"El Consejo dice que no tiene para pagar (los muebles de oficina) y saca un arrendamiento con una Sofom, la cual compra los muebles y los renta a la Judicatura. ¿Por qué triangular?"
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 64, detalla que las resoluciones de las comisiones deberán resolverse en el pleno del Consejo de la Judicatura
Un desvío de recursos por casi 60 millones de pesos y “enriquecimiento ilícito” son algunas de las acusaciones que enfrentan en una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, cuatro integrantes del Consejo de la Judicatura de Jalisco, entre ellos su presidente, Luis Carlos Vega Pámanes.
En 2013, los consejeros Vega Pámanes, Alfonso Partida Caballero, Jaime Gómez y Mario Pizano Ramos, aprobaron una serie de pagos “absurdos” a proveedores a través de adjudicaciones directas, así lo calificaron en entrevista los abogados que presentaron la denuncia el 29 de junio pasado.
De acuerdo con la misma, los consejeros habrían erogado, de forma irregular, casi 60 millones de pesos para la renta de mobiliario y equipo de cómputo para la Ciudad Judicial estatal, una obra hecha durante el sexenio anterior y concluida en el actual, cuyo costo se elevó hasta poco más de 900 millones de pesos.
Peculado, desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, enriquecimiento ilícito, delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público, son los señalamientos que enfrentan los cuatro consejeros de la Judicatura estatal, según se aprecia en la denuncia presentada en la FGE, la Fiscalía Central y en el poder Legislativo local.
Muebles europeos
Todo se remite a la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones de la Judicatura local, que preside el consejero Alfonso Partida Caballero.
El 21 de mayo de 2013, dicha comisión efectuó una cuarta sesión extraordinaria. Ahí, Partida propuso la adjudicación directa –no por licitación–, para la adquisición de equipo de mobiliario para oficinas de la Ciudad Judicial.
Con el argumento de “urgente”, la comisión avaló tal adjudicación a la empresa Atmósfera Imagen Corporativa, S.A. de C.V., por un monto de 20 millones 884 mil 251 pesos con 75 centavos.
Posteriormente se llevó a cabo una sesión del pleno de la Judicatura estatal, el 29 de mayo de ese año, en la que no se abordó la adjudicación, según consta en el acta de la misma.
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 64, detalla que las resoluciones de las comisiones deberán resolverse en el pleno del Consejo de la Judicatura.
Y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en los artículos 136, 139 y 148, establece las competencias de la Judicatura local en cuanto al manejo de su presupuesto público.
Sin la aprobación en el pleno, los consejeros llevaron a cabo un contrato de arrendamiento del equipo de oficina con Sociedad Inversión Casa México, S.A. de C.V., el 30 de mayo de 2013 (la cual a su vez arrendaría el mobiliario a Atmósfera), y en el que el entonces titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), Ricardo Villanueva, representó al poder Ejecutivo estatal.
Del análisis del contrato, plasmado en la denuncia, se percibe que: durante 42 meses, la Judicatura pagaría por la renta de mobiliario de oficina, unos 28 millones 596 mil 653 pesos con 44 centavos, más un 2 por ciento de comisión por apertura, es decir, un total de 29 millones 168 mil 586 pesos con 50 centavos. Casi un 50 por ciento más del valor inicial.
En menos de 10 días, entre el 21 de mayo de 2013, cuando la comisión de Partida argumentó “urgencia” para adquirir ese equipo, el 29 de mayo, cuando el pleno sesionó, y el 30 de ese mes, se elaboró un contrato maestro, que a la postre, sería modificado: el nuevo arrendador sería Interactiva Capital México, S.A. de C.V.
“Atmósfera importa todos los muebles desde Europa, es distribuidor autorizado. El Consejo dice que no tiene para pagarlos y saca un arrendamiento con una Sofom, la cual compra los muebles y los renta a la Judicatura. ¿Por qué triangular?
“No sólo eso, se modifica el contrato y luego dice el Consejo, que se equivocó y que ahora le paga a Interactiva Capital México. Sale mejor comprarlos que arrendarlos por 42 meses”, dice Yair Valdivia, uno de los abogados denunciantes.
Cómputo, misma operación
El segundo caso descrito en la denuncia, fue para la adquisición de equipo de cómputo.
El modus operandi fue el mismo: la urgencia por adquirir equipo, la aprobación en la comisión de Partida Caballero más no en el pleno de la Judicatura, y la elaboración de un contrato. Todo en menos de 15 días.
El 4 de junio de 2013, en su sexta sesión extraordinaria, la citada comisión aprobó “invitar” a la empresa Era Telecomunicaciones, para dotar de equipo de cómputo a Ciudad Judicial.
Ahí se propuso celebrar un contrato de subarrendamiento –que se celebraría el 19 de julio de 2013–, entre la citada empresa, representada por Rafael Vázquez Sanabria, la Judicatura, representada por Vega Pámanes, y la Sepaf, con Ricardo Villanueva.
“Pero dicha autorización no existe ante el pleno del consejo de la Judicatura del Estado”, según los denunciantes. El acta de la sesión del pleno, del 12 de junio de ese año, lo confirma.
Ya con el contrato hecho, la empresa de Vázquez Sanabria presentó después un escrito en el que informó que logró un mejor precio con los fabricantes del equipo de cómputo, gracias a la ayuda de otra compañía: Interactiva Capital México, S.A. de C.V.
Por ende, Vázquez dijo que esa firma había liquidado el costo y que ahora debía pagársele a la misma. En un nuevo convenio se modificó el contrato, y el 7 de agosto de 2013 se determinó el pago a Interactiva Capital México.
Del análisis del contrato de subarrendameinto, los denunciantes aseguran que éste se pagaría a sobreprecio y que la Judicatura erogaría, para tal fin, unos 30 millones 807 mil 663 pesos.
Archivo, también entra al juego
En el 1346 de la calle Gallo, en la colonia Ferrocarril, de Guadalajara, se extiende un inmueble de 2 mil 346 metros cuadrados que durante años había albergado al archivo del Consejo de la Judicatura de Jalisco.
En 2013, los consejeros argumentaron que las condiciones del mismo no eran las más adecuadas. Señalaron que los racks debían ser cambiados. Y el 17 de junio de ese año, la unidad de adquisiciones invitó a la empresa Peña y Cía, S.A de C.V, la cual dijo que con 1.1 millón de pesos bastaba para hacer el cambio necesario.
El 3 de julio, el pleno aprobó la propuesta de la empresa, la cual pidió un adelanto del 60 por ciento. Pero el 30 de octubre, ya con un trámite en curso, se hizo otra invitación para la adquisición de racks.
Peña y Cía, y Constructora Diseño y Obras, y Logística en Sistemas de Almacenamiento e Ingeniería, participaron por un contrato, ahora, de 5.8 millones de pesos, para la misma adquisición de racks.
La Judicatura dejó sin pago a la primera, y otorgó el contrato a Constructora Diseño y Obras, para dotar de racks al archivo, que ahora se encuentra en avenida Inglaterra.
Ese nuevo inmueble, es 120 metros cuadrados menor que el de Gallo; la Judicatura paga de renta mensual por ese lugar, casi 40 mil pesos más que el de la colonia Ferrocarril.