Pelear por los derechos de la tierra y defender los recursos naturales en México se convirtió en una labor que pone en riesgo la vida de los defensores.
Tal es el caso del reciente asesinato de Antonio Montes Enríquez, líder indígena de la comunidad de Bosques de San Elías Repechique, del municipio de Bocoyna en Chihuahua, opositor a la tala ilegal en la región y a la construcción del aeropuerto de Creel hace más de cuatro años y quien fue encontrado sin vida el pasado 6 de junio.
De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), durante 2019 se identificaron 39 ataques a personas defensoras del territorio y el medio ambiente; y, aunque se posicionó como la cifra más baja de los últimos años, la organización destaca que, del total de casos, más de un tercio fueron homicidios, con un saldo de 15 personas asesinadas.
María Colín, especialista en derecho ambiental de Greenpeace México, explica en entrevista que los asesinatos en contra de activistas ambientales en el país reflejan lo expuestos que están ante posibles agresiones y la falta de protección a su labor por parte del Estado mexicano.
A raíz de la guerra contra el narco y otras actividades criminales, el tema de la defensa ambiental se volvió crucial pues la gente comenzó a defender su territorio, los recursos naturales y en dicho contexto se ve una mayor amenaza contra las personas que trabajan en dicha defensa
Cifras del Cemda muestran que de 2012 a 2019 se registraron 499 ataques a personas defensoras de los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Los años en los que se observó mayor número de agresiones son 2015 y 2016 con 107 y 85 ataques, respectivamente.
Mientras que el año pasado ocurrieron 39 agravios. Oaxaca encabeza la lista como la entidad con el mayor número (seis).
Le siguen Puebla, Morelos, Chiapas y el Estado de México, cada uno con cuatro.
En Chihuahua hubo tres casos y en Jalisco, Ciudad de México y Zacatecas dos en cada lugar. En el resto de las entidades federativas como Colima, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, Veracruz, Sonora y Yucatán se contabilizó una agresión.
Uno de los puntos que resalta el Cemda es que el año pasado aparecieron estados que no estaban en la lista del 2018: Quintana Roo, Nuevo León, Colima, Sonora y Morelos.
Protección urgente a defensores del medio ambiente
Alejandra Leyva, abogada del Cemda, lamenta que la violencia contra los defensores sea cada vez más directa y con el principal objetivo de terminar con la vida de quienes tienen el papel de vocería o mayor visibilización. Ante ello, remarca la urgencia a que las autoridades se involucren más en la protección de los activistas.
“Actualmente, a pesar de tener una crisis sanitaria, van alrededor de 10 defensores asesinados. Es importante que en estos hechos y todas las agresiones de las que son víctimas los activistas se tenga claro el contexto en que los mataron, se deje de tener una ausencia de investigación y sobre todo se respetan los derechos humanos tanto por la fiscalía local y como la federal”, comenta.
Para Leyva resulta vital que se castigue conforme a la ley a los responsables de las agresiones contra defensores pues, al no haber sanciones, se vuelve un hecho legítimo atentar contra los activistas.
Para proteger y respetar la labor de los defensores se tiene que empezar desde el discurso de las autoridades, que dejen la estigmatización, deben de reconocer la lucha ambiental y dejar de asumir que quien critica proyectos de desarrollo es un opositor al empleo o al desarrollo
En 2019 el Centro identificó nuevamente al gobierno como el presunto principal agresor contra los defensores y las instituciones más señaladas fueron las fiscalías locales, la Guardia Nacional y la policía estatal.
Gustavo Sánchez Valle, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, comenta la importancia de dejar a un lado la narrativa donde se asocia la corrupción con organizaciones sociales, explica que el gobierno comentó en más de una ocasión que los defensores solo van contra el Estado y sus políticas.
“Una de las cosas en las que se debe poner atención para ayuda a los activistas es dejar de individualizar políticas públicas como Sembrando Vida, en territorios rurales sobre todo, pues no se puede hablar de promover el fortalecimiento de comunidades cuando se individualiza el apoyo”, asegura.
Alejandra Leyva y María Colín coinciden en que a pesar de que en México existe el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación, este tiene fallas innegables pues ser beneficiario de esta política pública no es sinónimo de blindaje ante ataques.
Es el caso de Julián Carrillo, defensor rarámuri de la comunidad Coloradas de la Virgen, Chihuahua, quien fue asesinado en 2018 y al mismo tiempo formaba parte de los activistas que estaban bajo protección del Gobierno federal.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no garantiza que los activistas ambientales no sean blanco de agresiones; es el caso de Julián Carrillo, quien fue asesinado en 2018 a pesar de ser beneficiario de este instrumento
“El mecanismo es necesario pero está rebasado, hay que cuidar que siempre tenga presupuesto, que no falten recursos humanos y que se acepte a todo defensor que lo solicite”, finaliza Leyva.