"El Instituto Electoral tiene la competencia legal para resolver los procedimientos por posibles violaciones a las normas que regulan la propaganda institucional del DF"
Los funcionarios de los 40 consejos distritales del IEDF recolectarán imágenes de los anuncios como evidencia
Por violar el reglamento, el IEDF contempla desde una amonestación, una multa de hasta 335 mil pesos e incluso negar el registro para la campaña electoral del 2015
Con la finalidad de poner un alto a la promoción personalizada y desmedida de los jefes delegacionales y diputados locales en todas las calles de la Ciudad de México, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) amaga con aplicarles sanciones severas.
Estas podrían contemplar desde una simple amonestación pública, una multa de hasta 335 mil pesos y en casos extremos negarles el registro de candidatos a puestos de elección popular en el proceso electoral del 2015.
Para ello el árbitro local delinea un Reglamento que Regula el Uso de Propaganda Institucional, Gubernamental, Recursos Públicos, Promoción Personalizada, así como Actos Anticipados de Precampaña y Campaña en Periodo no Electoral.
Se trata de un documento que especifica claramente qué se puede y qué no se puede hacer para promover el trabajo anual de los diputados locales y los jefes delegacionales.
De acuerdo con el proyecto de acuerdo, al que Reporte Indigo tuvo acceso, queda prohibida la promoción personal de los servidores públicos con base en el artículo 134 de la Constitución.
Y para hacer valer esta normatividad, los consejeros electorales instruyeron a los funcionarios de sus 40 consejos distritales recolectar imágenes de los anuncios espectaculares, bardas, mantas y mupis que se utilizan con este fin.
Para los expertos en Comunicación Política, está claro que la fiebre electoral del 2015 ya comenzó. Así lo considera el IEDF y por esa razón presentará entre mañana y el lunes próximo dicho lineamiento.
A diferencia de otros procesos electorales, éste marca el adiós del Instituto Electoral capitalino, y por ende, los actuales consejeros están obligados a sancionar todas las irregularidades que detecten. Ese será su legado.
El reglamento
Los lineamientos que deben seguir los delegados y diputados hacen énfasis en la prohibición que tienen los servidores públicos de derrochar los recursos públicos con fines personales y electorales.
Esta casa editorial publicó en su edición del 21 de enero que los jefes delegacionales en Miguel Hidalgo, Tlalpan, Iztapalapa, Cuauhtémoc e Iztacalco, así como algunos diputados locales comenzaron a plagar la ciudad de propaganda personalizada.
Este tipo de publicidad se centra en promocionar sus nombres, fotos y lemas de gobierno, cuando todo es exactamente lo que está prohibido. Con el paso de los días, el fenómeno se repitió e incrementó.
La consecuencia fue que los partidos de oposición, sobre todo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exigieron parar la difusión excesiva de los delegados y rendir informes de los gastos.
Pero el partido mayoritario en el DF —PRD— negó la solicitud y avaló la promoción desmedida de jefes delegacionales como Víctor Hugo Romo, en Miguel Hidalgo, y Elizabeth Mateos, en Iztacalco.
Las quejas ya están llegando al IED, donde la denuncia es que se están realizando actos anticipados de precampaña con recursos públicos; razón por la cual la autoridad electoral decidió tomar cartas en el asunto.
“A esta autoridad electoral le corresponde conocer de las presuntas violaciones al artículo 134 de la Constitución. De ahí que este Consejo General esté obligado a adoptar las medidas necesarias, en su caso, para salvaguardar el orden jurídico electoral”, señala el proyecto de acuerdo.
(…)“en tal virtud el Instituto Electoral tiene la competencia legal para conocer en cualquier momento y resolver los procedimientos que se inicien por posibles violaciones a las normas que regulan la propaganda institucional del Distrito Federal al haberse promocionado la imagen de los servidores públicos con fines político electorales que pudieran vulnerar el principio de equidad”.
Bajo esos argumentos definieron en el reglamento que también se hará valer el artículo 228 del Código Federales de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Y es que ahí se estipula que la promoción de los informes debe darse dentro de los siete días previos al evento y los cinco posteriores. En este supuesto incurrieron, entre otros, Víctor Hugo Romo y Elizabeth Mateos, quienes hasta la fecha tienen espectaculares.
Entre las previsiones también está que la propaganda incluya la palabra “voto”, “votar”, “sufragio”, “elección”, “comicios” o cualquiera relacionada o vinculada con estas.
Tampoco está autorizado hacer suyos los logros de una delegación o de la ALDF, ni promocionar su imagen en portadas de revistas que son expuestas en anuncios espectaculares, como el caso de la delegada en Magdalena Contreras, Leticia Quesada.
Ahí se aclara que estas infracciones se sancionen con amonestaciones y multas de 50 hasta 5 mil días de salario mínimo en una primera fase, y con la negativa de registro como candidato a un puesto de elección popular cuando se constituya que sus fines sí son electorales.
Entre la espada y la pared
Los actuales consejeros electorales, al igual que sus antecesores, fueron elegidos por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde cada uno de ellos representan una cuota de partido.
Por eso la imagen de este órgano autónomo ha sido fuertemente cuestionada en los procesos electorales anteriores, ya que los candidatos se promocionan de forma excesiva y hasta con recursos públicos.
Pero con la reforma política, se acordó que los institutos electorales locales desaparecerán; se convertirán en un órgano auxiliar de lo que será el Instituto Nacional de Elección.
Por eso es casi un hecho que el IEDF se encargará de celebrar su última elección en el 2015, donde se renovarán las 66 curules de la Asamblea Legislativa del DF y las 16 jefaturas delegacionales.
Eso significa que los actuales consejeros dependen del trabajo que logren desarrollar en este proceso electoral; el cual ya comenzó con la promoción de imagen de los aspirantes a puestos de elección popular.
Los dos caminos que tienen, de acuerdo con los especialistas, son: no sancionar a nadie, ser permisivos y omisos para que los grupos de poder los consideren en algún otro cargo.
O, apegarse a lo que marca la ley y sancionar de forma ejemplar a los servidores públicos que derrochan recursos públicos en la promoción personalizada con miras a la elección del 2015.