Las autoridades han sido instadas a imponer medidas cautelares que incluyen la suspensión temporal de los priistas ‘Alito’ y Pablo Angulo mientras continúa la investigación. Foto: Especial

Denuncian a ‘Alito’ por tráfico de información confidencial

La FGR abrió una investigación contra el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por extracción y tráfico de datos; la denuncia se lleva cabo por divulgar información que no debería ser pública

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, y el legislador priista y presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Pablo Guillermo Angulo Briceño, son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados por posible extracción y distribución ilícita de información confidencial.

De acuerdo con la denuncia obtenida por Reporte Índigo, Moreno Cárdenas publicó en su cuenta de la red social X un mensaje con fotografías que mostraban un acuse de recepción de una denuncia federal contra Renato Sales Heredia, fiscal estatal de Campeche, quien es señalado por el presunto uso indebido de software y equipo de seguridad nacional, valorado en 807 millones de pesos para espiar a periodistas y opositores durante su periodo como comisionado federal de Seguridad.

El reporte indica que la información compartida por Moreno Cárdenas tendría un carácter reservado, que probablemente estaba bajo la custodia de Angulo Briceño, debido a sus responsabilidades en la supervisión de la ASF y la revisión de la Cuenta Pública.

La ley señala que tanto los servidores públicos como los auditores externos deben mantener en confidencialidad la información a la que acceden y son responsables directos de cualquier infracción a este mandato.

Manipulación indebida de datos sensibles

El vínculo entre “Alito” y Angulo es clave en esta investigación, pues destaca no solo su proximidad política sino también una posible colusión en la manipulación indebida de dichos datos sensibles.

Es conocido que Moreno Cárdenas y Angulo Briceño mantienen una relación cercana, incluso, recientemente se especuló sobre la posibilidad de que el segundo podría ser el próximo presidente del PRI, de acuerdo con fuentes dentro de los Comités Directivos Estatales del partido.

No obstante, esta no sería la única acusación que pesa sobre Angulo Briceño, pues también se reveló que es investigado por supuestas falsedades en sus declaraciones en un proceso de amparo, bajo el número 1435/2022 en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

De acuerdo con lo anterior, Angulo Briceño habría falsificado registros de asistencia y votaciones en la octava reunión ordinaria semipresencial de la Comisión de Vigilancia, realizada el 17 de agosto de 2022.

“En representación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que preside y la cual fue señalada como autoridad responsable, expresó hechos falsos ante el juez del conocimiento con la intención de engañarlo para favorecer sus intereses en el juicio de amparo 1435/2022”, menciona la denuncia.

Además, registros audiovisuales, confirmados por Iván Arturo Rodríguez Rivera, secretario de la Junta Directiva, indican que la reunión no alcanzó el quórum necesario de 20 diputados, lo cual contradice las declaraciones de Angulo Briceño.

“La falsedad en su declaración ante el juez constituiría un delito de falsedad ante autoridad judicial, de acuerdo con el artículo 262 fracción I de la Ley de Amparo. Esto puede llevar a responsabilidad penal por intentar engañar al juez para que negara el amparo solicitado, basado en la pretensión de que la reunión fue legalmente válida.

Conflictos de interés y omisión de declaraciones

En otro aspecto, Angulo Briceño también enfrenta serias acusaciones por conflictos de interés y posibles omisiones en sus declaraciones oficiales, indican documentos legales recientes. Se ha revelado que el diputado no reportó su relación profesional y personal con Ricardo Gabriel López Ruiz, quien no solo ocupa el cargo de director general del Seguimiento “C” en la ASF, sino que también actúa como abogado y representante legal de Angulo Briceño. La doble función de López Ruiz plantea un conflicto de interés que podría influir en decisiones o auditorías que afecten a Angulo Briceño.

Las autoridades regulatorias y de control han sido instadas a imponer medidas cautelares que incluyen la suspensión temporal de ambos funcionarios mientras continúa la investigación.

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