El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alista la elección de su nuevo dirigente nacional en medio de la crisis económica que dejó la pandemia y teniendo relaciones tensas entre la iniciativa privada y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que quien tome el timón de la organización marcará el rumbo para la segunda mitad del sexenio.
Tras tres años de gestión de Carlos Salazar Lomelín, el CCE tendrá un nuevo dirigente el próximo 2 de marzo.
Registrados para la contienda están Francisco Cervantes, expresidente de la Confederación de Cámaras Industriales y abanderado que cuenta con el apoyo mayoritario, y Bosco de la Vega, exdirigente del Consejo Nacional Agropecuario.
Ambos presentan visiones distintas de cómo el sector empresarial debe llevar la relación con la administración de López Obrador.
Mientras Cervantes Díaz maneja un discurso en favor de la conciliación, sin alinearse al Ejecutivo federal, De la Vega Valladolid ha reiterado que no buscará la confrontación, pero tampoco permitirá la sumisión y hará frente al Estado cuando considere necesario.
El contraste de posturas refleja la difícil situación por la que atraviesan las relaciones entre el CCE y el Gobierno federal, misma que ha repercutido, para mal, en las condiciones económicas del país, como advirtió Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, al participar de manera virtual en la “México Business Summit” a mediados de febrero.
“El problema es que tenemos un Gobierno que está viendo al sector privado como enemigo, por lo que obviamente no se van a aprovechar las oportunidades”, dijo Heath al señalar que, ante la ausencia de inversión privada, el país no cuenta con un motor de crecimiento, por lo que los escenarios son “bastante pesimistas”.
En este escenario, la apuesta de Bosco de la Vega le ha cobrado factura rumbo a la decisión de las cúpulas del CCE, pues solo mantiene firme el respaldo del CNA. Además de que, al interior del organismo, se le critica el haber sumado el apoyo de exsecretarios de Estados del Gobierno de Enrique Peña Nieto así como de dejar su estrategia mediática en manos de Alejandra Sota.
Para analizar el panorama, Reporte Índigo entrevistó a Enrique Mireles, maestro en Administración Pública por el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación, quien considera un error que tanto el primer mandatario como su equipo de colaboradores mantengan fracturada la relación con el sector empresarial en plena crisis.
“Hay que ser sinceros, el sector empresarial necesita del Gobierno federal y el Gobierno federal necesita del sector empresarial. Aquí puede haber un debate de quién necesita más de quién, pero si nos salimos de este enfrentamiento y lo vemos desde afuera, en estos momentos no estamos para ver quien necesita más de quién”.
Respecto a las plataformas presentadas por Cervantes y De la Vega, el también maestro en Alta Administración por la Universidad Autónoma de Querétaro, señala que lo ideal sería un punto medio y buscar restablecer el diálogo con el Gobierno, sin permitir sumisiones y, mucho menos, buscar una confrontación permanente, lo cual sería todavía más contraproducente para el país.
“Las dos posturas de los aspirantes no se deben radicalizar. También es cierto que, al representar a un gremio empresarial, en cierto punto tienen que defender los intereses del gremio y, cuando las cosas no van funcionando, evidentemente tendrán que alzar la voz, señalar, hacer un posicionamiento”.
En ese sentido, adelanta que será determinante saber si estos dos bandos podrán hacer equipo al interior del CCE.
“También va a influir qué tan fracturado queda el sector posterior a la elección. Una fractura al interior complicaría las cosas o, por el otro lado, una unificación en equipo podría ser un paso hacia adelante rumbo a buscar un acuerdo con el Gobierno”.
Edgar Ortiz Arellano, doctor en Gestión Estratégica y presidente de Bismarek Consultoría, coincide en que, “independientemente de quién llegue al Consejo Coordinador Empresarial, el peor escenario para los mexicanos es que se llegue a la confrontación abierta donde todos vamos a perder”.
En entrevista con Reporte Índigo, recalca que no se puede tener un gremio empresarial servil al Gobierno, pero tampoco uno que se confronte con él solo por no poder llegar a acuerdos.
“Estas luchas, tanto al interior de los grupos empresariales, como del Estado mexicano versus empresarios, no abonan en nada a la economía ni a la calidad de vida de los ciudadanos”.
Sin embargo, también señala que la condición de las relaciones entre la actual administración y el sector empresarial no son una mera estrategia política de López Obrador, sino que responden a condiciones con raíces históricas en las que los últimos fueron “más agradables” por los favores de los gobiernos en turno.
“Lo primero que habría que resolver es que, históricamente, el Estado mexicano no siempre concuerda con las élites económicas-empresariales del país. Desde el México contemporáneo vemos que hay una serie de roces en materia de cómo se debe de conducir el país económicamente”.
Si bien destaca la necesidad de la actividad empresarial para el desarrollo nacional, Ortiz Arellano dice que “desafortunadamente, no siempre los empresarios mexicanos han visto por el interés nacional o por el interés público. La realidad es que, gran parte de la situación en la que nos encontramos, es por la explotación de las empresas.
Esto se ha reflejado en la concentración desmedida de la riqueza que se ha registrado en los últimos 20 años, misma con la que López Obrador justifica sus posturas críticas hacia el sector empresarial y por las que “algunos seguidores del Presidente se han mostrado radicalizados con respecto a la función de las empresas, cosa que también es incorrecta”.
