Dejan secretarios ‘plantados’ a colectivos ecologistas en Congreso de NL

Félix Arratia y Hernán Villarreal decidieron no presentarse a la comparecencia en torno a desmonte de Río Santa Catarina
Jorge Eduardo Villagómez Aréchiga Jorge Eduardo Villagómez Aréchiga Publicado el
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A pesar de que ambos estaban citados para comparecer en torno al desmonte del lecho del Río Santa Catarina, el titular de Medio Ambiente de Nuevo León, Félix Arratia, así como el de Movilidad, Hernán Villarreal, decidieron no presentarse al Congreso Local para rendir un informe pormenorizado de la situación.

La sesión se formalizó desde la semana pasada a petición del colectivo ‘Un Río en el Río‘, agrupación con la que autoridades estatales han sostenido reuniones de información, mismas que, de acuerdo con los activistas, no derivan en acciones concretas.

Para justificar su ausencia, tanto Arratia como Villarreal enviaron oficios argumentando que no fueron notificados a través de los canales correctos, además de no contar con disponibilidad debido a su agenda.

De la misma forma, recordaron que, en ocasiones anteriores, ya han tenido disposición de colaborar junto con activistas en mesas de trabajo, algo que los propios ecologistas pusieron en tela de juicio.

 

Piden sanciones por desacato

Desde las instalaciones del Congreso Local, los activistas de ‘Un Río en el Río‘ presentes en el recinto legislativo exigieron que Arratia y Villarreal sean sancionados por desacato por parte de la Auditoría Superior del Estado.

“La ciudadanía está necesitada de respuestas y soluciones; urge adecentar la política en Nuevo León y que el mandato ciudadano se respete”, afirmó a través de redes sociales Claudia Tapia Castelo, exdiputada e integrante del colectivo, mismo que se conforma por más de 50 organizaciones.

Polémica por desmonte ‘salpica’ a todos

El desmonte en el lecho del Río Santa Catarina, anunciado por autoridades estatales y federales el pasado 6 de julio, desató una fuerte polémica entre asociaciones civiles y ecologistas, quienes calificaron la acción como un ‘ecocidio‘ por parte del Gobierno de Nuevo León.

Aunque el propio gobernador, Samuel García, afirmó días después que el desmonte sería ‘selectivo’ y sólo en ciertas zonas del lecho, procurando dañar lo menos posible la flora originaria de la región, una serie de incendios ocurridos en el lugar terminó por polarizar todavía más el tema, ya que el Gobierno de Nuevo León acusó, sin mostrar pruebas, que los líderes de la ‘vieja política’ los habrían provocado de forma intencional para fomentar el descontento público.

La acusación provocó reacciones adversas por parte de la oposición, con algunos de sus miembros señalando, en respuesta, que la administración estatal de García tenía ‘intereses inmobiliarios’ en el sitio, razón por la que el desmonte habría sido propuesto en primer lugar.

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