera”, ambos contratados el 28 de agosto pasado, se invirtieron 261 mil 696 pesos.

En un estudio denominado “Ampliación de la Ley agraria que contemple cuando un integrante del comisariado ejidal abandona sus obligaciones”, adjudicado en julio del 2015, se erogaron 243 mil 356 pesos.

La mayoría de los estudios encargados por el Instituto Belisario Domínguez han tenido un costo mayor a los 200 mil pesos.