La fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por presunto tráfico de influencias en la asignación directa de contratos para una empresa de su propiedad por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La denuncia es por los presuntos delitos de ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias.
Esto luego de que quedó al descubierto que la empresa Litoral Laboratorios Industriales S. A. de C.V., de Felipa Obrador participó en dos contratos con Pemex en la presente administración, el primero por un monto de 133 millones de pesos y el segundo por 231 millones de pesos.
Además de los contratos mencionados, la empresa de Felipa Obrador recibió contratos por adjudicación directa en el actual sexenio de otras dependencias públicas como el Instituto Mexicano del Petróleo, Aeropuerto y Servicios Auxiliares, el IMSS y el ISSSTE, por diversos montos económicos.
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— Diputados Federales del PRD (@DiputadosPRD64) December 12, 2020
La bancada del sol azteca, encabezada por Verónica Juárez Piña, indicó que aunque López Obrador intentó descalificar la información que se dio a conocer sobre los contratos con los que se beneficio su prima, Pemex confirmó haber otorgado contratos a su familiar.
Una vez que se hizo pública la asignación de los contratos a Litoral Laboratorios, Pemex anunció la rescisión de los mismos y ordenó una investigación para deslindar responsabilidades.
En la denuncia se cita el artículo 220 del Código Penal Federal, el cual establece que comete el delito de ejercicio abusivo de funciones:
De igual manera, el artículo 221 del Código citado establece que comente delito de tráfico de influencias el servidor público y el particular que “indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución de otro servidor público que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia el artículo 220, delito que está penado con dos a seis años de prisión y de treinta a cien días de multa”.
En la denuncia, los legisladores del sol azteca solicitan a la FGR desahogar la investigación necesaria para la persecución de las conductas infractoras denunciadas y, en su caso, consignar penalmente a los presuntos responsables.
