Rafael López Esquer dijo ser colaborador del Mayor Bernardo Terrazas Salgado, y hombre
muy cercano
a Ernesto Cordero
A los alcaldes les pedía dinero, y a los constructores, el 1.1 por ciento
del valor total
de cada una
de las obras
Los fraudes del hoy senador panista Ernesto Cordero y su staff de gestores, no sólo afectaron a varios municipios del país, también alcanzaron a centenares de empresas constructoras.
Siendo todavía secretario de Hacienda y con miras a ser el candidato oficial del PAN a la presidencia de la República, Cordero ofreció “a diestra y siniestra” recursos para obra pública.
Para ello, como lo ha denunciado Reporte Indigo con información oficial, utilizó el respaldo de empresas como Golfmex, Garocia, Global Consulting, Consorcio R&G, y muchas más.
El gancho: bajar partidas millonarias a fondos pedidos para obra pública. A los alcaldes les pedía dinero, y a los consructores, el 1.1 por ciento del valor total de cada una de las obras.
En Veracruz las operaciones las realizaron Raúl Cancino y Carlos Peniche Peniche, a nombre de Cordero.
Tales irregularidades fueron denunciadas a este medio por Miguel Ángel Bautista y Franco Herrera Haro.
Pero la estrategia de robo no paró ahí.
En 2011, sus gestores Rafael López Esquer, el Mayor Bernardo Terrazas Salgado, en contubernio con algunos alcaldes, despojaron de más de 20 millones de pesos a siete empresarios de la construcción.
Se maquina el fraude
Los alcaldes de Durango, Adán Soria Ramírez; de Proanas, Raúl Piedra Macías; de Pueblo Nuevo, José Guadalupe Barrios Téllez, y de San Dimas, José Rafael Rodríguez Fabela se reunieron con varios constructores de la entidad.
Entre ellos, Rebeca Maritza Ascencio Rasgado, representante de la empresa duranguense Construcciones y Geología S.A. de C.V.
También, estuvo el exalcalde del municipio de Vicente Guerrero, Enrique García Solís, y el actual delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Abraham Moreno García.
En esa reunión, los alcaldes presentaron a los empresarios al veracruzano López Esquer, quien dijo ser colaborador de Terrazas Salgado, de origen mexiquense, y hombre muy cercano a Cordero.
Ahí, les aseguró que en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (ShyCP) estaban disponibles recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y del Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios (Fidem).
López Esquer les explicó que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) era el fiduciario de esos fondos, y que tanto él como Terrazas Salgado podían bajar esos recursos porque tenían mucha amistad con Cordero.
Reporte Indigo obtuvo la documentación oficial que proporcionó Fernando Miranda Servín, director del periódico “razacero.com Periodismo Ciudadano” y quien denunció, en su oportunidad, el megafraude.
López Esquer les aseguró que los recursos les llegarían directamente, sin pasar por la supervisión del gobierno del Estado, una vez que entregaran las solicitudes de obra al Subcomité Técnico de Evaluación y Financiamiento de Banobras.
Para que se autorizara la liberación del capital López Esquer les dijo a los constructores que pagaran el estudio de factibilidad y viabilidad de las obras ante el banco de desarrollo.
Para seleccionar a los empresarios de la construcción que serían invitados para llevar a cabo las obras, los presidentes municipales eligieron al exalcalde de Vicente Guerrero, Enrique García Solís.
Y fue Ascencio Rasgado la fue encargada de organizar a los empresarios para que entregaran la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda.
Inician protocolo
El 28 de septiembre de 2011, mediante los oficios con números DOP/600-D/11, PRES/093/2011 y MVGOP/0116, los munícipes solicitaron a Cordero la inclusión de sus municipios en el Fidem.
El 7 de octubre y el 14 de noviembre de ese mismo año, recibieron las llamadas carátulas oficiales de las obras a realizar, así como el monto “preautorizado” de las mismas.
Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2012, el expresidente municipal de Vicente Guerrero, y su hijo, Fernando García Quezada, eligieron a los empresarios locales que invitarían.
Pedro Valencia Nevárez, propietario de la empresa Constructora Visión y Proyecto S.A. de C.V.; Mario Reveles Gutiérrez, dueño de Urbánica Construcciones S.A. de C.V.; Mauro J. Torres González, de Construcciones Pita S.A., y Rebeca Maritza Ascencio Rasgado, representante de la empresa Construcciones y Geología S.A. de C.V., entre otros.
Según la demanda que presentó Ascencio Rasgado a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Durango, el 23 de enero de este año, les dijeron que “no habría concursos de licitación, que sería por adjudicación directa”.
Como los empresarios vieron los documentos oficiales de la SHyCP y Banobras tuvieron confianza de que la operación se haría de manera legal.
Los alcaldes que los sentaron a platicar con López Esquer y Terrazas Salgado, “estában en contubernio”, expone la empresaria en su demanda.
Les piden tajada
Fue entonces que López Esquer y Terrazas Salgado les pidieron el 1.1 por ciento del valor del monto total de cada una de las obras que les habían asignado.
“Nos dijeron que ese 1.1 nos sería devuelto cuando la Secretaría de Hacienda y Banobras les entregaran los recursos del Fonadin y del Fidem”, aseguró Ascencio Rasgado.
Para realizar dicho depósito López Esquer les pidió que lo hicieran en una cuenta bancaria de Consorcio R&G, argumentando que tanto él como Terrazas Salgado no eran personas morales y no podían expedirles facturas.
R&G S.A. de C.V. entregó a los empresarios duranguenses las facturas 1853, 1872, 1873, 1874 y 1875, por concepto de “estudio de beneficio, factibilidad técnica, social y financiera”.
Pero les retuvo el tres por ciento de los depósitos para transferirlos a la cuenta personal de López Esquer.
Una vez que los empresarios de la construcción depositaron el 1.1 por ciento que les correspondía por cada obra que les fue asignada, los alcaldes de Durango y Poanas los citaron para firmar los contratos de las obras.
Presentan demanda
Era mayo del 2012 y los recursos no bajaban. Los empresarios comenzaron a presionar a López Esquer, quien les dijo que la agencia gestora Acodel, representando a Banobras, estaba supervisando los proyectos.
López Esquer se reunió con los constructores acompañado por Víctor Sergio Lomelí Fajardo, quien dijo trabajar en el despacho de Rafael Sánchez Juárez, “nos dijeron que venían a supervisar las obras”, expone en su demanda la empresaria defraudada.
Como el dinero no bajaba, los empresarios exigieron la devolución de su dinero a López Esquer durante una visita que hizo a Durango.
Pero tanto él como el Terrazas Salgado les argumentaron que el retraso se debía a cuestiones políticas, ya que Cordero no había resultado electo candidato a la presidencia de la República.
Nunca llegaron los recursos ni se realizó obra pública, pero los empresarios sí pagaron la cantidad solicitada por López Esquer y Terrazas Salgado, quienes les presentaron documentación oficial a nombre de Cordero, entonces secretario de Hacienda.
Los empresarios, por separado, ya presentaron una demanda ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Durango contra quienes resulten responsables. Reporte Indigo tiene copia completa de una de ellas.
