Para Consuelo Morales Elizondo el problema es que ahora hace falta que las otras instituciones se ocupen también de la problemática
Hace 10 años, el panorama de inseguridad en el estado era desolador y la indiferencia de las autoridades sólo empeoró las cosas
“Este tema no es únicamente de quienes ya estamos viviendo el drama de la desaparición. Hoy en día, cualquiera está expuesto a que se violen sus derechos, a ser desaparecido, a ser torturado”
Abel Barrera considera que existe complicidad al interior de las procuradurías locales para proteger a los responsables
Para distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos, la aprobación en el Senado de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada sí ha significado un avance tanto para las víctimas como para la sociedad civil en general.
Sin embargo, advierten sobre los grandes pendientes en el tema, sobre todo en procuración de justicia y protección a las víctimas.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Montaña de Tlachinollan, asegura que gracias a la lucha de las familias se ha colocado el tema de la desaparición forzada en la agenda pública, aunque este esfuerzo no ha sido cobijado por acciones oficiales.
“La víctima no se siente reconocida como víctima, no se siente protegida por el Estado, no se siente escuchada en su clamor. Hace falta una estructura gubernamental que cobije, que cubra, que en verdad le de garantías.
“El país tiene que encontrar un nuevo rumbo. Un rumbo en donde las víctimas sean el centro de la acción política y sobre todo de la atención profunda, comprometida y cercana a su dolor”, dice.
El activista lamenta cómo se ha ido desvirtuando el proceso de investigación sobre las desapariciones forzadas, que a su juicio revela que existe complicidad al interior de las procuradurías locales para proteger a los responsables.
“Creo que es el daño más severo que estamos enfrentando como país. Que sabiendo que el delito de desaparición forzada es un delito continuado, que coloca a la familia en un estado de indefensión, en una situación al margen de lo significa garantizar los derechos básicos”, apunta.
Por su parte, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, considera que pese al avance en la legislación, la ley tiene algunos pendientes como la consolidación de un verdadero mecanismo de búsqueda, pero el retraso más dramático que ha observado es en las procuradurías de los Estados.
“Lo que vemos son procuradurías demasiado burocráticas, demasiado apáticas con las víctimas y que no han sabido plantear estructuras sólidas para poder investigar casos que implican criminalidad organizada”, detalla.
Para Grace Fernández, integrante del Movimiento por nuestros Desaparecidos en México, uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los familiares de los desaparecidos en el país es la falta de capacidad de las instituciones de procuración de justicia.
“En las procuradurías lo que impera es la impunidad y la ineficiencia, porque realmente es que no saben como hacer las cosas y no quieren hacer las cosas.
“Muchas veces hemos dicho desde los espacios de desaparición forzada que no saben cómo investigar; si tú, dentro de la fiscalía no tienes la carrera ni realmente la preparación que deberías de tener pues nunca va a funcionar”, reconoce.
Grace ha vivido en carne propia la realidad a la que se enfrentan los familiares de los desaparecidos en México, y en la búsqueda de respuestas sobre la desaparición de su hermano Dan le ha tocado vivir la dureza a la que se enfrentan en las instancias de procuración de justicia.
“Cuando tienes un militar involucrado, una autoridad involucrada, a partir de ahí, la investigación se detiene. Se vuelve una investigación de papel, completamente de escritorio y realmente ahí es donde ves la corrupción y la impunidad que impera en el sistema de justicia, porque realmente no quieren buscar porque se encuentran ellos mismos.
“Este tema no es únicamente de quienes ya estamos viviendo el drama de la desaparición. Hoy en día, cualquiera está expuesto a que se violen sus derechos, a ser desaparecido, a ser torturado”, detalla.
Sin condenas, investigaciones, ni cifras concretas, las desapariciones forzadas en México se encuentran envueltas en un halo de opacidad e impunidad.
No existe en el país ningún órgano ni institución gubernamental que lleve a cabo la cuenta sobre las desapariciones que ocurren y muchas veces los órganos encargados de la procuración de justicia son opacos u evaden dar datos duros al respecto.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dicen que de 2007 a junio del 2017, se han registrado 31 mil 492 desapariciones en el territorio nacional, pero nunca específica cómo ocurrieron ni su tipificación.
