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El cambio de gobierno ha traído una nueva luz de esperanza para todas aquellas personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos, pero en especial, para los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para crear la Comisión Especial sobre el caso, lo que representa por primera vez un esfuerzo real por parte del Gobierno federal para dar con la verdad y castigar a los culpables.
Esta labor, que ahora recae en manos de la nueva administración, fue heredada por el gobierno que encabezó Enrique Peña Nieto y el cual fue incapaz de resolver el caso.
Por ello, antes de dejar su cargo como secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, anunció que corresponderá al nuevo gobierno llegar a la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Para lograr este objetivo, el cual es uno de los compromisos más importantes que ha hecho el tabasqueño frente a los mexicanos, el ahora presidente de la República no sólo creó la Comisión de la Verdad, también aseguró que se retomarán las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los estudios realizados por el Alto Comisionado en materia de Derechos Humanos ante las Naciones Unidas, la del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes e incluso la investigación trunca de la PGR.
La creación de la Comisión de la Verdad representa por primera vez un esfuerzo real por parte del Gobierno federal para resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y castigar a los culpables
Pero este no es el único reto que el país y sus representantes enfrentan en materia de derechos humanos.
La crisis por la que atraviesa México abarca una amplia gama de temas entre los que también destacan el asesinato de periodistas, la carencia de servicios básicos en muchas partes del territorio nacional, el abuso y falta de protección de los migrantes, así como la ausencia de temas que por el sólo hecho de no reconocerlos, se vuelven una violación a los mismos como sucede con la comunidad LGBTTTI.
A pesar de la seriedad del problema, quienes han llegado a la presidencia del país en los últimos 12 años, han ignorado el tema dejándolo fuera de sus agendas, y cuando lo abordan y hacen compromisos al respecto, éstos destacan por carecer de fondo y forma o de resultados creíbles y contundentes.
Ante esta realidad, Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, asegura que antes de hacer promesas, lo primero que tiene que hacer el Gobierno federal es reconocer que la crisis de derechos humanos en el país existe y que es un problema serio.
“En México no hay un reconocimiento real de la problemática de derechos humanos que se vive en el país. El actual gobierno no lo reconoce y la consecuencia es que tampoco actúa para resolverlos.
A la hora de hablar de derechos humanos, se abocan a situaciones muy concretas sin tomar en cuenta un contexto generalizado en donde el Estado tiene una clara responsabilidad por acción y por omisión”, asegura la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México.
Aunado a esto, el politólogo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), Gustavo López Montiel, considera que otro factor que ha influido mucho en la discusión y en la falta de capacidad del Estado para garantizar los derechos humanos de las personas es que es un tema relativamente nuevo para México.
“En México esta discusión sobre los derechos humanos se dio muy recientemente. Y fue fundamentalmente porque el Estado no ha sido capaz de garantizarlos y no sólo eso, sino que incluso los pone en peligro.
Hasta los años 90 se comenzó a discutir el tema, mientras que en otros países se discute desde hace 400 años. Esa particularidad nos lleva a parte del problema que estamos viendo en este momento”, comenta el experto
Además de la incapacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas en general, los especialistas coinciden en que la sociedad también debe involucrarse más en el tema y exigir al gobierno que lo resuelva.
“El no reconocimiento a los derechos en un contexto como en el que vivimos requiere también de una exigencia de la sociedad civil organizada, pues el rol que vamos a jugar en el desarrollo del país como ciudadanía implica no sólo recordar los compromisos de campaña, sino también hacer un claro marcaje de los temas que están pendientes de reconocer y los que están pendientes de trabajar”, dice Tania Reneaum.
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