Derechos reproductivos de las mujeres en México enfrentan muchos retos
A lo largo del año, el Poder Ejecutivo disminuye los recursos previamente asignados por el Legislativo sin ningún control, por lo que el presupuesto disponible para atender la salud sexual, materna y reproductiva de las mujeres termina siendo aún menor al asignado
Ernesto SantillánLa Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el gasto público en salud por país represente mínimo el seis por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, México destina menos del 3 por ciento, uno de los principales motivos por los cuales la atención médica es de baja calidad, no se cuenta con la infraestructura suficiente y el acceso es desigual.
Entre los sectores más afectados por la falta de recursos y de servicios de salud que cumplan con los estándares internacionales, están las mujeres.
De acuerdo con Fundar, a pesar de ser una de sus obligaciones, el Estado Mexicano está lejos de poder garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva (SSyR) de las mujeres.
¿Qué cambios debe hacer el Congreso para que el #PEF2024 garantice el derecho a la cultura, así como a la salud sexual y reproductiva? @lapau_castano y @janetitaeng hacen un balance en el #ParlamentoAbierto de @Mx_Diputados.
▶️ https://t.co/ZuHMEF1KqK#SinRecursosNoHayDerechos pic.twitter.com/e5ZOYOPsAs— Fundar (@FundarMexico) October 25, 2023
Muestra de ello, son los altos niveles de muerte materna y embarazo adolescente no deseado, el creciente número de mujeres que experimentan violencia en todas sus formas y la persistente criminalización de quienes han ejercido su derecho a decidir.
En su investigación titulada “Muchos recortes y pocos recursos, desafíos para garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres”, la organización civil explica que uno de los retos que impide la garantía plena de estos derechos se relaciona con el poco dinero público que se asigna a los tres programas de SSyR dirigidos a más de 34 millones de mujeres sin empleo formal, quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y acceden a los servicios de salud para población abierta.
De mal en peor
La investigación de Fundar deja en claro cómo ha decrecido el presupuesto para fines de atención sexual y de reproducción de las mujeres a lo largo de la actual administración.
Entre 2018 y 2023, los recursos asignados por el Poder Legislativo para el Programa Salud Materna Sexual y Reproductiva (SMSyR) no han sido progresivos, sino todo lo contrario.
El presupuesto de 2023 es 26.2 por ciento menor que el que se aprobó hace cinco años, en 2018.
En términos de monto de recursos, 2019 fue el año de mayor asignación, con 3 mil 083 millones de pesos, y 2022, el de menor con 2 mil 232 mdp.
El presupuesto del Programa Salud Sexual y Reproductiva para las mujeres, no tuvo incrementos este año en el #PPEF2022.
La falta de recursos puede afectar los avances en la reducción de la mortalidad materna.#NiUnaMenos #NiUnPesoMenos pic.twitter.com/BWAmbZO99d— Beatriz Olivera (@beoliverav) November 4, 2021
“Estas fluctuaciones afectan la cantidad de profesionales de la salud, insumos, medicamentos e infraestructura disponibles para garantizar el ejercicio de estos derechos por parte de las mujeres”, se lee en el documento.
La organización también explica que a lo largo del año, el Poder Ejecutivo disminuye los recursos previamente asignados por el Legislativo sin que este ejerza ningún control, por lo que el presupuesto disponible termina siendo aún menor al asignado, hecho que afecta todavía más los derechos de las mujeres mexicanas.
“El Ejecutivo no debería realizar adecuaciones a la baja sin justificación y sin aprobación del Congreso. A pesar de este principio, en 2019 y 2022, el Ejecutivo disminuyó en más de un tercio los recursos que se aprobaron para el Programa de SMSyR, lo que impactó el cumplimiento de sus metas y objetivos.
“Estas disminuciones han sido constantes y se han vuelto más una regla que una excepción… Además, es importante señalar que estas adecuaciones se dan en un contexto en el que la violencia contra las mujeres se ha recrudecido, en el que hay una mayor demanda de los servicios de salud por el crecimiento demográfico y en el que el presupuesto en salud para población abierta es históricamente bajo en comparación con el de sistemas de salud para personas con empleo formal”, dice el centro de análisis e investigación.
Aunado a esto, también se reportan subejercicios, ya que las unidades ejecutoras de los programas de SMSyR no gastan en su totalidad el presupuesto que tienen disponible en un año fiscal determinado.
De acuerdo con Fundar, los mayores subejercicios se presentaron en 2021 con -4.6 por ciento y en 2022 con -6.6 por ciento, situación que compromete aún más los recursos para salud sexual y reproductiva.
Recursos en la opacidad
Uno de los principales hallazgos de la investigación realizada por Fundar en materia de derechos sexuales y reproductivos de la mujeres, son elevados niveles de opacidad con los que se manejan los recursos destinados para este fin.
De acuerdo con el centro de análisis e investigación, la falta de transparencia en el gasto impide conocer la totalidad de recursos que se asignan para financiar los programas de SSyR.
A pesar de que actualmente existe se cuenta con el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE), plataforma en la cual se debe detallar el monto específico que cada estado ha de destinar a salud sexual y reproductiva, las entidades no transparentan las cifras.
