El 2017 ya se apunta como uno de los años de más agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, registradas en el presente sexenio.
En lo que va de este año ya suman 46 las solicitudes de medidas especiales de seguridad recibidas en la Secretaría de Gobernación para este tipo de defensores, las que ya casi alcanzan las 50 admitidas el año pasado.
De acuerdo al Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el número de agresiones contra activistas sociales en lo que va de este año podría alcanzar la cifra récord registrada en el 2013 y 2016, cuando fueron aceptadas 50 solicitudes en cada periodo.
El caso más reciente de agresión es el sufrido por la activista Yndira Sandoval Sánchez, violentada sexualmente por una integrante de la policía comunitaria de Tlapa, en Guerrero, luego de ser detenida y sometida por miembros de esa corporación civil que opera con el permiso de la autoridad federal.
Según el informe del Mecanismo de la Secretaría de Gobernación, con fecha de corte al 30 de septiembre de este año, durante los primeros 9 meses del 2017 ese organismo ha conocido la petición de protección de 46 activistas, pero sólo se han admitido 45.
La agresión cometida contra la activista Yndira Sandoval Sánchez llama la atención por ser el primer caso en el país de un agravio cometido por un organismo de la policía civil, en este caso de la policía comunitaria, pues la referencia existente sólo apuntaba hacia actos de tortura contra mujeres activistas por parte del Ejército, la Marina, la Policía Federal y las policías estatales.
De acuerdo al informe “Sobrevivir a la Muerte Tortura de Mujeres por Policías y Fuerzas Armadas en México” de Amnistía Internacional, difundido el año pasado, de una muestra de 100 actos de agresión contra activistas de todo el país, “la mayoría fueron llevados a cabo por la Policía Federal, seguida por la Policía Estatal, el Ejército y la Marina”.
En México, refiere Amnistía Internacional, es frecuente que las mujeres, incluyendo a las activistas, sean sometidas a violencia sexual.
“Normalmente incluye el manoseo de los pechos, las nalgas y los genitales, golpes en la zona genital, descargas eléctricas en los pechos o los genitales y violación con los dedos, con objetos o con el pene”.
La violencia sexual según lo establece el Manual de las Naciones Unidas (ONU) para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, también conocido como “Protocolo de Estambul”, se deriva en “amenazas verbales, insultos y las burlas”, que forman parte de la tortura sexual y que incrementan la humillación.
Agresiones en todas partes
A la fecha, los activistas de derechos humanos protegidos por el Estado se ubican en:
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Tipos del delito en todo el país
El tipo de estas agresiones contra mujeres civiles por parte de autoridades policiales se cumple cabalmente en el caso de la activista Yndira Sandoval Sánchez, quien refiere que fue ultrajada, violentada y humillada durante una detención ilegal por parte de la policía comunitaria de Tlapa, Guerrero, lo que evidencia el grado de vulnerabilidad en la que se encuentran en México las mujeres defensoras de los derechos humanos.
En el estudio que ha hecho sobre tema, Amnistía Internacional ha reconocido que en el 2016 todas las mujeres víctimas que fueron entrevistadas “expusieron con detalle algún tipo de violencia, desde el acoso sexual y los abusos psicológicos, hasta la violencia sexual”.
De 100 casos de mujeres violentadas, que fueron tomados por Amnistía Internacional como muestra para profundizar sobre el estudio de las vejaciones a las que se encuentran expuestas las mujeres frente a los órganos policiales del estado, “72 dijeron haber sido sometidas a violencia sexual, que iba desde el manoseo de los pechos o las nalgas, hasta la violación”.
En lo que va del sexenio, un total de 459 activistas han sido beneficiarias de las medidas cautelares para resguardar su integridad por parte del Estado, luego de haber sido objeto de agresiones.
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