"Es una decisión institucional legal. El proceso electoral en sí puede echarse abajo por una queja en la actuación de una dependencia de gobierno a favor de algún partido"
“De cara al proceso electoral 2015 (…) considero que la programación de C7 Jalisco (…) debe de contemplar lo siguiente: eliminación de información electoral en los noticieros"
Gabriel González López, designado como responsable temporal del despacho de la Dirección General por la Junta de Gobierno, en entrevista con Reporte Indigo, responde los señalamientos de quienes han criticado la tercera recomendación del defensor de las audiencias interino, Julio César Hernández Gutiérrez.
En ella se pide la eliminación –durante el periodo electoral– de la información relativa a las campañas de este 2015 de los programas informativos y de opinión.
“De cara al proceso electoral 2015 (…) considero que la programación de C7 Jalisco (…) debe de contemplar lo siguiente: eliminación de información electoral en los noticieros; suspensión de los programas de servicio social, y de cualquier contenido que hable o pueda interpretarse como un logro de gobierno; condicionamiento de no tocar temas electorales para los programas de opinión; continuidad de toda la programación cultural”, escribió Hernández en su recomendación de marzo pasado.
Reporte Indigo: ¿Por qué eliminar la información electoral de los noticieros y de los programas de opinión?
Gabriel González López: Esta recomendación del defensor Julio César Hernández se hizo en el seno de la Junta Directiva; se discutió el tema, se debatió, y ciertamente había elementos que considerar para llevar a cabo esta determinación. Obviamente me toca a mí operar.
Pero no es eliminar casi al cien por ciento la información electoral, hay varios tipos de información que se generan en esta coyuntura, en este proceso electoral, la primera es el spoteo de campañas que tienen los partidos políticos, y que tenemos obligación de transmitir como medio de comunicación, de manera gratuita, a todos los partidos de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional Electoral y de acuerdo a la pauta que éste establece (…) Esa información no se puede eliminar, es un derecho constitucional que tienen los partidos y es una obligación que tenemos todos los medios, otorgar ese espacio.
Vemos una línea muy delgada, muy endeble, entre lo que es nuestra actividad como servicio público, como servidores públicos, de que se pueda interpretar –no que lo hagamos– por algún partido político, que la información que vierte C7 pueda ser en beneficio de los candidatos o partidos que están en la contienda electoral. Esto es muy común que suceda, que los partidos se quejen por cierta información.
RI: ¿Cómo respondes a la crítica de expertos que se hace de la falta de cobertura noticiosa y de opinión de las campañas?
GGL: Como canal no hemos recibido de la ciudadanía, de nuestra audiencia, de la gente de a pie que nos ve y escucha, ninguna queja al respecto de que no haya información.
Puede ser un oasis, un descanso para la sociedad que está bombardeada de miles de mensajes. Son once millones de spots los que van a sonar a lo largo de las campañas. La gente entonces busca la otra información del acontecimiento cultural, de lo social, de lo empresarial, de las universidades.
Sin embargo no es una situación de crear este oasis de gente que no quiere escuchar de lo electoral, no estamos incumpliendo ninguna ley al momento de dejar de dar esta información, estamos cuidando, nada mas, que el Estado, a través de sus organizaciones, como es el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, no incurra en omisión o exceso de hacer inequitativo el proceso para algunos de los partidos o candidatos.
RI: ¿Hubo alguna queja de parte de la audiencia o por qué se dio la recomendación?
GGL: No ha habido quejas, fue en el sentido de analizar el marco legal al que estamos sujetos como servidores públicos, esto se hizo no sólo al interior del sistema sino en todas las direcciones de comunicación social del gobierno. El propio Instituto Electoral y el gobierno estatal coordinaron una mesa de debate y análisis.
Hubo una mesa de análisis general y luego una particular, con nuestra Junta Directiva en la que se le preguntó al defensor de la audiencia su opinión también. Él vertió sus comentarios al igual que todos y a partir de ahí se tomaron determinaciones.
RI: Respecto al derecho a la información que han señalado las voces expertas, ¿qué comentas al respecto?
GGL: Me mantengo en lo que nuestra Junta Directiva decidió, porque ese es mi trabajo, operar lo que ellos me instruyen. Yo como encargado del despacho del director no tengo atribuciones para cambiar la línea editorial del noticiero o de todo el sistema y de la multiplataforma.
Hay políticas y también el trabajo se decide de manera colegiada en esta Junta Directiva, los directores somos los que operamos las decisiones de esta Junta Directiva, no decidimos.
Yo considero que sí había condiciones para generar un debate, para generar espacios de discusión de buen nivel con árbitros, con expertos que pudieran servir de balanza en las opiniones de los candidatos, pero las condiciones en la misma contienda no las hay.
Yo creo que pudiéramos tener una cobertura moderada pero eso no abonaría mucho a lo que ya hay. El derecho de las audiencias a informarse no es la omisión o la limitante que tiene C7.
RI: ¿Si cabría la posibilidad de que en caso de que existiera una queja, un poco más amplia, se reconsideraría la decisión?
GGL: No sólo una queja, sino una sugerencia tal vez del propio Instituto Electoral o de las universidades. De mi parte hay toda la disposición de subir el tema con mi órgano de gobierno, el Consejo Consultivo –que lo determine, lo valore–, llevarlo a la Junta de Gobierno y ya es quien decide tomar una determinación.
RI: Pareciera que en el discurso se está más preocupado por la cuestión institucional que por la cuestión propiamente pública, en el sentido de revisar más si el sistema no entra en violación a la ley, en quejas del INE, y no tanto en qué podría ver el ciudadano o las audiencias.
GGL: No lo es. No es una decisión institucional de imagen, es una decisión institucional legal. El proceso electoral en sí puede echarse abajo por una queja en la actuación de una dependencia de gobierno o de un funcionario de gobierno a favor de algún partido, y la medida precautoria es que no por lo que haga C7 se pueda judicializar y se pueda anular una elección (…)
No es la imagen, sino evitar que el proceso se judicialice por una actuación del sistema o de los servidores públicos que en él laboramos.