Frida Sofía Moctezuma demandará penalmente mañana a su abuelo y madre, Enrique y Alejandra Guzmán, por los delitos de abuso sexual, violencia intrafamiliar y corrupción de menores, informó el despacho de abogados Olea & Olea, quienes están a cargo de la representación jurídica de la joven.
En conferencia de prensa, los asesores jurídicos de Moctezuma revelaron que interpondrán las denuncias a las 10:00 horas de este viernes ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y declararon que los delitos podrían acreditar una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los imputados.
“A nuestro parecer, acreditan los hechos con apariencia delictiva que fueron cometidos por Alejandra N y Enrique N”, explicaron los asesores jurídicos.
“En días pasados han presentado de considerarlo de procedente se cite a Frida por la supuesta imputación, es por eso que aprovecho este espacio para pedir la justicia de la CDMX, que actúe en consecuencia”.
Añadieron que la madre de la víctima, Alejandra Guzmán, es acusada de los delitos de violencia familiar y corrupción de menores, mientras que “con el abuso sexual no hay una relación directa”. Este último delito sólo se le imputa al abuelo de Frida Sofía, Enrique Guzmán.
Aunque al momento cuentan con suficiente material probatorio como para obtener una vinculación a proceso, informaron que seguirán recopilando pruebas para acreditar los delitos contra los presuntos victimarios de la joven.
Entre las pruebas con las que ya cuentan, destacan “testigos, documentos, videos y periciales, hay suficiente material probatorio. Los datos que existen hoy creo que son suficientes para llevar a los investigados a un proceso”.
Apuntó que existen agravantes para que ambas personas puedan obtener una pena en prisión por los presuntos delitos que cometieron, entre ellos, que fueron contra una menor de edad.
Aunque insistieron en que ni ellos ni Frida Sofía esperan obtener algún beneficio económico, en caso de comprobarse el delito la joven tendría derecho a una reparación integral del daño que también comprende una compensación, es decir, una reparación económica, según lo dicta la Ley General de Víctimas.
En su capítulo 4, esa legislación establece que las víctimas tienen derecho “a que les sea compensado en forma expedita y justa” tras sufrir cualquier tipo de delito.
“En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de las reparaciones, incluido el pago de la compensación. Si la víctima o su asesor jurídico no solicitaran la compensación, el Ministerio Público estará obligado a hacerlo”.
La compensación económica de la reparación integral del daño es calculada de acuerdo con la gravedad del delito y la violación a los derechos humanos sufrida según cada caso. “Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del hecho punible o de la violación de los derechos humanos”, señala la Ley.
