Derechos Humanos de Nuevo León, al rescate de la paridad total

Tras la pérdida del derecho de paridad total en Nuevo León, debido a la reforma integral a la Constitución local, Jessica Martínez, diputada de Morena, se prepara para comenzar una batalla legal en la que reclamará el derecho de las neoleonesas a acceder a puestos de poder.

A 20 días de que este derecho fuera eliminado, la exdiputada Claudia Tapia y la legisladora Sandra Pámanes interpusieron una serie de recursos para ir en pos de la paridad total. Sin embargo, estas vías no resultaron ser las adecuadas para lograr este propósito.

Por ello, la legisladora morenista envió un escrito a Olga Susana Méndez Arellano, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), en donde le solicita que interponga una acción de inconstitucionalidad por la pérdida de paridad.

“Realice las acciones que sean necesarias a efecto de promover una acción de inconstitucionalidad en la que se solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejar sin efectos todo aquel contenido que atente y vulnere los derechos Humanos de la reforma a la Constitución”, dice el documento que Martínez entregó a Méndez Arellano.

La reforma a la que se refiere la diputada morenista fue publicada el pasado 1 de octubre en el Diario Oficial del Estado de Nuevo León. En ella se excluyen las diversas disposiciones en materia de paridad de género, lo que propicia actos que vulneran los derechos de las mujeres.

Jessica Martínez señaló que dentro de la reforma integral a la Constitución local no se observó integrar el principio de paridad de género, tal y como lo establece el artículo 41 de la Constitución mexicana.

“No se observó el principio de paridad en Ayuntamientos, Poder judicial y Organismos Autónomos, como señala el artículo anteriormente mencionado, así como el 95 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, recalcó Martínez.

El artículo 41 establece que se debe observar el principio de paridad de género, en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas, lo que no fue incluido en la reforma integral.

En la misiva que entregó a la titular de la CEDHNL la morenista narró una serie de irregularidades que arrancaron desde la entrega del documento por el Poder Ejecutivo el pasado 18 de marzo, para que seis días después se aprobara la admisión del dictamen para su discusión por el Pleno.

“Para el día primero de abril, 8 días después, fueron publicados los extractos de la discusión que dieron las y los diputados, en el diario de Debates Núm. S.O.- 073-LXXVI”, expuso a la Comisión la diputada en su solicitud.

Es decir, ya que la iniciativa fue aprobada en la primera vuelta, lo que significa que en ese momento faltaba votarla en segunda vuelta por ser una reforma constitucional, se realizaron las mesas de trabajo.

A estos eventos, no fueron invitadas todas las personas a las que les interesaban especialmente los cambios en la Constitución local, pues no solo no estuvieron presentes asociaciones defensoras de derechos de mujeres, sino que también se notó la falta de personas con discapacidad, afrodescendientes y de comunidades de los pueblos indígenas.

Aún sin acción por paridad total

Otras instancias que pueden promover la acción de inconstitucionalidad debido a la falta de inclusión de la paridad total en la reforma integral a la Constitución local son: la Secretaría de las Mujeres, a cargo de Graciela Buchanan, el Instituto de la Mujer, cuya presidenta es Laura Paula López, así como la Secretaría de Inclusión e Igualdad, a cargo de Martha Herrera,

Sin embargo, hasta el momento ninguno de estos órganos ha dado señales de solicitar al gobernador Samuel García que modifique el contenido de la reforma, a través una iniciativa o una controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por otra parte, tampoco las organizaciones de mujeres del estado han presionado para incluir la paridad total en la Constitución local. Por ello, todo apunta a que quedará en manos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos la tarea de rescatar este derecho de las neoleonesas.

Y es que, según la Ley de la CEDHNL, cuyo propósito es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos Humanos consagrados en el orden jurídico vigente, es este órgano el que debe realizar las gestiones necesarias para recuperar la paridad en el estado, interponiendo una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este no es un caso aislado, ni se halla fuera del marco jurídico aplicable a dicha área, ya que, en el año 2019, este órgano promovió una acción similar referente al primer párrafo de la Constitución Estatal y para el segundo párrafo adicionado del artículo 1 de la Constitución local.

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