“Para el Gobierno de la República, el respeto a la diversidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho. Por tanto, condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona”
“Es claro que quieren que sepamos que nos están espiando, quieren hacernos sentir vulnerables (…), todo va a lo mismo, a buscar la intimidación, el acoso y la censura”
Periodistas, activistas y defensores de derechos humanos denuncian haber sido espiados sistemáticamente y exigen al Gobierno federal explicaciones ante lo que llaman una operación de estado para vulnerar su privacidad.
Tras las revelaciones del uso de un sofisticado malware -comercializado únicamente a gobiernos- con el objetivo de espiar teléfonos móviles, algunos sujetos de estos ataques cibernéticos llamaron a esta acción el abuso más claro y más documentado de estas tecnologías en contra de ciudadanos.
Los periodistas y activistas presentaron una denuncia formal de los hechos ante la Procuraduría General de la República, además, solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e informaron a distintos organismos internacionales de protección de derechos humanos.
Mario Patrón del Centro ProDh, afirmó que el problema se agrava debido a que no es un caso aislado, sino que se trata ya de una práctica sistemática hacia quienes resultan incómodos al gobierno.
“No estamos hablando de una persona, de una organización, de un caso concreto. Estamos hablando de una práctica contra quienes podemos ser vistos como incómodos o podemos poner en riesgo a quienes se sienten observados con nuestro trabajo desde la corrupción, la rendición de cuentas, el periodismo o la defensa de los derechos humanos”, declaró.
La periodista Carmen Aristegui aseguró que Enrique Peña Nieto, como principal responsable del Estado tendría que dar explicaciones, y arremetió en contra del Gobierno federal por la política de atacar a aquellos que cuestionan al gobierno en lugar de responder a la rendición de cuentas que plantean.
“Esto es una operación de estado, donde los agentes del estado mexicano lejos de hacer lo que deben hacer legalmente han utilizado nuestros recursos, nuestros impuestos, nuestro dinero para cometer ilícitos graves y de eso tiene que dar cuenta el jefe del estado mexicano”, aseguró.
En rueda de prensa, los defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, presentaron detalles de una investigación realizada por las organizaciones Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y SocialTIC en donde reportaron cómo han sido espiados con un malware de la empresa israelí NSO llamado Pegasus.
A través del envío de un enlace a través de un sms a un dispositivo, el atacante obtiene acceso a toda la información almacenada en el mismo, desde mensajes, correos, contactos hasta el registro de cada tecla oprimida y el monitoreo de datos de localización.
Entre algunas de las víctimas de esta supuesta operación de espionaje están los periodistas Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Rafael Cabrera, además de Mario Patrón y Stephanie Brewer del Centro Prodh; Salvador Camarena y Daniel Lizárraga de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; Juan Pardinas y Alexandra Zapata del IMCO, entre otros.
‘Buscan la intimidación’
El periodista Carlos Loret de Mola, una de las víctimas del supuesto espionaje, envió un videomensaje en donde reconoció, aún ante el clima de asesinatos de periodistas en el país, que el espionaje no es un asunto menor porque este tipo de actos abren la puerta a llegar más lejos.
Por su parte, Salvador Camarena, Director General de Investigación Periodística de Mexicanos Unidos Contra la Corrupción, invitó a la ciudadanía en general a revisar el informe presentado por los activistas, pues está convencido de que lo que se ha denunciado y documentado es apenas la punta del iceberg.
“Lo importante en esto no somos los que estamos aquí enfrente, es la operación de estado para vulnerar los derechos de las audiencias para vulnerar los derechos de los activistas y de los periodistas, y estoy seguro de que somos muchos más los que hemos sufrido este intento de hackeo o espionaje”.
La periodista Carmen Aristegui hizo énfasis en el hecho de que los supuestos ataques cibernéticos habrían llegado en una coyuntura donde los personajes que denuncian el espionaje estaban investigando o impulsando temas de rendición de cuentas hacia el gobierno.
“No puede ser casual que precisamente en los momentos más difíciles de este gobierno, en los momentos en que tendría que haber salido a dar explicaciones de matanzas, de ejecuciones, de hechos de corrupción, de las cosas que se han investigado por parte de periodistas y de los casos que han seguido defensores de derechos humanos, lejos de dar las respuestas institucionales necesarias, lo que hubo fue espionaje”.
John Scott, investigador de Citizen Lab, que ha venido documentando el uso de Pegasus, resaltó que este es un software de venta exclusiva a los gobiernos, por lo que cuando se detecta su utilización es altamente probable que este malware haya sido utilizado precisamente por un gobierno.
“Consideramos que este reporte prueba que cuando se vende y se adquiere una herramienta tan poderosa como el malware de NSO por parte de gobiernos sin que existan mecanismos fuertes de control hacia esa vigilancia se abre la puerta para serios abusos”.
Scott afirmó que a pesar de que este software está enfocado al combate del terrorismo o de criminales de alto nivel, muchas veces se ha documentado su utilización para el espionaje a periodistas o miembros de la sociedad civil y destacó que el caso de México es el mayormente documentado del abuso de este tipo de tecnologías.
La respuesta oficial
El gobierno mexicano respondió de forma oficial al artículo publicado en el diario estadounidense The New York Times titulado “Usando textos como señuelos, software gubernamental apunta a activistas mexicanos y a sus familias”.
Mediante un breve comunicado firmado por Daniel Millán Valencia, director general de Medios Internacionales de la Presidencia de la República, el gobierno se deslinda del supuesto espionaje y condena la vulneración de la privacidad.
“Como su propio texto lo señala, no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo.
“Para el Gobierno de la República, el respeto a la diversidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho. Por tanto, condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona”.
Por último, el gobierno hace un llamado a quienes pudieron haber sido víctimas de espionaje a que presenten su denuncia ante la PGR a fin de que se puedan realizar las investigaciones correspondientes.
