Derrame en el río Sonora, entre la injusticia

A siete años del derrame de Grupo México en el río Sonora y el Río Bacanucho que dejó una afectación contra siete municipios, las autoridades han prometido mucho y cumplido poco, acusan organizaciones sociales como PODER.

Tras el derrame del 6 de agosto de 2014 en el que se vertieron toneladas de sustancias tóxicas y metales pesados, las autoridades correspondientes no han realizado siquiera un diagnóstico para conocer de qué tamaño es la afectación que podría repercutir en la salud de alrededor de 22 mil pobladores durante los próximos 20 años.

“Hemos visto una serie de falta de procesos de reparación justa para la comunidad. Lo que hemos visto es que desde 2014 para acá se hicieron una serie de compromisos, una serie de acuerdos, de una remediación integral, que incluía la construcción de ciertas clínicas, la construcción de 36 potabilizadoras, que deberían separar metales pesados, y solamente funciona una de manera intermitente y 35 no operan, no sirven, solamente sirve una”, denuncia Miguel Soto, director de Vinculación Estratégica e Incidencia de la organización PODER.

La organización de derechos humanos acompaña a la sociedad organizada de los comités de Cuenca del Río Sonora.

“La Cofepris da conocer que realizó varios muestreos y que pozos de siete municipios del Río Sonora están contaminados con plomo y arsénico, con cantidades por encima de los niveles permitidos por las normas oficiales. Entonces, al ver eso, surgen varias inquietudes desde la comunidad y desde nosotros que les acompañamos, qué es, primero, cómo es posible, la autoridad tenía conocimiento de esta contaminación en el agua, de esta distribución a través de los pozos y no hizo nada, primero para alertar a la población y luego para implementar un plan de emergencia”, explica.

El especialista calcula que en 15 o 20 años se podrían resentir las secuelas, por ello es indispensable que se realice un diagnóstico socioambiental, un diagnóstico de salud y atención a la salud integral de la población con seguimiento a largo plazo.

Desaparecen fondo para el río Sonora

Miguel Soto critica que la autoridad haya desaparecido el fideicomiso para hacer algunas acciones en beneficio de la comunidad tras el derrame.

“Una de las soluciones que dio en su momento en la anterior administración, junto con Grupo México, fue crear este fondo de remediación relativamente grande, dos mil millones de pesos, para solucionar todos los temas. Este fondo fue cerrado de forma unilateral en 2017, sin avisarle a la comunidad, haciendo este subejercicio de 40 por ciento de los recursos, diciendo que ya quedó solucionado el problema”, explica.

El cierre del fideicomiso abre una disputa legal en la que varias organizaciones están al tanto y la exigencia de la población es que se reabra la medida.

“En mayo de este año hubo una reunión pública de información, es el término técnico que se utiliza, en el que justo por esta orden de la Suprema Corte de Justicia tiene que haber un diálogo y una explicación de la autoridad ante la comunidad del porqué se cerró el fideicomiso” detalla.

La demanda de los pobladores desde mayo pasado es que no se han reparado los daños y se incumplió con los compromisos.

“Con ese contexto de que no hay solución en este sentido de cómo se va a reabrir el fideicomiso, de que no hay una solución o un plan integral sobre cómo se soluciona el tema urgente para la comunidad, que es el acceso al agua limpia, sin plomo y sin arsénico, es que nosotros junto con la comunidad llevamos este recurso de la Profepa”, explica.

Las organizaciones solicitan la aplicación de medidas cautelares, que son “medidas urgentes que se tienen que aplicar en momentos de emergencia, cuando hay amenazas fuertes medioambientales y a la salud pública”, explica Miguel Soto.

Respuesta lenta

La organización PODER considera que la respuesta de este gobierno sigue siendo lenta, pero aún tiene tres años esta administración federal para dar resultados.

“Es urgente que llegue esta respuesta y que la Profepa se lo está tomando con bastante calma ante una situación que es urgente, y lo que señala la comunidad y que hemos señalado también nosotros, que les acompañamos, es que ya son siete años desde que ocurrió esto. El mismo Gobierno federal, en su momento el subsecretario López-Gatell señaló todo lo que hubo después, en la administración pasada, fueron procesos de simulación y ante estos llamados procesos de simulación, creo que coincidimos. En ese sentido, es que urgimos a una respuesta de la Profepa”, explica Soto en entrevista.

Los pobladores de la Cuenca Río Sonora afectadas por el derrame de 40 millones de litros de una solución de sulfato de cobre acidulado sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, provenientes de una mina de Grupo México, presentaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una solicitud de estas medidas cautelares.

Aseguran que se debe proteger la salud de la población de ocho municipios, cuya población tiene que tener acceso a agua limpia y deben de reubicarse los pozos contaminados, cuya presencia de arsénico y plomo ha sido reconocida por autoridades federales.

“Las medidas solicitadas por las y los habitantes organizados en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) surgen tras #7añosDeImpunidad y de acciones de litigio emprendidas por las comunidades y ante la falta de reparación integral de los daños causados por el derrame y el reconocimiento oficial, a finales del año pasado, de que pozos que abastecen de agua a miles de personas contienen metales en cantidades peligrosas para la salud”, señala un comunicado de las organizaciones.

Este viernes, se cumplieron siete años del derrame y la población se mantiene en esta demanda ante la poderosa empresa minera Grupo México y ante un reconocimiento oficial que ha servido de poco.

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