Qué garantías tienen esas personas tras demandar, de que no perderán su empleo, cuestionó a la relatora
Rashida Manjoo acababa de concluir su conferencia en la Suprema Corte cuando sus reflexiones pasaron a un segundo plano.
La relatora especial de la ONU se quedó estupefacta ante lo que comenzó a escuchar en el auditorio José María Iglesias del edificio sede del Máximo Tribunal.
En la ronda de preguntas a los asistentes varias mujeres denunciaron ser víctimas de discriminación, acoso sexual y laboral.
“¿Cómo es que el Poder Judicial de la Federación pretende respetar los derechos de la mujer…si dentro de la misma institución se cometen conductas como acoso y hostigamiento y estas conductas no son sancionadas?”, inquirió a la relatora una mujer que se identificó como secretaria proyectista de el Juzgado Noveno de Iguala, Guerrero.
Dijo ser víctima de “demasiado acoso laboral” a manos del juez Rafael López Jiménez. Al grado de que tal presión la hizo perder a su bebé cuando tenía tres meses de embarazo.
“Yo pido y clamo justicia”, solo luego de referir que le siguen un procedimiento judicial y que la denuncia que ella interpuso contra el juez fue desechada.
Otra mujer, Verónica Martín Narváez, que está por ingresar como comisionada en el Centro de Justicia de Mujeres de Chihuahua, relató la violencia que “las mismas jefas de primer nivel” comenten en contra de sus subordinadas.
“No demandan porque tienen miedo a que las corran, porque son pilares de familia”, explicó.
Qué garantías tienen esas personas tras demandar, de que no perderán su empleo, cuestionó a la relatora. Y confesó su temor de que luego de “ventanear” estos asuntos pudiera perder su próximo trabajo.
“Igual me estoy ganando que me corran por lo que estoy diciendo”, soltó entre risas nerviosas.
El nivel de denuncias fue subiendo de tono.
Otra mujer que se identificó como integrante de la Policía Federal hizo público por vez primera “un grito de desesperación”.
Refirió que el comisionado general de este organismo se ensañó con ella por haber defendido a compañeras contra las que se iniciaron averiguaciones previas en la Fiscalía Especializada de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas.
Las misma se derivaron no solo por acoso laboral y sexual sino también “por abuso de los mandos, me refiero a los jefes de división como tal”, indicó.
Tras las 15 denuncias interpuestas ante la Fiscalía, la CNDH y el Inmujeres, dijo que se les calificó de “chismosas” y de que trataban de “quitar al mando”.
Irónicamente, dijo, el propio comisionado Galindo Ceballos organizó una campaña del “moño naranja” que promueve la ONU para erradicar la violencia. Ello cuando las policías trabajan turnos extras de 12 horas, no les dan acceso al derecho de amamantar y se les arresta incluso estando embarazadas.
Mientras a ella le están pagando 100 pesos por quincena para obligarla a presentar su renuncia, contó, a otras compañeras las han enviado a Michoacán y Tamaulipas, estados sumidos en la violencia.
Sus compañeras suplicaron no las enviaran allá pues no tenían con quien dejar a sus hijos a lo que sus superiores respondieron: “si la libras allá, te regresamos”.
Si esto está así a nivel federal, subrayó, “no quiero imaginar como está esto en áreas municipales”.
La cereza en el pastel la puso otra mujer que se identificó como empleada del área administrativa de la propia Corte. Dijo que desde hace año y medio ha sido acosada, que es madre soltera y tiene un hijo discapacitado.
“Lo único que pido es un cambio de adscripción: ya no puedo trabajar en una Corte Suprema como ésta, tengo mi queja ante la Contraloría, ya están haciendo expediente para correrme”.
La relatora especial se disculpó por no poder pronunciarse en concreto sobre lo denunciado pero afirmó que “el Estado tiene la responsabilidad de investigar, sancionar y remediar estas situaciones”.
Aseveró que “no deberían presentarse casos de acoso sexual, si los Estados y las instituciones estuvieran actuando con la debida diligencia”.
Manjoo subrayó que una mujer cuenta con derechos específicos en su sistema legal pero un proceso judicial falla, “asumo que hay un nivel de justicia que si falla hay remedios que puedes usar”.
Si no prospera a nivel doméstico pueden apelar al sistema interamericano, a de las Naciones Unidas, por ejemplo, recomendó.
Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte, que fue el otro ponente en la conferencia dictada ayer aseguró daría seguimiento a los casos ahí denunciados ante la sorpresa de todos.
Transformación cultural
La relatora de la ONU enfatizó que la violencia contra las mujeres no podrá erradicarse si no se produce una transformación cultural en la sociedad.
Luego de una reunión con el presidente de la Corte, Manjoo subrayó que los derechos de las mujeres en México y América Latina cuentan con un amplio cuerpo jurídico que se sustenta en el derecho internacional.
Manjoo se pronunció por la construcción de un sistema que pueda garantizar el combate a la violencia de género.
En su segundo día de visita no oficial en México, Manjoo dictó una conferencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde destacó la importancia del estándar de la debida diligencia, que debe ser utilizado también para valorar el comportamiento de los Estados y para modificar las conductas hacia las mujeres.
Dicho estándar califica a las autoridades mismas que están obligadas a prevenir, investigar y sancionar, reparar y erradicar cualquier tipo de violencia en su contra.
Tomando en cuenta que los derechos de las mujeres son derechos humanos, Manjoo destacó tres temas esenciales bajo los que se rige su mandato.
Uno se refiere a la importancia de que exista una óptima rendición de cuentas en distintos niveles y donde se haga un énfasis en el combate a la impunidad.
El segundo alude a la forma como el Estado responde a los problemas de igualdad y no discriminación.
Y el tercero se refiere a la transformación sociocultural que se requiere para superar los problemas de violencia y discriminación contra las mujeres.
La violencia es endémica
Carlos Pérez Vázquez aseguró en su intervención que la violencia contra las mujeres es endémica, por lo que requiere un esfuerzo de reparación continúo.
Siguiendo la propuesta del enfoque holístico de la Relatoría de Naciones Unidas dijo que no basta que los Estados se limiten a perseguir las causas de la violencia si no estar a la altura de sus deberes constitucionales.
Ello supone un mandato de transformación de factores reales: jurídicos, sociales, culturales que propician la violencia contra las mujeres.
“Es un fenómeno complejo -precisó- multifactorial, de manifestaciones múltiples, diversas que ocurre, se perpetúa y se valida en virtud de una idea equivocada, ya violenta per sé, de que las mujeres deben por cuanto inferiores permanecer suboordinadas”. El Estado debe entonces restaurar el goce pleno de los derechos de las mujeres.
