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El acuerdo entre Reforestación Extrema y la Secretaría de Medio Ambiente fue realizado por adjudicación directa. Foto: Especial

Delegan obligaciones

La administración encabezada por Samuel García otorgó a la organización liderada por Cosijoopii Montero Sánchez la facultad plena de arborizar la entidad y de coordinar los trabajos alrededor de estás acciones, lo que los faculta a recibir dinero por ello

Mediante un convenio opaco y con muchas ambigüedades, el Gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, cedió “facultades oficiales” a Cosijoopii Montero Sánchez, quien encabeza a la asociación civil Reforestación Extrema, para el sembrado oficial de árboles y la coordinación con particulares para atender la compensación por impacto ambiental.

El acuerdo, realizado el 30 de marzo pasado por adjudicación directa y no por licitación, y que concluye el 31 de diciembre de 2023, contiene las firmas del titular de la dependencia referida, Félix Arratia, así como de Cosijoopii Montero, e implica millones de pesos en actividades diversas, sin embargo, no fue abierto a la transparencia bajo el argumento de que son recursos económicos que se aportan de fondos privados.

El documento precisa que la Secretaría de Medio Ambiente tiene la facultad de condicionar las autorizaciones de obra o actividad por los impactos ambientales susceptibles de ser producidos en la construcción, operación normal o en caso de accidentes, para el efecto de que se realice una compensación ambiental de dicha afectación, con la intención de resarcir el daño a través de acciones concretas.

Sin embargo, a través de este convenio, también se le conceden facultades a Reforestación Extrema AC, con quien los particulares se coordinarán para que, mediante donativos o cantidades económicas aportadas a la asociación, se pueda resarcir el daño al medio ambiente.

No se especifican montos, tarifas, cotizaciones a cobrar ni tampoco la utilidad precisa que tendrá Reforestación Extrema, que funge como intermediaria entre la autoridad y el particular para decidir cómo se resolverán las situaciones de impacto ambiental y que el interesado pueda recibir su constancia de compensación, continuando con su proyecto.

En el documento, se precisa que para concretar estás acciones, la Secretaría de Medio Ambiente debe resolver al particular la viabilidad de las opciones de compensación propuestas, analizando la proporción del impacto y el efectivo resarcimiento de la afectación generada o por generar, para lo cual encuentra en ese convenio una opción viable para tal efecto.

“Por medio del mismo, se logra la proporción adecuada y el resarcimiento necesario, mediante la implementación y ejecución de acciones específicas y eficaces de restauración del medio ambiente, así como contar con los mecanismos para su verificación y seguimiento”, se lee en el acuerdo.

“Dicha idoneidad y proporcionalidad se considera atendiendo a que por un lado se simplifica la tramitología que tiene que realizar el particular solicitante, puesto que esta se limita a determinarse con base en el impacto ambiental el monto de una cantidad económica a donarse a la asociación celebrante, depositarse la misma en uno de los medios previamente establecidos para ello, y recibir su constancia de compensación por el mismo.

De acuerdo con la Secretaria de Medio Ambiente, la asociación liderada por Montero resulta ser un organismo idóneo para tal función, ya que desde su objetivo de constitución y las acciones que realiza, se encuentran la reforestación, conservación, protección y manejo del arbolado urbano, así como de diversas iniciativas relacionadas con el cuidado del ambiente, lo que garantiza que los recursos aportados por los particulares a manera de compensación ambiental, se apliquen de manera eficiente en los bosques urbanos de Nuevo León.

Perfil cuestionado

Con respecto a este convenio que favorece a Reforestación Extrema, activistas y ambientalistas criticaron a Cosijoopii Montero, anunciando que recurrirán a amparos y denuncias ante el Ministerio Público por considerar que se cometieron actos de corrupción.

La activista Liliana Flores Benavides afirmó que resulta evidente que el acuerdo entre el gobierno y Reforestación Extrema para plantar un millón de árboles y realizar otras actividades en materia ambiental, fue realizado de manera opaca.

Flores expresó que los recursos que antes entraban a las arcas del gobierno, derivados de empresas y ciudadanos que derriban árboles, ahora entran en las arcas de Reforestación Extrema.

“Es opacidad porque no hay información de los recursos que entran y cómo se aplican, y por otro lado, no hay un control de la cantidad de árboles que se plantan; un convenio de esta naturaleza no tuvo licitación, fue adjudicación directa para esa organización, que en lugar de ser asociación civil, en realidad es una sociedad anónima.

“Es que denota favoritismo y se puede prestar a conductas de carácter ilegal en materia de opacidad y corrupción, porque cuando hay opacidad puede haber corrupción(…) Estamos, un grupo de personas, analizando esto y desde el terreno de la sociedad civil vamos a interponer recursos para la anulación de este convenio”, anunció Flores.

Por su parte, el ecologista Guillermo Martínez Berlanga señaló que el convenio entre la asociación y el gobierno está viciado de origen, ya que ocultan información bajo el argumento de que se tratan de fondos privados.

Aseguró también que se cometen errores básicos, como la siembra de árboles en plena canícula, sin sistema de riesgo y sin logística a seguir, además de no contar con georreferenciación.

De la misma forma, Martínez Berlanga aseguró estar preocupado por la forma en la que el gobierno da a conocer cifras muy distantes entre sí en torno a la siembra de árboles, ya que un día aseguran haber sembrado 310 mil unidades y al día siguiente precisan que fueron 11 mil.

“Ya dijeron expresamente que de este asunto no se va a dar información porque hay donaciones privadas, donaciones privadas para sembrar árboles en espacios públicos, bueno, esto ya está viciado de origen”, comentó Martínez Berlanga.

Al respecto, el activista Patricio Zambrano acusó de confusión en las políticas de arbolado, mismas que conllevan a falta de precisión en la compra de árboles, pues de tomarse en cuenta montos manejados en medios de comunicación, los montos de compra ascenderían hasta los 14 mil pesos por unidad.

Zambrano acusó a Cosijoopii Montero de ser un ecocida y un corrupto, además de traicionar los ideales de defensa de los árboles por dinero; a la par, anunció que ya se prepara para proceder legalmente con una denuncia en contra del convenio.

“Robarle al erario público se castiga con cárcel, señor Montero; no vaya a pensar que es algo banal o algo pasajero, defraudar al Estado se castiga con cárcel.

“Sin entrar en grilla, lo único que puedo decir es que este tipo, Cosijoopii Montero, se peleaba hasta por un árbol que arrancaban de una banqueta, y ahora deforestan hectáreas enteras del Río Santa Catarina, otras las incendian, a otras nada más le metieron máquinas, y el tipo nunca se paró ahí… ¿Dónde estás defendiendo lo indefendible? Eres un ecocida más Cosijoopii; de ser un reforestador extremo reconocido por la sociedad, te brillaron los ojitos por unos cuántos pesos, y esas 30 monedas de plata te van a hundir por el resto de tu vida, te lo garantizo”, expresó Zambrano.

Por último, el exdirector de Parques y Vida Silvestre, Roberto Chavarría, señaló que se trata de un contrato amañado y asignado por dedazo a Montero Sánchez.

“Fue por dedazo, es uno de los puntos que hemos estado reclamando los que nos dedicamos a esto, porque no nos invitaron o pusieron una licitación abierta, porque todo lo lleva una sola institución; no hay datos reales, ni georreferenciación de los árboles que dicen haber plantado (…) No podemos dejar en manos de una persona que no tiene carrera en áreas biológicas o forestales la reforestación de un estado”, lamentó Chavarría.

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