Luego de la revelación de la compra y utilización de un software espía para geolocalización durante la pasada administración, integrantes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados externaron sus preocupaciones sobre las regulaciones que giran en torno a los programas de espionaje que aún mantiene el Gobierno federal.
La investigación conjunta de Reporte Índigo con la organización R3D, puso en evidencia el uso de dicha herramienta durante 2018, adquirida dos días después del arranque de las campañas federales por 4 millones 564 mil 252 dólares; un programa que permitió la intercepción arbitraria de comunicaciones, violando derechos fundamentales como el de la privacidad.
Diputados y senadores del país coincidieron en que es tarea del Gobierno federal el fortalecer los mecanismos para uso de software de intervención de comunicaciones en labores de inteligencia
Sobre esto, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, consideró inquietante que la Fiscalía General de la República aún haya podido realizar acciones de espionaje irregular, un acto que calificó como riesgoso en vista de que vulnera los derechos individuales.
“Si bien los equipos fueron adquiridos en el Gobierno anterior, y si bien ahora la Fiscalía goza de plena autonomía, debe ser cuidadosa de que se utilice de manera responsable para realizar acciones encaminadas a la seguridad de nuestro país, entre ellas el poder utilizar tecnologías avanzadas para ese fin; pero además usarlas conforme al estado de derecho existente”, declaró.
El funcionario dijo no estar en contra de las acciones que puedan ayudar a la construcción de seguridad, pero afirmó que desde la Cámara de Diputados estarán atentos a que estas maniobras de inteligencia se cumplan de manera correcta.
No obstante, comentó que en caso de existir pruebas de que el órgano judicial sigue utilizando esta clase de recursos para monitorear a funcionarios públicos, estaría cometiendo un acto irresponsable.
Si llegase a existir espionaje de parte de la FGR para figuras del ambiente político o público, esta Fiscalía estaría actuando con la doble moral que caracteriza al actual Gobierno federal
“Lo mencionamos porque no existe una real autonomía por parte de la FGR, quien continúa sirviendo a los intereses del Ejecutivo federal y ahí hay que destacar que no existe un gobierno totalmente transparente”, remató el funcionario federal.
‘Pude ser víctima de espionaje’: Mancera
Por su parte, desde la Cámara alta, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, afirmó que pudo ser víctima del software de espionaje que compró la PGR previo a las campañas electorales de 2018.
“Sí pude haber sido víctima por lo que refiere a la nota, pero no tengo miedo”, señaló en entrevista con Reporte Índigo.
El legislador federal dijo que la actual Fiscalía General de República tiene la responsabilidad de investigar el uso de Geomatrix hasta sus últimas consecuencias, ya que es importante que se sepa a través de una investigación rigurosa lo que sucedió con esas intervenciones no autorizadas.
Mancera afirmó que el uso de las herramientas para intervenir comunicaciones son útiles para las investigaciones judiciales, siempre y cuando se ejerzan con supervisión. Por lo cual, mencionó que dicho tipo de actividades deben ser ordenadas a través de un juez y con el monitoreo del Ministerio Público.
También consideró que el otrora candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, también pudo ser víctima de Geomatrix y refirió que estas herramientas de investigación son utilizadas como arma política para atacar o denostar a los contendientes
“Sí, también pudo serlo, además con Ricardo hubo un uso faccioso de las instituciones que la autoridad federal ordenó sancionar”, declaró.
Ante esta situación, llamó al Gobierno federal a fortalecer los mecanismos del uso de los software de intervención de comunicaciones.
Compra debe ser justificada: Rementería
Quien también se pronunció sobre la investigación conjunta de Reporte Índigo y R3D fue el senador veracruzano Julen Rementería del Puerto, quien refirió que la compra de software para intervenir comunicaciones debe estar justificada.
“Creo que este asunto debe ser manejado bajo instancias claras. El llamado es a que (se refleje) que la compra fue plenamente justificado para investigaciones judiciales”, afirmó.
También expuso que es sospechoso que cualquier Gobierno compre este tipo de instrumentos durante época electoral, un hecho con el cual se pueden beneficiar
“Si este software existe y está montado para otros fines, debe ser desmontado porque no funciona para materia judicial autorizada plenamente vía el permiso de un juez”, puntualizó.
Asimismo, llamó a las autoridades a investigar a los posibles responsables por la compra o mal uso de Geomatrix, y dijo que a sabiendas de esto, no se siente vulnerado en su seguridad.
Investigación especial
Este 5 de junio, Reporte Índigo reveló información sobre la compra y mal uso del software Geomatrix, el cual fue adquirido por la PGR en más de 4mdd: Espionaje sin controles
