Los órganos reguladores como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), toman decisiones que afectan el día a día de las empresas y los usuarios mexicanos, siempre basados en elementos técnicos establecidos en la ley.
De ahí su importancia de continuar operando en un marco de autonomía, advierte Eduardo Pérez Motta, expresidente de Cofece.
“Hay una falta de aceptación o conocimiento de la esencia de un órgano regulador económico, el área de influencia directa del presidente son las Secretarías de Estado, el Gabinete Económico (…) Los órganos reguladores no son entes políticos, son órganos que lo que hacen es aplicar la ley”, expresa Perez Motta.
El expresidente de la Cofece advierte que el trabajo de diferentes órganos reguladores se ha visto limitado debido al desinterés por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador al proponer perfiles para integrarse a las plazas vacantes.
“Las listas que le llegan, que son limitadas a personas que cumplen con las condiciones técnicas, al parecer no integran a personas que sean de su agrado, conocidas por él y dispuestas a alinearse a sus decisiones y ha decidido no nombrar comisionados, de esa manera se ha limitado la capacidad de decisión de esos órganos”.
La Cofece, por ejemplo, suspendió esta semana el plazo para emitir una resolución en torno a barreras a la competencia en el sistema de pagos con tarjeta de débito para la que se requiere el voto afirmativo de al menos cinco comisionados para resolver este tipo de procedimientos, sin embargo, el órgano sólo cuenta con cuatro de siete integrantes que deben conformar el pleno.
El IFT por su parte tiene dos vacantes en su pleno conformado por siete comisionados.
Desde el inicio de su mandato, López Obrador ha planteado subordinar algunos órganos autónomos a dependencias federales, incluso desaparecerlos bajo el argumento de que “no tienen ninguna función social”.
Diversos especialistas, entre ellos Pérez Motta, han señalado que al no concretar estas medidas habría un efecto en las decisiones de inversión extranjera directa en el país y en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sobre todo si desaparece el IFT.
En el capítulo 18 del acuerdo se establece que cada socio debe garantizar que su organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente.
En el tratado también señala que cada uno de los tres países se asegurará de que su organismo regulador en materia de telecomunicaciones tenga la autoridad para imponer requisitos a un proveedor importante que sean adicionales o diferentes a los requisitos impuestos a otros proveedores en el sector, además de que no se otorgarán tratos favorables a un proveedor de servicios de telecomunicaciones en su territorio.