“Si bien la plataforma SIAFFASPE es muy útil para conocer dichos montos, no se publica de forma proactiva, por lo que sólo se accede a ella a través de solicitudes de información pública; información que no se entrega en formatos abiertos, lo que limita su consulta y uso por la ciudadanía.
“Esto significa un retroceso en términos de transparencia y rendición de cuentas, pues se perdió la trazabilidad de estos recursos que antes sí se reportaban”, asegura Fundar.
Panorama desalentador
La investigación “Muchos recortes y pocos recursos, desafíos para garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres” que publicó Fundar el 24 de octubre pasado, advierte que son cinco los principales retos que impiden que este sector poblacional acceder a sus derechos.
El primero de estos se refiere a las carencias por ingreso y salud. Prueba de esta problemática que enfrentan es que el año pasado, el 36.9 por ciento de las mujeres en México, es decir, aproximadamente 24.1 millones, vivía en situación de pobreza de acuerdo con las cifras del Coneval.
Además, en ese mismo año, datos de la ENIGH 2022 muestran que 38.7 por ciento de las mujeres (25.2 millones), no tenían acceso a servicios de salud.
El segundo obstáculo es el elevado número de muertes de mujeres que se dan al año por cada 100 mil nacimientos en el país.
De acuerdo con Fundar, en 2020 y 2021, la Razón de Muerte Materna (RMM) nacional fue de 39.8 y 46.6 mujeres respectivamente.
“Esta cifra se mantiene mucho más alta en regiones con mayor pobreza y población indígena, en particular en Chiapas, Guerrero y Oaxaca”, se lee en la investigación.
En 2020, el promedio de RMM en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fue de sólo 22 mujeres. Los países con la tasa más baja, como Noruega o Polonia, registran sólo 2, de acuerdo con cifras del Banco Mundial.
La violencia en todas sus formas, pero en especial la obstétrica, es otro de los principales obstáculos para poder garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Cifras del INEGI con corte a diciembre de 2022, revelan que en el país el 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha experimentado violencia al menos una vez en su vida.
El tipo de violencia de mayor prevalencia fue la psicológica (51.6 por ciento), luego la sexual (49.7 por ciento), la física (34.7 por ciento) y la económica con 34.7 por ciento y la patrimonial o discriminatoria (27.4 por ciento).
Mientras que 33.4 por ciento de las personas que tuvieron un parto o cesárea entre 2016 y 2021 reportaron haber sufrido violencia obstétrica.
MIra tu por donde que he encontrado otra estadística en el INEGI y vuelve A CONTRADECIRTE.
Si está por debajo del 50% tu afirmación de que la mayoría de las mujeres han sufrido violencia sexual es FALSA. pic.twitter.com/DgWh8zp7Y2
— Almudena La Machirula Plutoniana.🔨🪛🗜️🔧🪚 (@OSilenciosa) October 1, 2023
La falta de planificación familiar y de educación sexual es otro de los principales motivos que truncan los derechos de las mujeres en esta materia.
Según el análisis de Fundar, en 2018, el 27.4 por ciento del embarazo adolescente no fue planeado y obedecía a un deficiente acceso a información sexual y métodos anticonceptivos.
“Cinco años después, es alarmante comprobar que prevalece el embarazo en niñas, lo que constituye una grave forma de violencia y una omisión del Estado en la garantía de sus derechos: en 2021, se presentaron 111 mil 172 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años al momento del nacimiento”.
Por último, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia del País despenalizó el aborto a nivel federal, el acceso a estos servicios de forma segura aún no es una realidad para todas las mujeres mexicanas, lo cual también atenta contra sus derechos sexuales y reproductivos.
¿Cómo resolver la crisis?
La primera batalla que se tiene que librar para que las mujeres puedan acceder a sus derechos en materia de salud, es para modificar el presupuesto asignado en la materia para el próximo año, explica Fundar.
“Frente a la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) de 2024, es urgente que el Poder Legislativo tome en cuenta tanto los dictámenes de las distintas comisiones parlamentarias (salud, género, niñez, etc.) como las demandas de la sociedad civil y profesionales de la salud respecto a la necesidad de aumentar el presupuesto actual del Programa de SMSyR, lo que permitiría recuperar algunos de los indicadores de SSyR y mejorar progresivamente el ejercicio de los derechos de las mujeres.
“Se propone que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2024, la asignación de recursos al Programa de SMSyR recupere al menos los niveles de 2019, año en que tuvo los recursos más altos en el periodo 2018-2023”.
En materia legislativa, el centro de investigación y análisis, también recomienda al Congreso de la Unión pronunciarse en contra de las adecuaciones a la baja del Ejecutivo para garantizar la irreductibilidad del presupuesto que aprobó para los programas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, tal como señala la Ley.
Por último, Fundar asegura que es fundamental evitar los subejercicios y fomentar la transparencia.
“Dados los múltiples desafíos para garantizar la SSyR de las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad, es fundamental comprometer más recursos para su atención, promover un mayor control del Legislativo que evite las adecuaciones a la baja por parte del Ejecutivo y lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas de los recursos comprometidos y ejercidos para la garantía efectiva de estos derechos”, comenta la organización.
