Declara Trife inelegible a Arturo Salinas para ser gobernador interino
Salinas Garza no podrá ejercer el cargo debido a su condición de titular del Poder Judicial; decisión recaerá en el Congreso local, de mayoría opositora
Jorge Eduardo Villagómez AréchigaLuego de una sesión de tres horas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) reiteró la inelegibilidad de Arturo Salinas como gobernador interino de Nuevo León.
Aunque la resolución parece una “victoria” para la administración de Samuel García, el Trife dictaminó también que el puesto deberá ser designado por el Congreso local, de mayoría opositora, antes del próximo 2 de diciembre, fecha en la que inicia de forma oficial la licencia solicitada por el emecista para participar en las elecciones presidenciales de 2024.
Los magistrados señalaron que Salinas, quien hasta hace poco ostentaba la titularidad del Poder Judicial de Nuevo León, está imposibilitado para ejercer el cargo en razón de la división de poderes, esto sin importar que el funcionario haya pedido una licencia antes de su toma de protesta, realizada el pasado 25 de octubre en el Congreso local.
#Boletín | El #TEPJF determina que el Congreso de Nuevo León debe elegir a la persona que ejercerá la gubernatura interina.
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— TEPJF (@TEPJF_informa) November 16, 2023
“No basta con quien encabeza el Poder Judicial local solicite una licencia, por eso se propone revocar la designación del Gobernador Interino en virtud de esta prohibición expresa“, afirmó durante la sesión la Magistrada Janine Otálora.
Serán las comisiones de Gobernación y Asuntos Internos, así como la de Coordinación de Régimen Interno, las encargadas de organizar la designación del gobernador interino al interior del Poder Legislativo considerando las propuestas realizadas por todas las bancadas, incluyendo la de Movimiento Ciudadano.
Apenas el lunes 13 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que tanto la designación de Salinas como la de Javier Navarro, propuesta por el gobernador Samuel García y respaldada por la bancada emecista del Congreso, resultaban anticonstitucionales.
La resolución supone, en principio, una ventaja para la oposición conformada por el PRI y el PAN estatales, quienes ostentan la mayoría en el Congreso local.
