La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Nuevo León emitió un informe sobre las actividades realizadas durante el año 2023 en las que se destaca la atención a personas vulneradas, recomendaciones, orientaciones jurídicas, capacitaciones y otras acciones.
La titular del organismo, Susana Méndez Arellano, se presentó al Congreso local para entregar el documento que contiene las actividades realizadas el año anterior, en donde se interpreta que las cifras reflejan una nueva crisis en el estado en materia de derechos humanos.
Se detalló que hubo un incremento del 38 por ciento de atención de personas que vieron vulnerados sus derechos entre el 2022 al 2023 con 14 mil 029 solicitudes. Además, se registraron nueve mil 962 orientaciones jurídicas, dos mil 543 expedientes de queja, 109 medidas cautelares y 11 recomendaciones.
Instituciones más denunciadas
- Secretaría de Seguridad: 475 expedientes.
- Secretaría de Educación: 418 expedientes.
- Fiscalía General de Justicia: 349 expedientes.
- Secretaría General de Gobierno: 255 expedientes.
En tanto que para los organismos descentralizados se recibieron 97 expedientes para el Instituto de Defensoría Pública; Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey con 75; y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como el Instituto de Movilidad y Accesibilidad recibieron 55 expedientes.
Municipios más denunciados
- Monterrey: 94 casos.
- Guadalupe: 53 casos.
- Escobedo: 38 casos.
- San Pedro Garza García: 36 casos.
Entre las recomendaciones emitidas, cuatro fueron dirigidas a las presidencias municipales, en tanto que otras nueve fueron generadas en contra del Gobierno estatal, las cuales no fueron aceptadas.
“Este tema sí resulta preocupante porque en Nuevo León yo estimo que existe una crisis de derechos humanos y una crisis porque si ustedes ven pues se presentaron varias problemáticas relacionadas con el agua, la Comisión Estatal emitió la recomendación y no se aceptó por Agua y Drenaje.
“Tenemos el caso de dos niños que fallecieron en manos o por acciones de las autoridades y no se ha reconocido, entonces no hay justicia para un niño que falleció al interior de una institución encargada y de forma reforzada de darle seguridad, en el caso del DIF, y otra en la Secretaría de Salud”, dijo la presidenta de la CEDHNL.
