‘Le hacen lo que el viento a Juárez a mi compadre’: Samuel García defiende a funcionario imputado por Fiscalía Anticorrupción
El gobernador de Nuevo León respaldó a director de Instituto de Movilidad y aseguró que la "vieja política" está detrás de las acusaciones
Jorge Eduardo Villagómez AréchigaA pesar de la investigación que le realiza la Fiscalía Anticorrupción por la presunta compra a sobreprecio de 800 camiones de rutas urbanas, José Manuel Valdez, director del Instituto de Movilidad, fue respaldado este lunes por el gobernador Samuel García, quien desestimó las acusaciones debido a que provienen de la “vieja política”.
Desde un evento oficial en la colonia Aztlán, mismo en el que el mandatario presentó cinco nuevas rutas de camiones urbanos para la ciudad de Monterrey, García refrendó su apoyo al funcionario al asegurar que, gracias a él, la Zona Metropolitana cuenta con más y mejores opciones para desplazarse.
En la misma intervención, García Sepúlveda aprovechó para lanzar un “dardo” al PRI y al PAN, a quienes señaló como responsables del señalamiento que enfrenta Valdez Gaytán.
Esta es la movilidad que Nuevo León siempre debió tener:
60 camiones VERDES Y ECOLÓGICOS para 5 rutas en Monterrey. 🚍🌱
¡ARRÁNCATE! 👊🏻 pic.twitter.com/MfMElsiqb1
— Samuel García (@samuel_garcias) May 14, 2024
“A este señor (Valdez) lo trae la Anticorrupción ‘enquehacerado’, pero es abogado y le hacen lo que el viento a Juárez a mi compadre (…) Yo lo defiendo porque gracias a él tenemos todos estos camiones nuevos, pero así es la vieja política, el PRIAN, cuando ven que algo brilla les da bilis y nada más está viendo cómo estar fregando”, acusó García.
Al final del evento, el mandatario pidió un aplauso para Valdez y también para el director de Metrorrey, Abraham Vargas, subrayando que gracias a sus respectivas gestiones, muy pronto la ciudadanía va a preferir el uso del transporte público al del automóvil.
A pesar de estar imputado, Valdez confirmó que seguirá a cargo del Instituto de Movilidad.
¿De qué se le acusa a José Manuel Valdez?
El caso se remonta al 15 de diciembre de 2021, cuando la dependencia celebró un contrato de arrendamiento con un costo de 2 mil 244 millones 872 pesos para el uso de las unidades bajas en emisiones contaminantes, mismas que fueron entregadas 15 meses después.
En agosto de 2023, la Auditoría Superior del Estado encontró una irregularidad de un pago que realizó el Gobierno de Nuevo León por 160 millones de pesos, todo sin que los camiones hubieran llegado.
En el análisis se detalla, además, que el Gobierno de Nuevo León no habría hecho un estudio de mercado para garantizar la existencia de las unidades y aún así se emitió el recurso de anticipo.
Los documentos que se recopilaron fueron presentados ante un Juez de Control, quien determinó suficientes las pruebas para determinar la vinculación.