Ante este panorama, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos comenzó una investigación por su cuenta para tener un panorama más amplio de la problemática.
La institución pidió a la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR) la cifra de averiguaciones previas y denuncias que tenían por el delito de desaparición forzada.
La PGR informó que del 31 de diciembre del 2006 al 31 de diciembre del 2016, solamente habían realizado 598 averiguaciones previas por ese delito, solo 19 se consignaron. En el tema de las denuncias evitaron dar información.
“Estamos también sobre las denuncias pero tenemos ya un recurso de transparencia contra PGR, porque insisten en informarnos solamente sobre averiguaciones previas y no por denuncias, aunque les preguntamos por denuncias específicamente, hay mucha opacidad en los datos, pareciera que las instituciones de gobierno se empeñan por hacer lo imposible para no informar, en lugar de cumplir un principio de transparencia”, dice Lucía Chávez Vargas, directora del área de investigación de la CMPDH.
La especialista agregó que en los juzgados federales solamente se han dictado 11 sentencias, dos de ellas absolutorias y nueve condenatorias.
“Estaríamos hablando de solamente nueve sentencias condenatorias en un universo de más de 30 mil personas desaparecidas, esto nos habla de que es una impunidad prácticamente de más del 99 por ciento”, comenta Chávez Vargas.
La información por parte de las organizaciones de Derechos Humanos tampoco es tan clara, de 2006 al 31 de diciembre del 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tuvo 666 quejas por desaparición forzada y los organismos estatales más de 900 quejas.
Para Chávez Vargas mucha de esta opacidad e impunidad por parte del gobierno, se debe a que muchas de estas desapariciones vienen del mismo Estado.
“Tenemos documentado que en muchas de las ocasiones, los responsables de la desaparición forzada de personas no son solo los grupos criminales, sino también el ejercito, de las recomendaciones que nos dimos la tarea de sistematizar, la mayoría de las personas desaparecidas es a manos del ejercito mexicano”, asegura la investigadora de la CMPDH.
Nuevo León, una luz que se apaga
En el 2007, el estado de Nuevo León era uno de los más golpeados por la guerra contra el narcotráfico.
Como daño colateral de esta violencia, arreciaron las desapariciones forzadas, momento que recuerda la activista Consuelo Morales Elizondo, integrante de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.
La también religiosa, comenta que hace 10 años el panorama era desolador.
“El 30 de agosto en 2007 teníamos a familias que estaban buscando desesperadamente a sus hijos, en desolación total, ante la indiferencia de las instituciones gubernamentales y con una sociedad que estaba criminalizando a quienes se buscaban, pero hubo un momento luminoso del 2011 al 2015”, asegura.
En aquella fecha, el poeta Javier Sicilia y su caravana arribó a Nuevo León. Consuelo, Javier, otros activistas y familiares con personas desaparecidas entraron a hablar con la Procuraduría estatal, que era donde se atoraban los casos.
“Se inició un proceso en 2011, que poco a poco se fue profundizando y abriendo caminitos hasta 2015, en este lapso de tiempo la investigación comenzó a fluir, se encontraron personas a través del ADN, periciales creció, se encarcelaron a presuntos responsables, sobre todo policías y se hizo un protocolo para desapariciones forzadas, pero a partir del 2015 la oscuridad llegó”, recuerda la madre Consuelo.
El problema para Morales Elizondo es que ahora hace falta que las otras instituciones se abran.
“Necesitamos un nuevo momento luminoso, así como en 2011 se abrió la Procuraduría en Nuevo León y tomó como propio la búsqueda y el dolor de los familiares, así necesitamos que las instituciones restantes lo hagan, que la Secretaría de Educación Pública proteja a todos los niños y niñas que han sido víctimas de familiares de personas desaparecidas, que el ámbito de salud igual proteja, que el Infonavit en vez de arrebatarles las casas, busquen la manera de proteger ese patrimonio”, recalca.
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