Los pecados de Borge

Mientras el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, espera su extradición a México, resalta la posibilidad de que a su regreso enfrente en libertad su proceso penal, pues ninguno de los delitos que le acusan es considerado grave.

Roberto Borge, quien hoy en Panamá ocupa la misma celda que en su momento habitó en el Centro Penitenciario “El Renacer” el general Manuel Antonio Noriega, expresidente de ese país, será uno de los reos que se beneficien con la reforma al Código Penal Federal, luego que el delito de lavado de dinero ya no se considera grave en nuestro país.

Borge Angulo está acusado de otros tres delitos: peculado, aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública, estos enmarcados en el Código Penal de Quintana Roo y que tampoco demandan prisión preventiva oficiosa pese al daño patrimonial que representaron al erario.

La orden de aprehensión que le fue dictada por un juez del Estado de México, ejecutada en las primeras horas del 5 de junio pasado en el aeropuerto de Panamá, justo cuando Borge intentaba tomar un vuelo hacia París, se desprende de las indagatorias realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con lo contenido en el expediente UEIORPIFAM-QR/0000749/2016, integrado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), el mayor de los delitos acusados al exgobernador de Quintana Roo es el de lavado de dinero, pero no se le imputa el delito de delincuencia organizada pese a que se contó con una red de personas que le posibilitaron a la comisión del ilícito.

Entre ellas están excolaboradores de Borge sobre los que se giraron órdenes de captura: Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), y Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, excoordinadora jurídica del mismo instituto.

El pasado 1 de junio se dictó también la detención preventiva de María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del exgobernador, y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge, todos implicados en acciones financieras realizadas por Roberto Borge Angulo.

La Fiscalía General del Estado ya sometió a proceso penal a Mauricio Rodríguez Marrufo, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), al que se le incautaron 40 millones de pesos (mdp) en diversos bienes.

Otra procesada por la justicia local es Paulina García Achach, también exsubsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), desde donde se cometieron los desfalcos al erario más escandalosos registrados hasta el momento en esa entidad.

Acusación de la ASF

Hasta antes de la administración de Roberto Borge Angulo, ningún Gobierno estatal de Quintana Roo había acumulado tantas observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), referentes en su mayoría a la ejecución de recursos federales para los programas de infraestructura urbana.

De acuerdo a los reportes de la ASF del 2014 al 2016, a la administración de Roberto Borge se le atribuyen al menos 45 casos en donde los recursos federales no fueron debidamente aplicados por la instancia local, encontrando irregularidades como obras sin licitación, sobrecosto de trabajos, pagos anticipados a contratistas y por obras no ejecutadas.

Un ejemplo es el Auditorio del Bienestar en Cancún, considerado la obra del sexenio, pero que no tiene estacionamiento, ni aire acondicionado ni reúne las condiciones de seguridad, además de que la obra contó con un sobrecosto de 70 mdp.

De acuerdo a lo establecido en los reportes públicos de la ASF, durante solo tres años de la gestión de Roberto Borge, en el pago de obras no concluidas y sobrecosto de los trabajos de infraestructura social y urbana, se cometió un daño a la hacienda pública por más de 450 mdp, de los que no se sabe que hayan sido subsanados o reintegrados.

Sólo en el del 2015, la ASF refiere que fue la administración de Roberto Borge la que presentó los mayores daños al erario en ese periodo, al registrar inconsistencias en el manejo de 116 millones 217 mil pesos en la ejecución de obras de infraestructura social urbana; también reportó que no se aplicaron los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples causando un daño por 71 millones 156 mil 400 pesos a la hacienda pública.

A lo anterior, solo en el 2015, se deben agregar daños por más de 34 millones 112 mil 600 pesos utilizados del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, y otros 10 millones 948 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, los que no fueron debidamente acreditados en su manejo ni su destino.

La deuda, lo de menos

Entre los señalamientos más insistentes que se le han hecho al exgobernador de Quintana Roo se encuentra el crecimiento de la deuda pública, que durante esa administración pasó de 10 mil 200 mdp a 19 mil 711 mdp.

Al exgobernador Roberto Borge la Fiscalía General del Estado lo señala de haberse beneficiado directamente con por lo menos 3 mil mdp, producto de la venta de la reserva territorial del estado, de la que se enajenó más de la mitad durante ese periodo de gobierno.

El exgobernador Borge se pudo hacer de dos departamentos y una casa con un valor total de 23 mdp.

También refaccionó la empresa familiar Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe S.A. de C.V., que incrementó su flotilla con dos barcos tipo Ferry Catamarán, que tienen un costo de más de 140 mdp cada uno.

De acuerdo a lo que ha documentado la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, durante el gobierno de Borge también fueron afectadas las finanzas de los trabajadores del estado, de cuyo fondo de pensiones y ahorros el gobernador dispuso de un monto de más de 3 mil mdp.

Frente al rosario de señalamientos, el exgobernador de Quintana Roo se mantiene a la espera de lo que se decida en su juicio de extradición, en el que él se ha negado en aceptar su repatriación a México, aun cuando el proceso penal que aquí lo espera lo podría enfrentar en completa libertad, solo si la PGR no adiciona a los delitos que le acusa el de delincuencia organizada.