El derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso han sido violados al exgobernador Jaime Rodríguez, “El Bronco”, acusaron sus abogados a través de un comunicado que circula en redes sociales.
“Se encuentra injustificadamente privado de su libertad y para que esté recluido se le han violado sus derechos, la presunción de inocencia y el debido proceso, que en cualquier Estado de Derecho deben garantizarse a cualquier persona”, cita el comunicado.
La defensa argumenta que el exmandatario está preso por un delito electoral que no amerita prisión preventiva, además de que se trataría de un caso de competencia federal.
“En primer término puntualizamos que originalmente la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León, a sabiendas de que carecía de competencia por fuero, inició e integró una carpeta de investigación contra nuestro representado”, dice el documento.
Dicha Fiscalía, a cargo de Gilberto de Hoyos Koloffon, presuntamente omitió hacer del conocimiento de la investigación al exmandatario como lo establece el nuevo Sistema Penal Acusatorio para que pudiera defenderse, sino que simuló no localizarlo.
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“Para tal efecto, cuando es de sobra conocido su domicilio, y que el exgobernador es fácilmente ubicable, atento a que gozaba de escoltas del propio estado de Nuevo León, por lo que no podía existir la más mínima duda de su ubicación para citarlo sin mayor problema”, dice el comunicado.
Los abogados señalan que el delito por el cual se le acusó no amerita prisión preventiva y que todo fue una maniobra para tener una orden de captura y encarcelarlo con exposición mediática.
“Que un juez de control violando la presunción de inocencia, quien posteriormente se vio obligado a declinar su competencia hacia el fuero federal, a quien desde el inicio le correspondía, en su caso, la investigación y procedimiento judicial de dicho asunto por tratarse de supuestos hechos vinculados a proceso y, sobre todo, le decretaron una desproporcionada, injustificada e indebida medida cautelar de prisión preventiva, cuando ni pasaporte vigente tiene”, señala el documento.
Los abogados señalan que la Fiscalía Anticorrupción y el Poder Judicial pretenden imponer una nueva medida cautelar de prisión preventiva por una carpeta de investigación añeja e improcedente.
