Votar más de una vez, hacer proselitismo el día de la jornada electoral, obstaculizar las votaciones, recoger la credencial para votar o solicitar el voto a cambio de dinero, son sólo algunos de los llamados delitos electorales, de los que en forma histórica han tratado de valerse algunos candidatos para ganar a la mala las elecciones, cuando las simpatías electorales no les favorecen.
En los últimos 22 años el índice de delitos electorales investigados y sancionados por la Fiscalía Especializada de la Procuraduría General de la Republica (PGR) ha venido al alza, pero el mayor repunte de estos ilícitos se han presentado durante los sexenios de Felipe Calderón y en lo que va de la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto, cuando se han investigado el 72 por ciento de estos ilícitos.
De acuerdo con datos oficiales emitidos por la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales (FEPADE) a través de una respuesta emitida vía el portal de transparencia, fue durante el periodo del presidente Felipe Calderón cuando mayor cantidad de delitos de este tipo se cometieron en todo el país, al abrirse 9 mil 126 averiguaciones previas por estos delitos.
En la administración de Enrique Peña Nieto, con fecha de corte al 9 de marzo del 2018, se acumularon 7 mil 044 carpetas de investigación a causa de presuntos delitos electorales
La mayor cantidad de ilícitos electorales registrados durante los seis años del gobierno del entonces presidente Felipe Calderón ocurrieron en el año previo al final de su mandato, antes de las elecciones del 2012.En el 2011 se denunciaron 2 mil 631 delitos y fue el periodo con mayor número de denuncias; el año 2012 fue el segundo, con 2 mil 451; mientras que el 2009, cuando también se realizaron elecciones, ocupó la tercera posición con mil 359 denuncias de tipo electoral.
En lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, con fecha de corte al 9 de marzo del 2018, ya se han acumulado 7 mil 044 carpetas de investigación a causa de presuntos delitos electorales, de los que la mayoría de ellos ocurrieron en elecciones locales, aunque la estadística revela que durante las elecciones federales del 2015 se registró uno de los picos más elevados de este tipo de delitos durante el sexenio, al registrarse mil 465 denuncias. Así, desde enero de 1997 a febrero del 2018, en todo el país se han abierto 22 mil 444 carpetas de investigación por presuntos delitos electorales, 16 mil 170 de ellos ocurrieron en los dos últimos sexenios.
En el comparativo histórico de delitos electorales investigados que registra la FEPADE, se señala que durante los últimos cuatro años (1997-2000) del sexenio de Ernesto Zedillo, se abrieron sólo 2 mil 012 carpetas de investigación por este tipo de ilícitos.
Durante la administración del presidente Vicente Fox, el total de delitos electorales se ubicó en las 4 mil 262 averiguaciones previas, de los que sus máximos históricos fueron ubicados durante las elecciones federales del 2003 y 2006, cuando se abrieron mil 155 y mil 179 carpetas de investigación, respectivamente.
Sanciones para mapaches electorales
Las penas por la comisión de delitos en materia electoral, esipuladas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE) y en el Código Penal Federal van desde el pago de multas de 50 días, hasta los 9 años prisión.
Ambos marcos normativos detallan las acciones que suelen realizar operadores electorales también llamados “mapaches”, los cuales durante las jornadas electorales buscan cambiar el sentido del voto a favor de algún partido político o de algún candidato, mediante la compra del voto, solicitando previamente credenciales para votar o alterando el conteo de los comicios.
La FEPADE ha tenido que enfrentar este tipo de delitos, los cuales atentan contra el derecho al voto de la ciudadanía que se intensifica al inicio de los procesos electorales tanto locales como federales.
Uno de los delitos electorales que también ha ido al alza es la creación y divulgación de información falsa, la cual también es considerada un delito.
Pese a que la creación de información falsa se ha incrementado en los últimos procesos electorales, compartida principalmente en plataformas digitales como Facebook, Twitter o WhatsApp, la FEPADE informó que por este delito no ha realizado ninguna averiguación previa.
La divulgación, de manera pública y dolosa, de noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados, es un acto ilícito de acuerdo con la fracción 10 del artículo 8 de la LGMDE y podría llevar al responsable a pasar hasta 6 años en prisión.
Comparables a otros ilícitos
Para poner en perspectiva la forma silenciosa en que han venido en aumento los delitos electorales en los últimos 22 años, baste su comparación con otros ilícitos, como los cometidos por la delincuencia común, en donde resalta que los 392 delitos electorales cometidos durante 1997 casi igualan la cifra alcanzada por los asaltos a bancos en ese mismo año, que fue de 438.
En el cruce de datos también se revela que los 848 delitos electorales cometidos en el 2000 casi triplican el número de asaltos bancarios que se registró en ese mismo año, los que ocurrieron en 332 eventos delictivos, y supera por mucho los 583 delitos contra la salud de los que tuvo registro ese mismo año el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica (SESNSP).
Los delitos cometidos por ciudadanos, con la intención de cambiar el curso de las elecciones federales en el 2015, tipificado en mil 465 delitos electorales, representa casi el doble de los 763 asaltos sin violencia que se cometieron contra transportistas registrados en todo el país en ese mismo año, y fueron casi cuádruple de las lesiones culposas cometidas con arma de fuego en ese año.
La mayor cantidad de ilícitos electorales registrados durante los seis años del gobierno de Felipe Calderón ocurrieron en el año previo al final de su mandato, antes de las elecciones del 2012
Otro comparativo que revela el repunte de los delitos electorales son los 628 delitos de este tipo cometidos en el 2017, que son más del doble de los 309 asaltos con violencia cometidos contra bancos en ese mismo año, y equivalen a casi el doble de los 333 robos con violencia cometidos contra automovilistas particulares en todas las carreteras del país el mismo año pasado.
Recurrencia de faltas
De todos los delitos electorales cometidos desde 1997 a la fecha, de los que da cuenta la respuesta oficial de la FEPADE, el que mayor incidencia registra, es el que se refiere a la violación del artículo 411 del Código Penal Federal que estipula una sanción de hasta siete años de prisión y hasta 200 días de multa a quien “por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores”, del que se han registrado 13 mil 287 denuncias por la presunta comisión de este acto ilícito.
El segundo lugar de los delitos electorales que han sido investigados por la FEPADE, es el que señala el artículo 403 en la normativa penal federal, que señala como delito el acto de votas a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley, vote más de una vez, haga proselitismo el día de la jornada electoral en el lugar de la casilla o en el lugar donde estén formados los votantes para cambias su sentido del voto.
En cuanto a la aplicación de la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE), la violación al artículo 13 en su primera fracción es la que más ha sido investigada por la Fiscalía Especializada en esta materia; en total, han sido mil 021 los casos, concernientes a la alteración del Registro Federal de Electores o Listado de Electores y también por la participación en la “expedición ilícita de una o más credenciales para votar”, delitos que señala el artículo citado.
Otras 14 denuncias por la violación al artículo 13 de la LGMDE corresponden a su fracción segunda, la cual indica la comisión de un acto ilícito cuando alguien “altere, falsifique, destruya, posea, use, adquiera, comercialice, suministre o transmita de manera ilegal, archivos o datos de cualquier naturaleza, relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores”.
En la lista de delitos electorales, la FEPADE también incluyó mil 695 incidencias que no fueron clasificadas en el Código Penal Federal y la LGMDE. En su respuesta vía ley de transparencia, catalogó estos casos como “diverso al electoral sin fracción”.
